La falsificación de documentos en la que incurrió el Gobierno de Coahuila al contraer la mega deuda y la posterior disposición opaca de los recursos obtenidos del modo fraudulento referido, no derivan del proceder aislado ni ocasional de una o varias personas, sino que constituyen un crimen de estado.
Crimen de estado es el que se comete al amparo y desde la cúpula del poder, como parte de la política de un gobierno determinado. En estos casos la operación del Gobierno deviene perniciosa dado su carácter ilícito y por el hecho de que se pone en práctica en contra de los fines que corresponden al Estado y vulneran los valores relativos al bien común, en los que se sustenta la existencia misma de todo estado.
En el caso de Coahuila, la megadeuda contraída bajo el mandato de Humberto Moreira Valdés, lo ubica en el populismo de los nuevos tiempos al estilo la Venezuela de Chávez o la Argentina de Kichner, en los que el líder o familia en el poder, se perpetúan a partir de la disposición ilimitada de recursos económicos que se utilizan para comprar conciencias y sufragios en las elecciones públicas.
La deuda continuó creciendo en tiempos del gobernador substituto Jorge Torres López, siendo legitimada mediante una aprobación integral por parte de la mayoría priista de diputados al Congreso de Coahuila, que determinó el monto del adeudo en treinta y seis mil millones de pesos y permitió su reestructuración bancaria en medio de una opacidad total que se mantiene hasta el día de hoy.
Hoy día, el gobierno de Rubén Moreira mantiene ocultos el manejo y destino de los recursos obtenidos del endeudamiento, y tanto la presunta investigación al respecto, que es obligación incumplida de la Procuraduría de Justicia de Coahuila, como la reciente Comisión de la Verdad integrada al interior del Congreso en la Legislatura actual, sólo han servido de tapadera y manto de impunidad.
La situación referida explica el porqué de las acusaciones al sistema Moreira, en el sentido de que los recursos obtenidos de la megadeuda fueron utilizados para impulsar la carrera de Moreira Humberto a la dirigencia nacional del PRI y la sucesión en Coahuila a favor de su hermano Moreira Rubén, en el año de 2011.
El proceder ilícito no ha dejado de tener consecuencias negativas para los Moreira. Primero la caída estrepitosa de Humberto de la cúspide priista operada desde la misma cúpula, y posteriormente la investigación por lavado de dinero en los Estados Unidos que ha detectado el paradero de una parte de esos recursos en aquel país y en las Islas Bermudas, lo que genera sendos procesos penales en contra del exgobernador substituto Jorge Torres y del exdirector de finanzas Javier Villarreal respectivamente.
El proceso de Javier Villarreal opera en contra de Humberto Moreira. De inicio Villarreal fue detenido en Coahuila y puesto en libertad con una fianza ridícula; se convirtió en prófugo y apareció detenido y extrañamente liberado en los Estados Unidos y la semana pasada se entregó a las autoridades del vecino país para ser internado en una cárcel de San Antonio, Texas. La secuencia de detenciones y liberaciones sucesivas de Javier Villarreal, hace suponer un acuerdo con las autoridades estadounidenses que lo convierte en testigo protegido y coincide con avances intermitentes de la investigación allende el Río Bravo a saber: El descubrimiento de la cuenta bancaria en las Bahamas a nombre de Jorge Torres y la detención por lavado de dinero del empresario Guillermo Flores y su encarcelamiento en la misma ciudad de San Antonio.
Los avances del proceso en Texas y el riesgo de una extradición desde España a Estados Unidos, ofrecen una explicación probable al regreso de Humberto Moreira a México, con el objeto de cobijarse bajo el sistema priista.
En tal escenario reaparece la demanda colectiva de transparentar el destino de los recursos obtenidos con la megadeuda y emerge atinada y pertinente la exigencia del obispo de Saltillo Raúl Vera y de muchos coahuilenses, en el sentido de que el gobierno de Peña Nieto se encuentra obligado a retomar las investigaciones y a exigir la devolución del dinero de Coahuila, que se encuentra en bancos de los Estados Unidos.
