Preocupa. Emilio Álvarez Icaza mostró su preocupación por la realidad del país.
Las ejecuciones cometidas en Tlayaya, en el Estado de México y los crímenes contra estudiantes en Guerrero, "es la derrota del Estado de Derecho" afirmó ayer el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza.
Durante el encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil que se realiza en Puebla, el mexicano Álvarez Icaza señaló que los hechos ocurridos en esos dos estados mexicanos son un grave llamado de atención que merecen una poderosa capacidad de respuesta para atender la impunidad en México.
"El estado no puede combatir el delito cometiendo delitos. Es inaceptable que la venganza desplace a la justicia y no se puede aceptar en una mínima lógica de congruencia democrática lo que está pasando", apuntó.
En el municipio de Tlayaya, en el Estado de México, 22 civiles murieron en un tiroteo con elementos del Ejército Mexicano, de los cuales ocho de ellos fueron ejecutados por tres soldados a pesar de haberse rendido.
El 26 de septiembre en Guerrero, elementos de la Policía municipal de Iguala y miembros del crimen organizado dispararon contra estudiantes de Normal de Ayotzinapa dejando a 6 personas muertas, 25 heridas y 43 desaparecidas.
En el duodécimo encuentro de organizaciones de la sociedad civil, el representante de la CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) criticó el sistema político mexicano donde las organizaciones criminales "se han infiltrado en las instituciones y tienen el control de ellas".
Álvarez Icaza llamó a los partidos políticos a la indignación para comprometerse a que en sus organizaciones no haya delincuentes y dejen de postular candidatos o funcionarios que vengan financiados por el narcotráfico.
"Es la hora en que los partidos políticos no se comprometen de manera decidida y contundente. No veo los focos prendidos para eso; no veo el tamaño de la indignación para que digan: vamos a tomar medidas radicales para garantizar que eso no suceda".
La CIDH, la Unión Europea, los relatores de la Organización de las Naciones Unidas, ven con "extrema gravedad" los sucesos en Guerrero y el Estado de México, porque no es la primera vez que la fuerza pública atenta contra la sociedad civil, añadió Álvarez.
"Seguiremos insistiendo en la justicia, la atención a las víctimas y a la no repetición", dijo.
Afirmó que para la CIDH, el gobierno de México "se juega su credibilidad en términos de su compromiso con la realidad cotidiana.
"De hacer caso a las recomendaciones y no dejar impune estos dos hechos".
Álvarez Icaza pidió a los gobiernos de los estados mexicanos a aceptar con responsabilidad los sucesos violentos que han ocurrido y a legislar sobre el uso de la fuerza pública, capacitar a las policías y aplicar mecanismos eficientes para no abusar del poder contra los civiles.
