La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) califica como anticonstitucional y violatoria de los derechos humanos la publicación del listado de contribuyentes morosos que realizó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Derivado de la Reforma Hacendaria, se modificó el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, estableciéndose excepciones a la reserva fiscal, lo que permitió que se diera a conocer el nombre, razón social y RFC de los contribuyentes incumplidos que tengan créditos fiscales firmes, créditos fiscales que no han pagado o no han sido garantizados, que no sea posible localizarlos en su domicilio fiscal, que tengan sentencia condenatoria por haber cometido un delito fiscal o que se les haya cancelado o condonado algún adeudo fiscal.
Mediante un comunicado, la Prodecon advierte que “la forma en que el SAT está llevando a cabo esta nueva facultad no es la que constitucionalmente corresponde”.
Argumenta que no puede ejercer esta nueva facultad si no lo hace con estricto apego y respeto a los derechos humanos, pues la reforma no contempla que el derecho de audiencia de los contribuyentes afectados deba concederse de manera previa.
“Determinar si una persona física o bien una sociedad o persona moral debe aparecer en el listado, es un acto de molestia que debe constar en una resolución escrita donde aparezca el fundamento legal y los motivos por los que la autoridad competente determinó que ese contribuyente en específico debía aparecer en la lista”, dice la Prodecon.
En este sentido, indica que, dado que se difirió la entrada en vigor del buzón tributario hasta el 1 de julio del presente año para las empresas morales y hasta el 1 de enero del próximo año para las personas físicas, el SAT está obligado a notificar de inmediato a las personas que aparecen en la lista la resolución que determine el porqué de su inclusión en la misma.
“No basta con que el SAT manifieste que los contribuyentes pueden acudir, como lo prevé el nuevo artículo 69, a aclarar su situación ante el propio SAT o bien a través de su portal electrónico, pues esa aclaración será muy difícil de llevarse a cabo si, a quien figura en la lista, no se le han dado a conocer los fundamentos y motivos del porqué aparece ahí”, expone Prodecon.
En la lista “negra” del SAT aparecen los nombres de algunos políticos de Coahuila, como el diputado local Antonio Juan Marcos Villarreal, quien está en el listado de créditos firmes, mientras que en los no localizados se encuentra Armando Luna Canales, secretario de Gobierno; Rogelio Montemayor Seguy, exgobernador de Coahuila; Jericó Abramo Masso, exalcalde de Saltillo, y Luz Natalia Virgil Orona, exsíndica de Torreón.
