La confianza ciudadana es uno de los activos principales de los gobiernos. Y la aduana principal por la que pasa esa confianza es la transparencia. La sociedad, que con sus contribuciones vía impuestos financia el funcionamiento de los gobiernos, debe tener la certeza de que los recursos del erario sean utilizados con probidad y que en la acción de los gobernantes predomine el bien público sobre el privado.
Las dudas que han surgido en el manejo de la nómina de las administraciones municipales de Torreón y Gómez Palacio nada abonan en la construcción de esa confianza. En el primer caso, se ha evidenciado en este medio de comunicación la existencia de familiares de funcionarios de primer nivel, incluso, en relación directa en un mismo departamento. Además, hasta ahora no se conoce la totalidad de los empleados del ayuntamiento encabezado por Miguel Riquelme, puesto que la lista de personas que trabajan por honorarios permanece oculta. Cabe mencionar que en este último punto existe el compromiso de la Tesorería Municipal de publicar a partir del 5 de mayo dicha nómina, compromiso al que la sociedad debe dar seguimiento para que se cumpla.
En el caso de Gómez Palacio, la situación es peor, ya que el ayuntamiento que dirige José Miguel Campillo, no ha hecho pública la lista nominal de trabajadores y funcionarios municipales. El argumento que da el alcalde es que por temor a la delincuencia y para proteger a los empleados no se ha dado a conocer quiénes y con qué percepciones laboran para el gobierno local. Sin embargo, este incumplimiento representa una violación a la ley estatal de transparencia que contempla que todos los ayuntamientos, así como el gobierno estatal, deben poner a disposición de la ciudadanía la información sobre la remuneración mensual por puesto de cada empleado.
A lo anterior hay que sumar, en el caso de Torreón, los dictámenes que ha emitido el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información contra el ayuntamiento por no responder a solicitudes hechas por ciudadanos que pretenden conocer datos de la actual y la pasada administración respecto a planes, obras y cuestiones financieras.
En este sentido, ambos gobiernos, que están en la primera parte de su gestión, se encuentran aún en tiempo de enmendar el camino y dejar en claro lo que en el discurso defienden: que trabajan para servir a la ciudadanía y no para servirse de ella.
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