En este mismo espacio, se ha dejado constancia de la actividad legislativa que ha tenido el gobernador Rubén Moreira Valdez en el ejercicio de sus funciones.
Diferentes reformas a las leyes estatales ha promovido el mandatario, incluso leyes polémicas, como la que se refiere al trato que se le debe dar a los desaparecidos en el estado, particularmente cuando Moreira Valdez decidió indilgar a los empleadores, la carga de pagar un salario a una persona que sea legalmente declarada por desaparecida hasta que aparezca o se dé legalmente por muerta, lo que en la práctica puede constituir que una empresa tenga que pagar un salario por años.
En la parte del derecho familiar, el gobernador Moreira ha sido también muy activo. Creó la figura del Pacto de Solidaridad donde permite a parejas del mismo sexo incluso a firmar un contrato en donde el estado les reconoce derechos y obligaciones. Luego, impulsó la figura de divorcio incausado, que fundamentalmente facilita la disolución del vínculo matrimonial en lo que se refiere expresamente a la liga entre los esposos.
Una de sus últimas novedades en materia legislativa fue la reforma a la institución del matrimonio en Coahuila, donde la modificación permite que dos personas del mismo sexo puedan casarse, y con ello, permitir que estos matrimonios homosexuales puedan tener la posibilidad de adoptar a menores en igualdad de circunstancias que un matrimonio heterosexual.
Estos son sólo algunos ejemplos que dejan en claro que al señor gobernador, quien tiene en su formación académica la licenciatura de derecho, ha puesto interés en el entramado jurídico en el que se rige el estado de Coahuila, lo cual está en todo su derecho, pues es una de sus potestades jurídicas.
Su último lance en este tema, es que le ha ordenado a su sumiso Congreso que modifique el Código Penal del Estado para que tipifique como delito a aquel que produzca, trafique o porte placas y/o engomados de asociaciones con el fin de la circulación de vehículos.
Es este un lance osado del gobernador ha decidido dotar plenamente a las autoridades locales de facultades punitivas para todas aquellas unidades que porten este tipo de placas.
Tan es así que las reacciones no se han hecho esperar como es el caso de José Guadalupe Barrios, líder de la Organización Nacional para la Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa) que lanzó acusaciones contra los legisladores que votaron esta ley llamándolos mercenarios del gobernador, quien fue enfático al señalar que esta medida "afecta a miles de familias que usamos este tipo de vehículos como herramienta de trabajo, ya que con los minisalarios y el desempleo no nos permiten comprar carros de agencia. Son medidas de la época porfiriana".
Agregó Barrios acerca de los políticos en cuestión que éstos "cuando solicitaron nuestros votos no les importó que tuviéramos unidades de procedencia extranjera. Ahora se vuelven defensores de los dueños de armadoras automotrices, de los empresarios, de ahí viene todo esto".
Ciertamente es un tema delicado esto de los vehículos denominados chocolates, que en su inmensa mayoría son vehículos con varios años de antigüedad que el mercado de los Estados Unidos prácticamente desecha, por lo que el precio para adquirirlos se vuelve asequible para una gran porción de la población que no podría costear un vehículo en el mercado nacional.
El problema es que estos autos son introducidos mayormente de manera ilegal a México, constituyendo el delito de contrabando, que es del orden federal.
Al no contar con papeles en regla, estos autos simplemente no pueden obtener sus placas, por ello nacieron estas organizaciones que bajo el argumento social, expiden láminas que a todas luces constituyen un delito en sí.
Además de esta problemática, la proliferación de todas estas unidades que portan este tipo de distintivos, son muchas veces herramientas para la comisión de delitos, ya que según declaraciones del secretario general de Gobierno, Armando Luna, hasta un 80 por ciento de los delitos se comete en autos sin placas o que portan placas no oficiales.
Controversial y valiente ha sido en esta decisión, porque ciertamente afectará a mucha gente que realmente con el fruto de su trabajo y esfuerzo se hace de un patrimonio como este tipo de carros. Pero aun así, eso no les da derecho a no portar placas. Desde hace algunos años es legal importar vehículos con una antigüedad de más de diez años (incluso es posible que ahora se permita hasta modelos más recientes) así que cualquiera puede ir a los Estados Unidos, comprar un vehículo usado e importarlo legalmente. Con los documentos que de esa acción deriven se puede perfectamente obtener placas legales, que es lo justo, todos los vehículos que circulen deben estar debidamente identificados para seguridad de todos.
Sin embargo, siempre hay un prietito en el arroz. Si bien es plausible la medida de convertir en delito el portar placas falsas, porque eso obliga a todos a ser tratados por igual, en Coahuila se sigue cobrando la tenencia vehicular, que es una acción totalmente recaudatoria.
Vivir en La Laguna tiene sus ventajas, como tener la posibilidad de plaquear por el estado de Durango, donde no se cobra ese impuesto. La realidad es que la diferencia en la situación financiera de los estados en donde está la Comarca Lagunera, a veces da este tipo de oportunidades, Durango humilde y con sus cosas, no abusa cobrando por las láminas, Coahuila, con su megadeuda sí. Eso resta lo encomiable que ahora en territorio coahuilense todos quienes tengamos un carro, debemos estar plenamente identificados.
