Justo una semana atrás, en diversas partes del estado de Coahuila se ordenó un operativo de revisión de vehículos que circularan sin placas o bien, con láminas vencidas.
La sanción en la comisión de cualquiera de los dos supuestos ha sido el retiro de la circulación de las unidades automotrices que cayeran en el supuesto.
La instrucción fue dictada directamente por el gobernador del estado, licenciado Rubén Moreira Valdez de que se llevaran a cabo estas acciones que a la fecha, solamente en lo que respecta a Torreón, han ameritado que los muebles que cayeron en alguno de los dos supuestos anteriores, fueran enviados al corralón.
En principio de cuentas, habrá que decir que no hay nada más equitativo que a quienes no cumplan con el pago de tenencia en territorio coahuilense, les sea sancionado, ya que existimos otros tantos miles de ciudadanos que sí cumplimos con esa imposición del orden local.
Hay que recordar que Felipe Calderón en su campaña electoral de 2006, prometió la eliminación del dichoso impuesto de tenencia vehicular, pero en el transcurso de su mandato cumplió a medias esta disposición, ya que dejó en manos de los Estados la decisión de seguir aplicando el gravamen.
En La Laguna, que es una zona misma, basta irse a Gómez Palacio o Lerdo con un recibo que demuestre su residencia en algún domicilio para verse eximido de cumplir con tan doloroso impuesto, ya que el gobernador Herrera Caldera atendió una promesa de su campaña y en Durango ciertamente no se paga tenencia. En Coahuila, recordando que las arcas fueron saqueadas durante los gobiernos de Humberto Moreira y Jorge Torres, le dejaron poco margen de maniobra financiero y por ello don Rubén optó por seguir cobrándoles a los coahuilenses, por obvias razones, la dichosa tenencia. Qué suerte para los laguneros duranguenses en esta ocasión, a ellos su gobierno no los sangra por ese concepto.
Así que desde el punto de vista recaudatorio, el retiro de quienes no porten en sus unidades las placas respectivas o circulen con vencidas, no es incorrecto, está siendo en apego a la normativa, la cual señala por principio general que las leyes deben ser de aplicación general.
Incluso, el argumento que esgrime el gobernador Moreira para haber tomado la decisión de retirar de la circulación a los que no estén en cumplimiento de las normas correspondientes, se sustenta más en un sentido de seguridad que meramente recaudatorio. El mandatario señala con precisión que el 80 por ciento de los delitos se comete utilizando vehículos que no portan placas o bien utilizan sobrepuestas. Es incluso cuidadoso al hacer énfasis en que no todos los que circulan sin placas son o pueden ser delincuentes, pero es inobjetable que los criminales usan carros sin placas mayormente en la comisión de sus fechorías.
Hasta ahí se puede decir que incluso la determinación de Rubén Moreira fue valiente y responsable, y que inobjetablemente está realizando acciones para regresarle la paz al estado, porque aun con graves problemas de delincuencia común, que es más imputable a la función de la Policía municipal, los delitos de alto impacto han ido disminuyendo. Con pantalones, Rubén Moreira hizo clausurar los yonkes en el estado aludiendo que eran sitios que contribuían de alguna forma a la generación de la delincuencia. Con más determinación aún, confrontó a los casinos establecidos y los hizo cerrar, sabiendo que eran pieza importante de manera directa o indirecta en el andamiaje de la criminalidad.
Sin embargo, el operativo es absolutamente abusivo e injusto en su conjunto, ya que el gobernador dio instrucciones para que todos los carros con placas de organizaciones sociales como Onappafa y anexas, no fueran molestados. ¡Qué terrible arbitrariedad! ¿Cómo puede haber ordenado así las cosas Moreira? Siendo el abogado consumado que es, sabe que está aplastando varios principios de derecho y que está siendo hasta tirano al sancionar a unos sí, pero a otros no. Y lo peor es la causa: las elecciones próximas para renovar el Congreso local.
Las organizaciones que expiden placas para vehículos importados de manera ilegal tienen capacidad de organizarse y trastornar la estructura electoral del PRI Gobierno, así que por un lado el gobernador es parcialmente valiente, ya que por un lado aplica el operativo para ordenar el asunto de las placas, y con ello a través del orden seguir construyendo la paz que nos ha sido arrancada, pero por el otro lado lo hace protegiendo a esas redes clientelares que también controlan los "onapafos".
Por supuesto que la necesidad y carestía propiciaron el ingreso de vehículos casi de desecho para los estadounidenses y que acá dan servicio a miles de familias. Qué bueno que ahora se pueden regularizar casi todos y que se ha legislado para ello, por lo que ya no hay tanto pretexto para seguir portando esas placas "patito" más que para no pagar el plaqueado legal. Declarar que "ya habrá tiempo para detener" a aquellos que tengan placas apócrifas como los son las expedidas por estas organizaciones, aludiendo leyes aduaneras, no le quita un ápice a la tremenda injusticia que se está cometiendo, aun en aras de la seguridad, porque cometer delitos en un carro sin placas o en uno con unas de Onappafa, es exactamente lo mismo. Qué pena que algo tan importante como haberse decidido a realizar estas acciones del retiro de circulación, lo haya echado a perder y deslegitimado, por el siempre presente tema partidista. Ojalá que por un asunto de justicia y al mismo tiempo de continuar enfrentando a la delincuencia, el gobernador deje de tratar a unos ciudadanos como de primera y a otros de como de segunda, y dé el trato igualitario a que por ley todos tenemos ante el Estado.
