Torreón tiene el privilegio de que una parte de su territorio, 60,450 ha, cerca del 45% de su superficie, albergue una importante riqueza ecosistémica y biológica donde se ha identificado la mitad de los inventarios de flora y fauna silvestre de la Comarca Lagunera, razón por la cual el Cabildo de este municipio le declaró el 27 de junio de 2003 como la primera reserva ecológica municipal del país, acuerdo que también en ese momento constituyó una decisión trascendental para la sustentabilidad de su desarrollo, de manera congruente con el Convenio de Diversidad Biológica y la Agenda 21 Local que México suscribió en 1992, en el marco de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro.
A pesar de lo sinuoso que ha resultado desde su origen la gestión de este espacio protegido, desde la controversia surgida con la empresa que extraía ilegalmente plantas para decorar el paisaje de un desarrollo urbanístico, y otros entre los que destaca aquél que implicó, con otra decisión también trascendental, la ciudadanización de esa gestión mediante la transferencia de la administración a dos asociaciones civiles, Biodesert en 2006 y Fundación Jimulco desde 2009, en una relación no siempre tersa entre los actores involucrados.
Frente a estos antecedentes, destaca que hace unos días el Cabildo de Torreón tomó dos acuerdos que podríamos calificar como vanguardistas para el municipio en materia ambiental: uno de ellos consiste en ratificar la colaboración con Fundación Jimulco para que ésta continúe ejerciendo la administración de la Reserva Ecológica Sierra y Cañón de Jimulco, y el otro de involucrarse en el esquema de fondos concurrentes de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para el pago de servicios ambientales por conservación de biodiversidad en una superficie dentro de esta área natural protegida.
En el primero de ellos, debe resaltarse los términos contenidos en el convenio que firman el Ayuntamiento y la Fundación Jimulco, donde no sólo se ratifica la responsabilidad que ésta asume para continuar gestionando la reserva ecológica y la asignación de fondos que le permitan cumplir esa función, sino el reconocimiento explícito de que la colaboración institucional se basa en un esquema de gobernanza ambiental que promueve una sinergia entre un gobierno local con un organismo civil para la gestión de un área natural protegida.
Tal determinación es vanguardista porque se asume, institucionalmente, la participación ciudadana como un ejercicio de gobernanza, algo poco común en nuestro país donde predominan esquemas corporativos, a la vez de novedoso en este ámbito, ya que si bien existen antecedentes de organismos civiles que administraron áreas naturales protegidas federales antes de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) concentrara esa función, o de áreas naturales protegidas de carácter estatal que aún son gestionadas por organismos civiles como el Cañón de Fernández de Lerdo, por ProdeNazas, y Zapalinamé en Saltillo por Profauna, éste sería el primer caso a nivel municipal y con ese reconocimiento explícito.
El otro acuerdo consiste en que el gobierno municipal apoya comprometiendo fondos públicos de los ciudadanos de Torreón en el pago de servicios ambientales a una comunidad rural de la reserva ecológica, Barreal de Guadalupe, para que protejan y conserven sitios como los relices del Cañón de la Cabeza por el que atraviesa el Río Aguanaval y el Cerro de la Viga, donde habita la noa (Agave victoria reginae), especie que de acuerdo con la norma oficial mexicana y los listados de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza se encuentra en peligro de extinción.
La participación municipal se encuadra en un programa de la CONAFOR de pago de servicios ambientales en el concepto de conservación de biodiversidad mediante fondos concurrentes, donde cada parte, el municipio y este organismo federal, se aporta la mitad de los recursos durante cinco años, la cual favorece la conservación de las especies ubicadas en las dos mil hectáreas consideradas en el programa, así como a la población de esta comunidad que desde 2003 se ha comprometido con el cuidado de los terrenos que les pertenecen, equivalentes a una sexta parte del polígono que comprende la reserva ecológica.
Vale la pena mencionar lo anterior y definir como vanguardistas los acuerdos tomados por el gobierno municipal, por el Cabildo y el alcalde, a la vez de reconocer la tenacidad de Eduardo Moreno, director de la reserva ecológica, y Aurelio Cortinas, comisariado ejidal de Barreal de Guadalupe, promotores originales de esta iniciativa, así como del apoyo que otorgaron Susana Estens desde la dirección de medio ambiente, y el regidor Pedro Rodríguez que preside la Comisión de Ecología.
Esperemos que este momento, a unos días de cumplirse once años desde la declaratoria de Jimulco como espacio protegido, sea un punto de inflexión que posibilite un cambio en el sinuoso proceso de gestión que ha tenido, que éste ahora se base en la relación respetuosa entre la diversidad de actores sociales e institucionales involucrados, conjuntados en el propósito común de asegurar la conservación de la naturaleza y promover el desarrollo social de la población residente en el área, dos condiciones que a su vez significan caminar por la ruta de la sustentabilidad a nivel municipal y regional.
