Organismos civiles de Estados Unidos expresaron hoy su alarma ante el “inaceptable uso de fuerza” contra manifestantes en el suburbio de Ferguson, estado de Misuri, así como ante el acoso a medios de comunicación que cubren las protestas.
La reacción de los organismos ocurre luego de cuatro días de protestas en dicho sitio, donde el fin de semana pasado fue asesinado por la policía Michael Brown, un adolescente afroamericano desarmado.
La policía ha usado tanto balas de goma como gas lacrimógeno para dispersar las manifestaciones, lo que de acuerdo con estándares internacionales debe emplearse como último recurso para controlar multitudes y sólo como medio de proteger a personas en peligro.
Amnistía Internacional (AI) denunció que la policía ha empleado “tácticas de mano dura” para dispersar a los manifestantes, por lo que exigió al gobierno una investigación imparcial e independiente de los hechos que han causado el arresto de al menos 10 personas.
Erika Guevara Rosas, directora de AI para América, expresó que “cualquier policía sospechoso de haber cometido actos ilegales debe ser llamado a rendir cuentas mediante una investigación efectiva y, cuando se justifique, con su procesamiento legal”.
Apuntó que “resulta inaceptable que la policía use fuerza excesiva” contra manifestantes, a quienes debe permitirse ejercer su derecho a la libre expresión, y que los actos de la autoridad deben estar en conformidad con la constitución estadounidense y los estándares internacionales.
Por su parte, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, siglas en inglés) declaró su alarma ante los arrestos y el acoso sufrido por los reporteros que han cubierto durante la semana las protestas en Ferguson.
Denunció que dos periodistas fueron detenidos brevemente el miércoles, y luego liberados sin cargos, en tanto otro fue atacado, de acuerdo con informes, con balas de goma y gas lacrimógeno.
Asimismo, al menos un periodista más ha sido intimidado y agredido por residentes locales, según informes recabados por el CPJ.
“Los periodistas tienen el derecho de trabajar libremente en las calles de cualquier ciudad estadounidense, y las autoridades de Ferguson tienen el deber de asegurar que también ahí lo puedan hacer”, sostuvo Robert Mahoney, subdirector de CPJ.
