Los políticos mexicanos piensan que todo problema se resuelve enmendando las leyes o, mejor aún, la Constitución. Por eso no sorprende que ante los bloqueos constantes de calles y carreteras en el país los diputados hayan decidido aprobar una enmienda al artículo 11 de la Constitución.
El artículo 11 es el que actualmente señala que toda persona tiene derecho a viajar por el territorio nacional "sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros documentos semejantes". La nueva redacción, en caso de que el artículo pase por todo el proceso de aprobación, incluiría la frase: "El Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad."
Esta adición al artículo constitucional fue aprobada con el voto de 292 diputados, pero la rechazaron 100 diputados del PRD, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Los legisladores de izquierda dijeron que ven la iniciativa como una propuesta para reprimir las movilizaciones y los bloqueos de vías de comunicación que se han convertido en un arma política, pero en una pesadilla cotidiana para millones de mexicanos.
En realidad la enmienda simplemente garantizaría "a toda persona" el derecho a la "movilidad universal". El que en México "toda persona" pueda tener el derecho a usar las vías de comunicación es, paradójicamente, inaceptable a quienes se dicen progresistas. Estamos acostumbrados a que en nuestro país los políticos y los activistas tengan derechos más amplios que los ciudadanos comunes y corrientes. Quien asiste a una movilización política tiene, por usos y costumbres, un trato muy distinto al de cualquier persona. Si un ciudadano se roba un autobús de transporte público, por ejemplo, es sancionado en caso de que se le detenga, pero cuando un manifestante lo hace se dice que está ejerciendo su derecho a protestar y por lo tanto no se le castiga.
A pesar de que yo pienso que todos los mexicanos deberíamos de ser iguales ante la ley, y coincido por lo tanto filosóficamente con la enmienda del artículo 11, estoy convencido de que las leyes que tenemos ya defienden el derecho de libre tránsito de los mexicanos. En éste, como en tantos otros casos, el problema no es de falta de leyes sino más bien de su falta de aplicación.
A México no le faltan leyes. Si acaso podemos decir que tenemos un exceso. El jurista Diego Valadés me comentaba en una ocasión que la Constitución de 1857 tenía unas 9 mil palabras y la de 1917 alcanzaba las 20 mil palabras, pero en la actualidad la Constitución ya acumula unas 40 mil palabras. El que haya más palabras no garantiza calidad. La de 1857 fue seguramente nuestra mejor Constitución.
El artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación ya define una sanción de tres meses a siete años de cárcel, así como multas de 100 a 500 veces el salario mínimo, a quienes "dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte… o total o parcialmente interrumpan o deterioren los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte".
No hay que añadir una enmienda a las cientos que ya existen en la Constitución para dar igualdad a los ciudadanos frente a los políticos en el uso de las vías de comunicación. Sería cuestión simplemente de aplicar la ley. Pero si el gobierno no se atreve a hacer cumplir el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, ¿por qué habría de aplicar el nuevo artículo undécimo constitucional y la Ley General de Movilidad que se legislaría posteriormente?
IMPUESTOS FALLIDOS
El aumento al impuesto especial a los refrescos ha costado 5 mil empleos y le dio mucho dinero al gobierno, pero no ayudó a combatir el sobrepeso y la obesidad. Esto dice la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac). Subir impuestos en este 2014 parece no haber ayudado a nadie más que un gobierno despilfarrador.
Twitter: @SergioSarmiento
