El año 2014 agoniza y deja tras de sí una serie de desafíos que se perfilan en los distintos niveles de gobierno de la República para el año 2015 que está por nacer.
A nivel nacional, uno de los grandes rezagos tiene que ver la creación de un sistema anticorrupción que fue promesa de campaña del presidente Enrique Peña Nieto. A la luz de lo observado en los últimos años -corrupción en gobiernos estatales, colusión de alcaldes con el crimen organizado, escándalos por contratos en la propia Presidencia de la República- el modelo de contralorías y secretarías de la Función Pública ha sido rebasado. Uno de sus principales problemas radica en que dichas oficinas se encuentran subordinadas en el organigrama de los gobiernos, lo cual impide un actuar independiente. En el ejercicio de vigilancia y rendición cuentas, los poderes ejecutivos federal, estatales y municipales terminan siendo juez y parte.
En este sentido, también es necesario impulsar una verdadera reforma del estado. La aprobada a finales del sexenio pasado y principios de éste sólo alcanzó a ser una reforma político electoral que resulta a todas luces insuficiente ante la magnitud de los retos y amenazas que enfrenta la República. Hoy más que nunca es urgente el fortalecimiento de primer nivel de administración pública, los ayuntamientos, con mayor representación de la ciudadanía y mejores esquemas de participación y rendición de cuentas. Así mismo, se requiere que en los estados existan auténticas instituciones de contrapeso para acotar el poder discrecional de los gobernadores, no desde el centro, como algunos plantean, sino desde las propias entidades, bajo el esquema de un sano federalismo bien entendido y estructurado.
También es necesaria una revisión de los procedimientos del Congreso de la Unión para que éste en realidad responda a los intereses de los representados y no sólo a los intereses de los partidos políticos. El divorcio entre la llamada clase política y la sociedad en general ha propiciado una disminución de la credibilidad de las instituciones democráticas y, en consecuencia, su atrofia.
En el ámbito estatal, Coahuila y Durango comparten el reto de mejorar el equilibrio en la inversión pública y privada para que la prosperidad que se ha observado en las capitales alcance a todas las regiones. El caso del rezago de la Comarca Lagunera frente a Saltillo y Durango Capital es un claro ejemplo de la necesidad en este tenor. Y en la cuestión de seguridad, si bien se ha registrado una disminución en los delitos de alto impacto, falta mucho aún para fortalecer la seguridad desde un aspecto más integral que garantice que la violencia vivida a finales de la década pasada y principios de ésta no se vuelva a presentar. En el caso particular de Coahuila, dos temas siguen pendientes: la aclaración del destino de la deuda de 41,000 millones de pesos y el esclarecimiento del caso Allende y los cientos de desapariciones forzadas. En este último punto, Durango no ha mostrado visos de querer entrarle al problema.
A nivel regional, las ciudades metropolitanas de la comarca han logrado algunos avances en materia de homologación de reglamentos. No obstante, a la hora de hablar de proyectos regionales -como Metrobús, Metroparque y bulevar Laguna- la falta de coordinación sigue siendo la constante. Otro desafío de los municipios laguneros es el mejoramiento de los servicios públicos y la imagen urbana, así como el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. Al respecto, Gómez Palacio y Lerdo no han logrado concretar la refundación de sus policías y Torreón aún presenta un déficit en número de elementos. La mejora de la atención de las corporaciones es también un reto general con miras a eliminar los abusos de autoridad y el mal proceder de los agentes. Y no podemos dejar de lado un asunto que afecta a toda la región: la sobreexplotación del manto acuífero Principal, problema que no ha sido resuelto a pesar de todos los esfuerzos de sociedad civil, gobierno e iniciativa privada.
Un factor que determinará el éxito o fracaso al enfrentar estos reto será el nivel de participación que tenga la ciudadanía en la construcción de soluciones y en la vigilancia del desempeño de las autoridades. Y este, por sí mismo, es quizás el desafío más grande. Feliz año 2015.
