La administración del presidente de México, Enrique Peña Nieto ha llegado a un punto crítico. La desaparición forzada de 43 normalistas perpetrada, según las investigaciones, por policías municipales coludidos y al servicio del crimen organizado, ha enfurecido a miles de personas. Pero no es el único caso, aunque sí el más visible.
Para algunos, lo ocurrido en Iguala no tiene precedentes. Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, aseguró recientemente que la desaparición de los 43 normalistas es de extrema gravedad y que en los cuatro años que tiene como funcionario internacional nunca recibió un caso donde hayan desaparecido tantas personas. Pero en el país existe registro de otras desapariciones masivas que terminaron en masacres. Por ejemplo, hace 3 años, en Allende, Coahuila, desaparecieron decenas de personas -algunas versiones hablan de cientos-, pero el asunto no tomó ni ha tomado la relevancia del caso Ayotzinapa. Se habla de más de 25 mil casos en todo el país desde la administración de Felipe Calderón.
Sin embargo, a Dulitzky no le sobra razón cuando dice que el principal reto para el país es terminar con la impunidad. “Tanto la procuración como la administración de justicia no tienen capacitación y capacidad” para tratar asuntos complicados, donde se entrecruzan el crimen organizado, la corrupción y el actuar de las fuerzas del orden, según comenta. Y ante este panorama exhortó al Congreso de la Unión y en particular a la Cámara de Diputados a crear las leyes adecuadas en la materia y diseñar un Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, elaborar una Base Nacional de Datos Genéticos e impulsar un Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Estas declaraciones de un alto funcionario de la ONU reflejan la dimensión que en el mundo se tiene de este caso. El ministro Arturo Zaldívar, a nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció que “en el país hay un panorama aciago, en el que la zozobra y la desesperanza parecen ganar terreno, pero la adversidad es ocasión de virtud y las instituciones deben responder con renovado compromiso”. Sin duda, todas las instituciones nacionales se han visto rebasadas por el grave problema de las desapariciones. Y la opinión pública internacional lo sabe.
Hace unos días la revista The Economist publicó que la situación en México ha ido “de mal en peor”, con un Estado sumido en “la inacción”, con el presidente Enrique Peña Nieto obligado a demostrar que su gestión es capaz de luchar contra la corrupción, a garantizar la independencia de la justicia y trabajar por un nuevo pacto federalista. “La gente del señor (presidente Enrique) Peña dice, con razón, que el Estado de Derecho no puede imponerse en México de la noche a la mañana. Pero eso no es excusa para la inacción”, asesta The Economist.
La publicación considera que “para salvar a su prometedora presidencia, Enrique Peña Nieto tiene que combatir el crimen y la corrupción”, pero esto tendrá que ser un remar contracorriente, ya que los acontecimientos en Iguala han aumentado los índices de rechazo hacia su gobierno.
El gran desafío que presenta el caso Ayotzinapa es que el Estado mexicano no sólo está obligado a resolverlo y resarcir en la medida de lo posible el daño a las familias afectadas, sino que debe considerarlo como el comienzo para esclarecer los miles de casos más de desapariciones forzadas que hasta hoy se mantenían en el olvido.
El fenómeno de las desapariciones forzadas es un asunto que deja una profunda herida en la sociedad, desnuda las debilidades del sistema y representa un grave riesgo para la viabilidad democrática y el estado de derecho. También es caldo de cultivo para aquellos que ven en el fracaso de un gobierno, de cualquiera, materia para su propio beneficio.