Aunque oficialmente los cargos contra el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, apuntan a defraudación fiscal y lavado de dinero, la Auditoría Superior de la Federación le imputa el desvío a su causa de partidas millonarias destinadas al Seguro Popular.
La acción, de acuerdo a la instancia, se generalizó en al menos un tercio de las entidades federativas del país, aprovechando un esquema laxo que permitían su uso discrecional por parte de los gobernadores.
De 51 mil 855 millones de pesos que se derramaron en 2012 para infraestructura, compra de medicamentos, equipamiento y demás etcéteras, 19 mil 828 se destinaron a otros fines o fueron utilizados en forma irregular.
Los parientes del virrey, por ejemplo, pudieron atenderse en hospitales de lujo en la magia de la posibilidad de subrogación; las medicinas se adquirieron a precios de oro, y en lugar de hospitales los recursos se canalizaron a gasto corriente.
Crimen, pues, contra los pobres más pobres.
El función de tapar el pozo frente al presupuesto saqueado, mujeres que dan a luz en los baños de la sala de espera o en los pretiles de puertas cerradas de hospitales de beneficencia, el Senado acaba de aprobar una serie de reformas y adiciones a la Ley General de Salud, en relación al Seguro Popular.
La minuta, corregida y aumentada tras su aprobación por la Cámara de Diputados, le cierra la puerta a los excesos frente al arca abierta en la utopía del seguro universal.
Su aprobación por una mayoría abrumadora de senadores -de 110 presentes, 108 le dieron el sí-, tardó 5 meses ante la presión subterránea de gobernadores que habían visto en la laxitud y la falta de rendición de cuentas una mina de oro.
Las nuevas reglas le rompen la escenografía al saqueo.
De entrada, por ejemplo, se faculta a la Secretaría de Salud para establecer precios de referencia a los que se deberán sujetar las entidades federativas que reciban recursos para la compra de medicamentos.
Más allá, se faculta a los Regímenes Estatales de Protección Social o Salud para financiar y coordinar "eficiente, oportuna y sistemáticamente" la prestación de servicios de salud, así como verificar que se provean éstos de manera integral, incluidos medicamentos y demás insumos.
Como usted sabe, aunque la posibilidad del Seguro Popular apunta hacia la infraestructura del Seguro Social, la mayor parte de la atención médica debe darse en hospitales locales a cargo de las Secretarías de Salud de las entidades federativas.
El presupuesto apunta a mejorarlos, ampliarlos y, desde luego, multiplicarlos.
La obligación habla de calificar el desempeño de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, incluyendo lo referentes al mantenimiento y desarrollo de infraestructura y equipamiento.
El nuevo marco que ratificará la Cámara de Diputados plantea también precisar la responsabilidad del Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas en la coordinación, planeación, cooperación y fiscalización de las acciones en la materia.
La obligación de las entidades federativas será ubicar como mínimo los servicios de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría.
En el escenario de la discrecionalidad, los gobernadores venales garantizaban la opacidad en el destino de los recursos vía la expedición de leyes locales en favor de la "soberanía" estatal, frente a la injerencia "asfixiante" del centro.
La barrera, acompañada de marchas de acarreados a favor de la "dignidad" de la entidad, impedía la rendición de cuentas.
En el escenario, ni la Función Pública ni la Auditoría Superior de la Federación tenían certeza del manejo integral de los recursos, por más que se logró detectar absurdos como el etiquetar los recursos federales en el presupuesto corriente de los servicios de salud, es decir el pago de nómina… y a veces la de otras instancias estatales.
Digamos que en el mejor de los casos el recurso servía para tapar boquetes, por más que parte se canalizó a compras infladas, con comisión al calce.
¿Más vale tarde…?
BALANCE GENERAL
En un round más de su pleito contra el magnate Carlos Slim, la Telefónica México encabezada por el exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, está pidiendo la desincorporación de los activos de América Móvil, la matriz de Teléfonos de México y Telcel, por incumplir con la regulación derivada de su declaración de predominante.
La posibilidad, sin embargo, se estrella ante la ausencia de leyes secundarias que condensen en la práctica el espíritu de la reforma en telecomunicaciones.
Como usted sabe, ésta prevé que en caso de rebeldía de una firma ubicada como hegemónica se proceda a exigir la venta de parte de su infraestructura.
La filial en México de la Telefónica de España acusa a las firmas de mantener intacto el escenario, es decir seguir con el bloqueo de aparatos cuando los clientes cambien de proveedor; rechazar la posibilidad de información de su red para compartir servicios o adquirirlos de manera desagregada; negar a la firma de telefonía fija de la empresa, GTM, la interconexión en Tijuana, y bloquear la posibilidad de que otros operadores hagan tránsito para terminar el tráfico de llamadas.
La andanada llega justo cuando se inicia la discusión de las leyes secundarias en el Senado, y cuando América Móvil había logrado de un juez la aceptación de dos solicitudes de amparo contra la declaración de preponderancia.
¿TÚ TAMBIÉN HOMEX?
La admisión de la desarrolladora de vivienda Geo en el escenario de un concurso mercantil le abre la puerta a Homex y Urbi para ubicar su posibilidad de salida bajo la misma fórmula, por más que la primera está tratando de refinanciar sus deudas por la vía de emisiones de deuda con opción de convertirse en acciones, y la situación de la segunda parece menos apremiante.
Las firmas, como usted sabe, se metieron al tobogán al cortarle de tajo el Infonavit y el Fovisste la posibilidad de hipotecas de cara a unidades habitacionales en construcción o en oferta, al cambiar el gobierno las reglas de construcción.
Las firmas no sólo se quedaran con las casas, sino con colosales deudas por compras alocadas de reservas territoriales en lugares alejados de los grandes centros urbanos.
Por lo pronto, la tarea del conciliador, Thomas Heather, será lograr la aceptación de los acreedores a canjear deudas por activos, en un escenario en que la masa concursal de débitos alcanza 22 mil millones de pesos.
Geo llegó a construir 50 mil casas al año.
IBM VS IUSACELL
Mientras la empresa estadounidense IBM habla de que la demanda planteada en su contra por Iusacell es una finta para evitar cubrirle acuerdos de asesoría, de cara a un contrato pactado, la empresa de telefonía móvil señala a su vez que las declaraciones de la firma solo buscan distraer la atención de la opinión pública.
International Business Machines, como usted sabe, fue demandada en las cortes de Nueva York por la firma mexicana en reclamo de daños y perjuicios por dos mil 500 millones de dólares.
El reclamo de Iusacell apunta a la pérdida derivada de un negocio fallido que había avalado la compañía en el banquillo en su plano técnico.
La asesoría, pues, fue balín.
Simultáneamente, la empresa de telefonía móvil propiedad en partes iguales del Grupo Salinas y Televisa está demandando un arbitraje internacional sobre el caso.
albertobarrancochavarriaen0@gmail.com
barrancoalberto@prodigy.net.mx
