Respiro. Imagen de la rueda de prensa que ofrecieron los once detenidos que fueron liberados el sábado.
Los jóvenes detenidos en el Zócalo tras la movilización del pasado 20 de noviembre acusaron intimidación y torturas físicas y psicológicas desde el momento en que fueron aprehendidos hasta su traslado a los penales de Nayarit y Veracruz.
En conferencia de prensa, seis de los once detenidos relataron cómo fue su detención y señalaron a personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación a la Delincuencia Organizada (SEIDO) de cometer presuntos abusos.
En su testimonio, Atzín Andrade, estudiante de La Esmeralda, comentó ella asistió a la movilización ciudadana con el contingente de su escuela, sin embargo, al llegar al Zócalo, durante el enfrentamiento entre policías y manifestantes encapuchados reinó la confusión.
"Todo fue un caos", dijo y señaló que al momento de su detención fue golpeado por elementos de la policía en las espinillas, en la cabeza y fue arrastrado al Palacio Nacional, de donde después fue llevado a instalaciones de la SEIDO.
"Nos trataron como la peor escoria", opinó el estudiante.
Por su parte, Liliana Garduño relató que asistió a la movilización para tomar fotografías y expresó que su captura fue arbitraria
En tanto otra de las detenidas, identificada como Hillary Analí declaró que en las instalaciones de la SEIDO autoridades les tomaron fotografías desde que bajaron del autobús en el que fueron transportados.
"No me dejaron informarle a mi familia hasta que no firmara la declaración", acusó.
Al respecto, Tania Ivonne Ramírez comentó que ante su negativa a someterse a las pruebas periciales estuvo incomunicada por alrededor de 25 horas.
"No me dejaron hacer la llamada y la condicionaron a que me hiciera las pruebas. Firmé la declaración por temor", declaró.
Con las detenciones, se evidencia "una estrategia para que los jóvenes no salgan a las calles", advirtió Alberto Muñoz, abogado integrante del grupo de abogados que llevó el caso.
Gracias a la recolección de videos, fotografías y testimonios en los que se mostraba que los jóvenes iban sus contingentes, pudieron obtener la libertad, dijo.
Asimismo, Alejandro Jiménez, otro de los abogados y miembro de la Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, consideró que a lo largo del proceso hubo una "serie de barreras para el acceso a la justicia" y lamentó la asimetría en la defensoría pública.
