La noticia según la cual el exgobernador de Coahuila Jorge Torres, sustituto de Humberto Moreira, es considerado prófugo en los Estados Unidos y se encuentra en la lista de búsqueda y captura de la DEA por los delitos de lavado de dinero y fraude bancario, obliga a volver a considerar la megadeuda de Coahuila.
De hecho el tema de la deuda permanece en un primer nivel de atención de los ciudadanos, porque mes a mes opera una sangría de recursos públicos que resultan desviados al pago de un adeudo injustificado que por añadido, en parte fue contraído mediante la falsificación de documentos del Congreso del Estado.
El adeudo reconocido y legitimado por el propio Congreso de mayoría priista en noviembre de 2011, es un pesado lastre para las finanzas públicas que al fin y al cabo recae sobre el bolsillo y las espaldas de los coahuilenses, y al afectar a la planta productiva nos mantiene en una tasa de desempleo superior a la media respecto al resto de las entidades federativas, y en el quinto lugar del ranking nacional.
A lo anterior se suma el informe dado a conocer la semana pasada por la calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings según el cual, partiendo de un pasivo original de treinta y tres mil ciento ochenta y ocho millones de pesos, dos años y medio después de la reestructuración los coahuilenses hemos pagado apenas el seis punto dos por ciento del total del importe de la megadeuda, lo que quiere decir en términos comparativos de tiempo y proporción de pago, que nos faltan treinta y ocho años para cubrir el saldo.
Lo más grave de esto no es la situación financiera, sino que los responsables de la megadeuda sigan gobernando al Estado, y a eso se debe que al contrario de las investigaciones y procesos abiertos en los Estados Unidos en contra del exgobernador Jorge Torres y el exsecretario de Finanzas de Humberto Moreira Javier Villarreal, el gobierno de Rubén no haya movido un dedo para investigar el destino de los recursos de la megadeuda y menos para recuperar el importe de la misma, aunque sea en parte ni para castigar a los culpables.
Lo expuesto quiere decir que el problema principal de nuestro estado no sólo es de carácter financiero sino político, porque el endeudamiento y el saqueo de los recursos públicos no es un tema del pasado, sino una forma de política pública inconfesada, que el grupo gobernante utiliza hasta el día de hoy como herramienta para financiar su permanencia en el poder a cualquier costo.
Por ello no es raro que después de arrasar con los recursos de la hacienda de Estado y Municipios, el moreirato esté echando mano de los fondos de pensiones de los empleados públicos y como botón de muestra, ahí está la protesta que de acuerdo a información aparecida en El Siglo de Torreón el día de ayer, enderezan hoy día los maestros pensionados de la Universidad Antonio Narro de la Ciudad de Saltillo, en contra de Carlos Moreira Valdés, exdirigente de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y hermano de Humberto y de Rubén.
Los inconformes son maestros que protestan por la descapitalización de su fondo de servicio médico y la mengua de sus pensiones de jubilación, que aseguran que cuando este otro Moreira fue dirigente de su sección sindical, el servicio médico operaba con un superávit de cien millones de pesos, que desapareció durante la gestión de dicho personaje, pretendiente a ser el tercero de la dinastía en el Gobierno de Coahuila.
En el caso de Torreón, el moreirato tiene puestos sus ojos en el otorgamiento de concesiones sobre diversos servicios públicos entre los que destaca el que corresponde al alumbrado de la ciudad, que el alcalde Miguel Riquelme se empeña en comprometer por quince años, incurriendo en la ilegalidad de constituir garantía sobre recursos públicos provenientes de la propia recaudación del Municipio y de participaciones federales.
Es imperativo que en las elecciones locales que el próximo seis de julio tendrán lugar para renovar al Congreso de Coahuila, los ciudadanos pongamos un alto al ejercicio arbitrario del poder y al saqueo de recursos que padece el Estado, eligiendo Diputados al Congreso que impliquen un verdadero contrapeso al Ejecutivo.
