Grave. Los albergues infantiles alrededor del país han estado escasamente vigilados por las autoridades correspondientes.
Desde hace 16 años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó al Sistema Nacional DIF que garantizara la adecuada asistencia social de las personas en estado de abandono, desamparo y maltrato.
También pidió que ante el creciente número de niños y jóvenes en esa situación, creara el número suficiente de instituciones que les dieran albergue y una atención basada en el respeto a los Derechos Humanos.
Esto, luego de que documentó un caso de abuso y maltrato similar al que la PGR detectó recientemente en el albergue La Gran Familia, de Zamora, Michoacán.
De acuerdo con el expediente relacionado con la recomendación 86/1998, el 28 de mayo de 1996 la CNDH recibió una queja suscrita por seis voluntarios, quienes denunciaron que en la institución de asistencia privada El Recobro, donde prestaban sus servicios, estaban recluidas contra su voluntad unas 110 personas, entre ellas niño, adultos, ancianos y personas con discapacidad, que habían sido enviadas ahí por el DIF y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
En su queja, los empleados del centro aseguraron que las donaciones de carácter privado y el subsidio público que recibía este albergue eran usados por la directora del centro para su beneficio personal.
Señalaron que en El Recobro las personas vivían en condiciones de hacinamiento e insalubridad y que algunas eran víctimas de abuso sexual y de maltrato físico por parte de los encargados.
Después de investigar el albergue, ubicado en ese entonces en el Barrio de San Marcos, en Xochimilco, la CNDH comprobó diversas irregularidades y constató que, al enviar a las personas a estos lugares, autoridades del DIF y de los gobiernos del DF y del Estado de México violaron, entre otros, derechos a la alimentación, a la protección de la salud, a la vida, al trato digno, a la integridad física, a la protección y asistencia de los niños privados de su medio familiar y a una atención adecuada e integral.
El organismo, que era dirigido por Mireille Roccatti, comprobó que el centro no tenía instalaciones ni personal especializado.
De esas 110 personas, 39 habían sido canalizadas por las entonces Agencias Especializadas de Asuntos de Menores e Incapaces de la PGJDF. Al entrevistar a la directora del albergue, Rosilia Ruiz Guerra, informó que esta asociación la creó en 1989 y que era atendida por ella y algunos familiares.
Refirió que se sostenía principalmente de donativos de centros comerciales y de ayuda de particulares, pues las aportaciones de las dependencias eran escasas.
Entre los abusos detectados por la CNDH se encontró que a las cuatro de la mañana todos eran levantados para bañarlos con agua fría.
