Cabecilla. Manuel Mondragón es el promotor de un alcoholímetro a nivel nacional.
Ante la cifra creciente de personas que mueren en accidentes viales a causa del alcohol, el Gobierno Federal prevé la ampliación del programa Alcoholímetro, iniciado en 2003 en el Distrito Federal, a los 31 estados del país.
Según datos del INEGI, entre 2003 y 2012, ocurrieron 370,440 accidentes viales que tuvieron al alcohol como factor determinante, y de acuerdo con el mismo instituto, el promedio anual de muertes en accidentes de tránsito causadas por el alcohol es de 582.
Manuel Mondragón y Kalb, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), señaló la semana pasada que la única forma en que funcionará el alcoholímetro en el resto de los estados es uniformando los criterios de sanción, y tomó como ejemplo el caso del Distrito Federal.
De acuerdo a la Ley de Cultura Cívica del DF, el programa Conduce sin Alcohol establece sanciones como arresto inconmutable de 36 horas, jornadas de trabajo comunitario y multas superiores a los 45,000 pesos, a las personas que sean sorprendidas bajo el influjo del alcohol.
Serán remitidos ante un juez cívico para cumplir estas sanciones aquellas personas "que superen la tasa de alcoholemia en aire espirado superior a 0.50 miligramos por litro; igualmente, por la ingesta de drogas tóxicas, estupefacientes o cualquier sustancia psicotrópica".
Óscar de los Reyes Heredia, director del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, asegura que esta es una medida necesaria en las 31 entidades, aunque destaca dos elementos para que pueda funcionar.
"Primero, que se haga con imparcialidad y objetividad. Es decir, que no exista la posibilidad de eludir las disposiciones, porque podría revertir el impacto positivo que tenga una medida de esta naturaleza. Segundo, que se haga con el debido proceso legal y respeto a los derechos y dignidad de las personas".
En la Ciudad de México, la implementación del programa Conduce sin Alcohol redujo en casi un 70% las muertes y discapacidades ocasionadas por los accidentes de tránsito en los que existiera una persona en estado de ebriedad. Según Óscar Pérez Coria director del programa, en 2003 se tuvieron 671 decesos, y para finales de 2012 se registraron 97 fallecimientos.
Por el Centro de Sanciones Administrativas del DF, popularmente conocido como Torito, han pasado durante 11 años empresarios, artistas, integrantes de la farándula, y hasta políticos, como el líder del Partido Verde en el Senado, Jorge Emilio González Torres, quien después de cumplir sus horas de arresto impulso un punto de acuerdo ante el Congreso para exhortar a todos los estados y municipios a establecer el programa del Alcoholímetro.
"Tuvimos de todo y nunca se perdonó a nadie y sí nos llegaron a llamar quienes suponían que por su importancia habríamos de allanarle la salida. Si me hubieran obligado lo habría hecho con mi renuncia", dijo Mondragón y Kalb.
El investigador del Tec considera que estas sanciones ejemplares deben continuar cuando se amplíe el programa a los estados, lo que ocurrirá en las primeras semanas de 2015, según informó el titular de la Conadic.
"Para que sea ejemplar este programa, la eficacia radica en que haya un principio de igualdad ante la ley. Que esté prevista una sanción, y sea cual fuere la persona se le aplique en la mismas condiciones", señala De los Reyes Heredia.
El académico ve con preocupación la ausencia de control en los estados o municipios, lo que pudiera dar espacio a actos de corrupción. "En el DF, su éxito se debió a una difusión efectiva y que a pesar que se dieron los amparos, se redujo al mínimo la posibilidad de eludir la ley". Una encuesta de Parametría de 2013 señala que el 96% de los habitantes del DF está a favor del Alcoholímetro.
Sobre su implementación, De los Reyes consideró necesaria una capacitación previa para quienes aplicarán el programa, con la finalidad de reducir los riesgos de corrupción y las violaciones a los derechos humanos, además de tener sensibilidad en las zonas donde la gente no utiliza el automóvil o que tienen prácticas culturales que dificultan la instalación del operativo.
