Uno de los grandes lastres que persisten en la República es la utilización de las instituciones con fines ajenos a su esencia legal y democrática. La ausencia de contrapesos reales y la existencia de poderes sin límites, sobre todo en los estados y municipios permiten a los gobernantes hacer un uso discrecional del aparato de estado para perseguir o neutralizar a personajes incómodos a cierto régimen. La venganza política es, en muchas de las decisiones, el eje rector.
El problema con esta forma de ejercer el poder es que en vez de abonar al fortalecimiento de las instituciones democráticas, las debilitan, puesto que las mismas quedan a merced del capricho de quienes las controlan. En lugar de proceder conforme a derecho y con oportunidad contra quienes desde un cargo público han incurrido en irregularidades, se actúa de acuerdo a lo que marquen los tiempos políticos y la conveniencia de quien gobierna. Al final, lo que impera es la arbitrariedad en el uso del poder y no el estado de derecho y la legalidad.
Los casos del exalcalde de Durango, Adán Soria Ramírez, y del senador Ismael Hernández Deras muestran claros visos de tratarse de un caso más de uso discrecional del poder. Contra el primero, pesa una denuncia penal por fraude que data de 2011, pero no fue sino hasta la semana que acaba de terminar, es decir, más de dos años después, que el exmunícipe fue detenido. Contra el segundo, se creó en el Poder Legislativo estatal una comisión especial para indagar presuntos actos de corrupción por parte del también exgobernador, a raíz de la costosa fiesta que organizó para su cumpleaños número 50.
Es de todos sabido el enfrentamiento que sostienen actualmente el grupo del gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera y el del senador Hernández Deras por el control del estado y, sobre todo, las candidaturas para las elecciones de 2015 y 2016. En esta última se juega la sucesión en la máxima magistratura de la entidad. Herrera Caldera ha comenzado a mover sus piezas institucionales para propinar un golpe político a su ahora adversario, para quien trabajó cuando éste fue gobernador.
Más allá de las anomalías que se pudieron haber cometido, a la luz de lo anterior, es fácil suponer que un arreglo entre los grupos dejaría sin efecto los procesos abiertos contra ambos personajes, como ha ocurrido en anteriores ocasiones. En este juego de poder, quienes salen perdiendo son las instituciones y, en última instancia, el pueblo duranguense, que en vez de creer en ellas, aumenta con razón su desconfianza.
Mientras la discrecionalidad y los tiempos políticos sigan marcando la pauta del proceder de las instituciones, va a ser muy difícil que se alcance la democracia de calidad a la que se aspira.
