El agua es un recurso natural clave para sostener los ecosistemas y la población, el propio desarrollo económico y social, la naturaleza nos lo ofrece y nosotros lo usamos; habrá lugares o épocas históricas donde el agua puede ser abundante o escasa, pero finalmente el hombre es quien decide cómo se usa, si la destina a satisfacer prioritariamente su demanda doméstica, para la conservación de ecosistemas o como insumo en la producción, y son esas decisiones las que determinan la forma de gestión del recurso.
En lugares como la Comarca Lagunera es evidente que se enfrentan un conjunto de problemas asociados al agua, recurso natural que está siendo sometido a una fuerte presión antrópica, algunos dicen que la cuestión se centra en su disponibilidad, otros en la calidad, en el reúso y, dependiendo del enfoque con que se trate, también se proponen las soluciones, que si son tecnológicas, económicas o políticas. Hay quienes consideramos que es un problema de gestión, es decir, un asunto de manejo antrópico o social del agua.
La gestión que hemos realizado del agua en esta región es, indiscutiblemente, deficiente, y no es una cuestión que refiera específicamente a los funcionarios que en este momento tienen la responsabilidad de tomar las decisiones sobre cómo se encuentra distribuida socialmente (quién tiene las concesiones, quién las usa, cómo y para qué las usa), no es un problema presente sino pretérito, histórico, al que se enfrentan dichos funcionarios, incluso, no es sólo un problema de los principales usuarios, aquellos beneficiados con la distribución social actual, ellos heredaron o acumularon las concesiones dentro de un sistema económico y político que permitió legalmente esa concentración monopólica.
Lo anterior no evade a los primeros de asumir la responsabilidad de corregir esta problemática, ni a los segundos de ser corresponsables en las soluciones que propongan, pero unos y otros tienen un punto de vista propio, en algunos aspectos coinciden mientras en otros se contraponen, el asunto es que no toman las decisiones pertinentes y necesarias para mejorar la gestión del recurso, o las propuestas que formulan no pueden ser aplicadas, quizá porque las alternativas no cuenten con la voluntad política que las respalden, con los recursos para ser implementadas, o quizá porque no les convengan.
Finalmente, unos, los funcionarios, y otros, los grandes usuarios, tienen su propio punto de vista derivado de la visión y/o percepción que tienen sobre el problema, pero no siempre éstas corresponden con el interés ciudadano, con el interés general de la población, puesto que las decisiones tomadas hasta hoy han sido insuficientes u omisas, cuando no evasivas como sucede con los segundos que a pesar de tener el monopolio sobre el recurso rehúyen ser parte del problema.
Ante esta situación surgen voces que expresan una visión ciudadana, en ocasiones convergente o divergente con las anteriores, que entiende el problema de manera integral, a nivel de cuenca, y que no tiene un interés particular que proteger, que se encuadra en la nueva cultura del agua (primero agua-vida y no agua-negocio), en el derecho humano al agua establecido por Naciones Unidas y en la legislación nacional en la materia que prioriza la asignación del recurso a la población antes que insumo para la producción.
Esta es la visión de quienes convergemos en Encuentro Ciudadano Lagunero (ECL), un colectivo de grupos y asociaciones civiles, de ciudadanos, quienes desde hace algunos años emprendemos iniciativas orientadas a la recuperación y conservación del agua, desde la denuncia ciudadana y legal, la difusión en los medios de comunicación de información sobre esta problemática, participando en espacios dentro de órganos de representación y consulta gubernamental o ciudadana, realizando acciones cívicas, y otras medidas.
ECL considera que la problemática del agua en la región es la más importante en materia socioambiental, que cuestiones como la sobreexplotación y contaminación de nuestros acuíferos limita la disponibilidad del agua dulce subterránea que la población requiere para asegurar su vida y permanencia, que la forma en que se distribuye socialmente en la actualidad beneficia principalmente a quienes tienen concentrado el recurso y que todo monopolio no regulado es pernicioso para la economía y sociedad, en particular si éste se ejerce sobre un recurso natural, sobre un bien común.
ECL considera que: 1) en el corto plazo se limite la extracción de agua a los volúmenes concesionados, ya que se están bombeando ilícitamente 279 Mm3; 2) en el mediano plazo se limite la extracción a los volúmenes de recarga para que se logre el balance hidráulico del acuífero y, 3) en el largo plazo se reduzca la extracción por debajo de los volúmenes de recarga para crear reservas de agua dulce que permitan a los laguneros disponer en el futuro de este recurso en cantidad y calidad suficiente.
ECL considera que se debe sancionar a los responsables de la sobreexplotación y contaminación del acuífero, multando o cancelando los títulos de concesión a aquellos usuarios que extraigan volúmenes mayores a los concesionados y a quienes no acepten la medición confiable y pública; se condicionen los subsidios otorgados a los concesionarios de uso agrícola para la tecnificación de los sistemas de riego a la medición confiable, reconversión de cultivos menos demandantes de agua y no aumento de la frontera agrícola; que se informe a la ciudadanía sobre la calidad de agua de los pozos cuyos volúmenes se destinen a uso doméstico y se continúen las medidas emergentes de establecer filtros que capturen las sales tóxicas que ponen en riesgo la salud de la población, distribuir agua mediante garrafones u otras que atiendan esta contingencia, particularmente a los grupos vulnerables.
Si no se da solución a problemas como éstos, cada año no habrá que celebrar el Día Internacional del Agua.
