Asegura Andrés Manuel López Obrador que la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán responde al propósito de distraer la atención respecto de la Reforma Energética. De nuevo, el mundo en blanco y negro, sin matices ni complejidades. Todo se mueve en función de la agenda de la izquierda para golpearla y desprestigiarla, y reducir su fuerza política, incluyendo las estrategias contra el crimen organizado.
Desde luego no creo que el Gobierno federal hubiera decidido la captura de "El Chapo" en el momento en que lo necesitara, con el objetivo de reducir la tensión sobre la Reforma Energética -que de cualquier manera no ha sido tanta como se esperaba-. Sin duda es un éxito de este gobierno, que contrasta nuevamente con la ineficacia de los gobiernos panistas. Pero más allá de la publicidad y el capital político que reciba Enrique Peña Nieto por este logro, debiéramos preguntarnos si esta captura ayuda significativamente en la lucha contra el narcotráfico y si el saldo será positivo.
En un Estado de derecho se aplica la ley a quien la violente, sobre todo tratándose de grandes delincuentes y criminales, por lo cual se parte de la premisa de que la penalización legal ejercerá como lección para otros futuros delincuentes así como un fuerte desincentivador en la violación a la ley. El problema es que con el narcotráfico -y otros delitos económicamente tan rentables- ese efecto no se logra. Es tal el atractivo de sumas millonarias relativamente fáciles de ganar, que son muchos los dispuestos a jugarse no sólo su libertad, sino también su integridad y su vida, para tener acceso a esa riqueza, dure lo que dure. Se podría afirmar que no sirve de gran cosa dispone de tanto dinero con una calidad de vida tan baja en sentido de estar corriendo y vivir escondido, con el permanente riesgo de ser apresado o muerto por las fuerzas del Estado. Pero evidentemente hay mucha gente que no piensa igual, sobre todo cuando provienen de sectores sociales humildes, desde los cuales difícilmente se podrá acceder a niveles de vida ya no digamos lujosos, sino siquiera holgados. Por eso la captura o muerte de cualquier capo, incluso el más buscado del mundo, no desincentiva este tipo de actividades, y de ahí también el fracaso del modelo de la prohibición radical.
Por otro lado, el cártel en cuestión no tiene por qué desmantelarse por la captura de su jefe; el lugar de inmediato puede ser ocupado por alguno de sus lugartenientes. Lo que sí puede ocurrir es que ese cártel eventualmente se fragmente en varias partes, lo que podría contabilizarse como un debilitamiento suyo y, por ende, un triunfo relativo del Estado. El problema es que eso mismo que formalmente suena bien, suele traducirse en mayor violencia y descontrol de las zonas donde opera dicho cártel. Por lo que desde el punto de vista de la seguridad pública, la aprehensión de un capo importante puede ser una mala noticia. Los especialistas hablan de ese fenómeno constantemente, del que hay muchos ejemplos, pero uno muy claro fue la muerte de Beltrán Leyva en Cuernavaca, en el momento en que se le pretendía capturar, lo cual desembocó en una ola de violencia, delincuencia e inseguridad en Morelos que nadie puede controlar, y que no existía antes de ese hecho. En el caso del cártel de Sinaloa, el que se mantuviera unido bajo la dirección de un nuevo capo, -como "El Mayo" Zambada- quizá no sería tan mala noticia. Esa zona ha estado relativamente libre de violencia precisamente por la hegemonía de "El Chapo", pero eso puede cambiar para mal con su captura. Igualmente, los cárteles rivales pueden aprovechar ese vacío para tratar de golpear al de Sinaloa, o disputarle parte de sus plazas, lo que evidentemente también genera derramamiento de sangre.
Lo que sí podría ser de ayuda es una investigación profunda, a través de "El Chapo", sobre las redes de protección en el Estado, y vínculos de complicidad administrativa y política con lo que ha sido ese imperio del narco. Es obligada, así queden salpicados numerosos políticos y funcionarios. Pero podrían obviarla, en aras de la endémica impunidad política. Y sobre la extradición, habría que ver si vale más la dignidad nacional de mantenerlo en México, o la aceptación realista de que nuestro sistema penitenciario y judicial es poco confiable, lo mismo por ineficacia que por corrupción, lo que explica justo la fuga de "El Chapo" en 2001 de un penal de "máxima seguridad".
Investigador del CIDE
