El anuncio del gobernador Rubén Moreira, en el sentido de que su gobierno contraerá una deuda adicional de dos mil millones de pesos, para pagar a constructores que realizaron obra pública durante la administración de su hermano Humberto y la suya propia, contiene una dosis de cinismo, que rebasa la capacidad de indignación de cualquiera.
A ello se debe que algunos representantes de organismos empresariales de la región, hayan reaccionado con estoicismo y resignación, agradeciendo que se les vaya a pagar a sus agremiados, viejos adeudos que llevaron a la quiebra a muchos de ellos.
Los dirigentes del sector empresarial se sienten arrinconados en la alternativa de oponerse a la nueva deuda y asumir la falta de pago a los constructores, o aceptar el dinero, así sea de procedencia ilícita. Una trampa, al más puro estilo del Moreirato.
Sabemos de la existencia de los adeudos del Gobierno del Estado en el rubro de obra pública, por los reclamos de algunos afectados, pero en virtud de la falta de transparencia del sistema, no sabemos a ciencia cierta ni cuánto se debe, ni quiénes son los acreedores de carne y hueso; no conocemos qué cantidad se debe a cada uno de los acreedores, ni de qué obras específicas derivan los adeudos. Todo es misterio.
Información extraoficial difundida tiempo atrás, indica que en el pasado el Gobierno del Estado ofreció a los contratistas pagarles sin intereses, por lo que hoy resulta desconcertante substituir a un acreedor al que durante tres años no se le ha pagado ni un centavo de capital y además sin causa de intereses, para cambiarlo por otro acreedor ahora del sector bancario, al que sí se le pagarán capital e intereses.
Lo anterior es grave porque si la opacidad imperante continúa, los constructores habrán sido utilizados como pretexto para un nuevo endeudamiento, cuyo importe de 5.8 % sobre la megadeuda ya existente de treinta y tantos mil millones de pesos, es incluso superior al 4.1 % abonado en los últimos tres años a los bancos acreedores.
Lo más trágico es que si los coahuilenses seguimos dejándonos, jamás sabremos qué cantidad de los dos mil millones de pesos que pretende el Gobierno de Coahuila obtener con el nuevo adeudo, se vayan a destinar al pago de los contratistas acreedores utilizados de excusa, y cuantos millones se van a desvanecer en la licuadora del gasto corriente, del despilfarro y la corrupción.
Moreira se empeña en seguirnos viendo la cara y para amortiguar el impacto mediático de lo que implica un nuevo endeudamiento, el Congreso del Estado tiende una oportuna cortina de humo con las uniones dizque matrimoniales entre personas del mismo sexo, y emite una demagógica ley que genera un conflicto social como factor de distracción. La ley es un engaño en primer lugar dirigido a los propios homosexuales (quienes somos nosotros para juzgarlos), a los que Moreira les quiere hacer creer que las uniones de esa índole, son iguales desde el punto de vista biológico, antropológico y social, al matrimonio de un hombre y una mujer.
A Moreira no le interesan los derechos ni de los homosexuales ni de nadie. Se cuidó de que un diputado de oposición a modo llevara la iniciativa al Congreso; giró instrucciones a la sumisa bancada priista para consumar el absurdo legislativo y una vez que la gente salió a la calle a protestar robando titulares de prensa al tema de la deuda, el Gobernador invoca supuestos tratados internacionales que a su decir existen y justifican las uniones Gay, sin citar la fuente concreta ni exponer un solo argumento de fondo al respecto. Pura demagogia, pura distracción, puro deterioro institucional y social.
La petición de un nuevo empréstito por parte del Gobierno de Coahuila, es un fraude maquinado. Semanas antes, fue firmado un extraño convenio con algunos municipios, incluida la Ciudad de Torreón, en el que las entidades municipales ceden al Estado el cobro de su impuesto predial, por motivos que los participantes del convenio no han sido capaces de explicar a satisfacción de los ciudadanos.
¡Apareció el peine!.. El que tales recursos municipales, vayan a ser utilizados para garantizar a los bancos el nuevo adeudo que el Gobierno estatal pretende contraer, pasa de ser una sospecha, a ser una presunción fundada, que Moreira está obligado a desvirtuar.
