Sin facultades. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo señala el Estado no controlará los precios.
El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, aseguró que la iniciativa de ley secundaria en materia de competencia económica, enviada ayer por el Ejecutivo al Congreso, no prevé acciones adicionales que faculten al Estado para regresar al mecanismo del control de precios.
"El Ejecutivo (federal) no tendrá la discrecionalidad de tomar indicaciones de forma directa ni en insumos esenciales y mucho menos es precios máximos de bienes de consumo. No hay ningún cambio en materia de control de precios", sostuvo.
La iniciativa busca que los consumidores tengan acceso a una gran variedad de bienes y servicios de calidad y a mejores precios, y los pequeños y medianos empresarios a insumos competitivos e innovadores.
Guajardo Villarreal afirmó que la iniciativa retoma el artículo siete de la legislación actual, donde determina que el Ejecutivo sólo podrá actuar cuando la Comisión de Competencia resuelva que en un mercado existen problemas para su libre competencia y operación.
"El artículo siete de la actual Ley vigente se retoma en el noveno de la iniciativa que el Ejecutivo hoy presenta. Así es que no hay ningún elemento que indique el restablecimiento a prácticas no deseables de controles de precios o discrecionales por parte del Ejecutivo", reiteró.
La iniciativa en materia de competencia económica derogaría la anterior que se aprobó entre los años 2011 y 2012 y que reglamenta el tema de los monopolios referidos en el artículo 28 constitucional.
El funcionario federal aseguró que lejos de ahuyentar la entrada de capitales por el aumento de sanciones penales, "esta reforma va a incentivar mayor inversión extranjera directa, porque al desregular mercados y combatir concentraciones hay mucho más incentivos para inversionistas extranjeros de competir en condiciones justas".
"Yo vería una mayor atracción de inversión en el país en telecomunicaciones y energía y en otros sectores que hoy se garantizarían condiciones de competencia", puntualizó en conferencia de prensa.
Aclaró que hay un incremento en las penalidades divididas en tres tipos: la desincorporación como sanción, las sanciones penales y las monetarias que con anterioridad ya están revisadas a estándares internacionales en la reforma de 2011, y por tanto permanecen a los niveles establecidos.
"Las que se vuelven efectivas son tanto las penales, porque en la Ley de 2011 estaban establecidas como prácticamente inviables en su aplicación y en donde el rango de penalidad aumenta de cinco a 10 años, cuando originalmente estaba de tres a 10 años", refirió.
En el caso específico de la desincorporación de activos, señaló que se eliminan candados, porque antes la penalización también era inviable.
En la conferencia de prensa, el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, precisó que en la parte de desincorporación de activos, la iniciativa establece un nuevo procedimiento especial para que la Comisión Federal de Competencia Económica haga una investigación de mercado.
