El país vive una seria crisis de seguridad y los principales responsables tienen nombre y apellido: los gobernadores. Esos personajes que suelen aparecer en las noticias cuando quieren que el país entero se aprenda su nombre, que lucen en revistas o en spots muy sonrientes, rodeados de ciudadanos agradecidos en medio de canciones pegajosas, y que no tienen empacho en gastar dinero público para hacerse publicidad.
Son ellos los mayores culpables del problema de secuestros que vive el país. Lo dicen las leyes, que sancionan esos delitos a nivel local, pero también las estadísticas.
Apenas ayer el Observatorio Nacional Ciudadano (www.onc.org.mx/) daba cifras de cómo se viven los plagios en el país. Cuatro entidades -Estado de México, Michoacán, Morelos y Guerrero- concentran el 42% de todos los secuestros denunciados en enero de 2014, y tres entidades más -Tamaulipas, Veracruz y Tabasco- suman un 30% adicional. Para ser claros: 7 de cada 10 secuestros que ocurrieron en México en el primer mes del año, tuvieron lugar en sólo siete entidades.
¿Y dónde están los responsables políticos de esas tragedias? Algunos, escondidos bajo el argumento de que la inseguridad es una bandera política para golpearlos como si ellos fueran las víctimas y no las familias afectadas. ¿Qué pasa con Graco Ramírez, Eruviel Ávila o Arturo Núñez que no están dando resultados? ¿En dónde está el plan del ausente Fausto Vallejo o del guerrerense Ángel Aguirre para poner orden en su entidad? Entre la propaganda y los pleitos políticos los mandatarios locales se empeñan en desviar la atención como si con notas de prensa mejoraran las cosas.
Los gobernadores de esas y otras entidades son irresponsables no sólo por su forma de actuar, sino por la impunidad de la que gozan pues no hay consecuencias de la falta de seguridad.
Ya sea por el peso de los temas nacionales o por sus estrategias de control de daños, los mandatarios --desde hace tiempo- no están pagando ningún costo.
Pero hay otro actor que también debería tomar nota y es el Gobierno federal. Porque si algo se supone que sabía hacer el PRI era repartir las cargas políticas para cuidar al presidente en turno, y hoy parece que han olvidado esa lección. En su lugar han cedido a la tentación -también muy priísta- de apostar todo a un Poder Ejecutivo omnipresente, que lo mismo trata con las autodefensas de Michoacán que con la violencia en Guerrero o con los secuestros en todo el país. Como si cada problema fuera una oportunidad para ocupar espacios, en vez de señalar a los responsables directos.
El tema tiene que ver con la forma de ejercer el poder, pero también con la manera en que se comunica. Si el gobierno del presidente Peña Nieto no quiere cargar con todo el costo de los cientos de secuestros en el país, más vale que se acuerden de los nombres de los gobernadores responsables y que les pongan encima toda la presión mediática y social. Hacerlo no sólo sería una buena idea política, es también una necesidad para ponerlos a trabajar.
(Politólogo y periodista)
Twitter: @mariocampos
