Bajo una severa presión de los medios el presidente Peña Nieto publicó la totalidad de su patrimonio que asciende a 45'2 millones de pesos, comprendiendo casas, terrenos e inversiones. Parte de la declaración inicial, hecha al asumir el cargo de Presidente de la República, había quedado en reserva conforme al derecho que la ley autoriza.
El día anterior a este acto su esposa, Angélica Rivera, reveló el monto y composición de su propio patrimonio, cosa que, los medios han exaltado, no estaba obligada a hacer, al no ser funcionaria pública. En realidad, sin embargo, el Formato de Declaración Patrimonial para su llenado prevé en su apartado 5, la presentación del patrimonio del cónyuge y sus dependientes económicos precisando que tal información debe enumerar "todos los bienes inmuebles, muebles, vehículos, participaciones accionarias, valores y activos financieros, ubicados tanto en territorio nacional como en el extranjero, que sean propiedad del declarante, cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos" cosa que no hizo Peña Nieto.
Es prudente notar que en la obligación de revelar los bienes del cónyuge "no tiene relevancia el régimen bajo el que se haya contraído matrimonio". Hay que recordar que la declaración patrimonial de Felipe Calderón sí contiene, dentro del formato mencionado, los datos patrimoniales de su esposa Margarita Zavala. A diferencia de su sucesor en la presidencia, Felipe Calderón sí estuvo de acuerdo con que la Declaración se hiciese pública.
Dejando a un lado lo tarde que Peña Nieto se vio en autorizar la publicación en su totalidad de su declaración, el incidente que comentamos debe servir para fijar la obligación de ahora en delante de dar publicidad completa a las declaraciones patrimoniales, incluyendo cónyuge e hijos y sin admitir reservas de confidencialidad que es, por razones, se explica, de seguridad. No hay razón para ello, puesto que estamos en la era en que la difusión de lo que más interesa a un sistema democrático no debe omitirse. Así lo exigen organismos respetables como Transparencia Internacional.
No es privativo de sociedades certificadamente corruptas, como se califica internacionalmente a la nuestra, el monitoreo de los bienes de los funcionarios. La declaración patrimonial se considera como información pública en varios países como Estados Unidos, Brasil y Canadá. Un estudio de la OCDE precisa que las declaraciones patrimoniales no sólo sirven para fiscalización de los ingresos sino para conocer si hay conflictos de interés entre funcionarios públicos y actores privados. Otro estudio del Banco Mundial señala que México es de los pocos países donde no se puede recabar información alguna sobre el tema.
El arca abierta tienta a todos los humanos por igual, independientemente de su actividad. Tan hay corruptos entre los políticos como entre los banqueros o los constructores de infraestructuras de transporte, o de viviendas. No hay frontera profesional. Quien es proclive a la corrupción la practicará donde se encuentre. La política es particularmente expuesta a esta tentación por la vastedad de los recursos que dispone a su discreción. De aquí que el monitoreo del patrimonio de funcionarios y de sus parientes es un instrumento indispensable.
La acumulación impresionante de bienes que saltó en el caso de la pareja presidencial expone el contraste de los emolumentos de funcionarios públicos como los Ministros y Magistrados, Legisladores, Secretarios de Estado y jefes de algunos organismos descentralizados con la pobreza general de la población nacional. Se está años luz de la directriz juarista de que los funcionarios públicos deben contentarse con la modesta percepción que la Nación puede ofrecerles.
Tal diferencia de patrimonio con el grueso de los mexicanos, embota la sensibilidad. 6'6 millones de trabajadores mexicanos sobreviven con sólo un salario mínimo y sólo una minoría el 7 % gana más de cinco salarios mínimos. Otro punto de referencia es que aquel empleado que logra ahorrar 1,000 pesos mensuales llegará a acumular en 40 años poco más de 800 mil pesos; si ahorra 1,100 mensuales llegará a ahorrar sólo cerca de un millón en contraste con la élite de funcionarios privilegiados.
Este nuevo episodio no terminará pronto. El conflicto de intereses públicos frente a los privados asoma a diario en asuntos de importancia nacional como en los grandes programas de infraestructura. El contubernio en caso del tren rápido que apenas afloró no puede repetirse en el cuadro de "capitalismo de compadrazgo" que predomina en el país.
La declaraciones patrimonial del Presidente y las aclaraciones de su esposa son el inicio de un proceso que no sabemos si abocará en una solución positiva. Ya es tiempo de que así fuera.
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