Entrada.- Algo extraño le está pasando al gobierno de Peña Nieto y al Comisionado para la Paz y el Desarrollo en el Estado de Michoacán.
La detención del Dr. José Manuel Mireles Valverde, quien fuera el vocero oficial ante el gobierno federal de las llamadas autodefensas, siembra más y nuevas dudas sobre la ya de por sí grave problemática que sufre Michoacan. Los cargos levantados en contra del doctor Mireles no son menores, pero al margen de esto, es de llamar la atención el extraño procedimiento penal y de averiguación previa que se está practicando con el líder de las autodefensas.
PLATO FUERTE.- Quiero dejar muy claro que en lo personal no estoy de acuerdo con la actitud asumida por un grupo de michoacanos que con las armas en las manos, quisieron volverse los justicieros pasando sobre las autoridad del estado y leyes vigentes, tanto federales como estatales; pero por otra parte, no podemos dejar de ver los raros, extraños y novedosos procedimientos que la Procuraduría General de la Republica y un juez de distrito en materia penal con residencia en Uruapan, vienen practicando.
Por lo pronto, al acusado ya se le mandó a más de 1,500 kilómetros de distancia del lugar de su juez natural, internándosele en una cárcel de alta seguridad en Hermosillo, Sonora.
Las audiencias y comparecencias del Dr. Mireles se dice están haciéndose por sistemas de "vio-tele conferencia", esto es, Mireles en Hermosillo y su juez en Uruapan. El representante de la sociedad, o sea el agente de ministerio público adscrito al Juzgado penal federal, radica en Uruapan y desde ahí plantea su acusación y pedimento para que se le dicte auto de formal prisión al doctor.
En estas condiciones, parece que todo el proceso se llevará tipo videoconferencia, lo que a mi personal criterio, tendrá nefastas consecuencias para el gobierno, quien por enésima vez verá salir de la cárcel a un acusado por fallas, violaciones o tecnicismos durante el procedimiento. Bástanos recordar a la francesa que abandonó la cárcel al son del himno de la Marsellesa por violaciones al procedimiento penal.
Nuestra Constitución ordena: Artículo 19, "Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición (del juez).
El artículo 20 fracción III, "Se le hará saber en audiencia pública y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia……"; IV "Cuando así lo solicite será careado, en presencia del juez, con quien deponga en su contra": fracción VI "Será juzgado en audiencia pública por un juez o jurado….vecinos del lugar y partido en que se cometiera el delito………"
Todos los procedimientos penales en los países civilizados tienen como premisa, entre otras, que el acusado comparezca ante su juez natural y frente a él se desahogue el curso del juicio. Pero en contra la Constitución General de la Republica ahora se lleva el juicio del Dr. Mireles a distancia y sin estar frente a su juez natural que debería y a más de 1,500 kilómetros de distancia.
Los sistemas de videoconferencias entre personas los puede hacer cualquiera, pero los videojuicios, que yo sepa, no están previstos en la ley, de ahí que no será nada difícil que finalmente el Dr. Mireles abandone la cárcel de Hermosillo, Sonora y regrese campante y aún más fortalecido a sus lares en Tepalcatepec.
POSTRE.- Con esta actitud el gobierno federal y el Comisionado no demuestran otra cosa que su enorme miedo y temor al Dr. Mireles. Con la violación a las normas esenciales del procedimiento penal, de competencia y a las garantías individuales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el gobierno está facilitando la exoneración sobre cualquiera de los delitos que imputó, bien o mal, al exlíder de las autodefensas.
Este juicio debería ser de los que se llevaran con máximo cuidado y minuciosidad por parte del gobierno federal, pues las consecuencias de la exoneración del acusado, traerían enormes daños a la paz y tranquilidad en Michoacán.
Es correcto que se le juzgue, pero deberá ser con el mayor cuidado por parte del gobierno federal, y que al procesado se le respeten todas y cada una de sus garantías constitucionales establecidas en nuestro sistema de derecho.
Con la actitud asumida por el gobierno federal en este juicio seguido en contra del Dr. Mireles, volveremos a caer y por enésima vez en la impunidad.
