Nuestro país vive tiempos difíciles. El gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta una crisis que preocupa por la espiral de violencia desatada en Iguala, la movilización de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y de grupos civiles radicales, así como por la caída internacional de los precios del petróleo, que en su conjunto pueden desalentar la inversión extranjera y las expectativas del crecimiento económico generadas por las reformas estructurales.
El tema de la seguridad se complica, tanto por el nivel de la violencia, como por las complicidades políticas y la colaboración por miedo o conveniencia de las policías, ministerios públicos y jueces coludidos con el crimen organizado. Son capturadas algunas cabezas de cárteles delictivos, pero se reagrupan de nuevo, en una dinámica que desafía al Estado mexicano.
La obstinación del gobernador de Guerrero de mantenerse en el cargo y la fallida búsqueda de los estudiantes normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre, han convertido un problema local en un conflicto político nacional que pone a prueba a las instituciones y al poder del gobierno de la República. Es la indignación y la impotencia frente a la impunidad, el crimen organizado y la corrupción de la autoridad en todos los niveles del gobierno.
El movimiento estudiantil del IPN que se inició con una protesta multitudinaria contra la directora y que fue atendida en la calle por el secretario de Gobernación, concediéndoles todo su pliego petitorio, hoy ha escalado y amenaza extenderse a otras universidades del país. La Secretaría de Educación asume su competencia en el tema, pero se perciben limitaciones y distancia para lograr una interlocución eficaz en las negociaciones.
Paralelamente entramos a un proceso electoral inédito con 18 comicios estatales concurrentes y al mismo tiempo con un entorno de riesgos para la economía mexicana como la caída en el precio del petróleo, un bajo crecimiento de las economías desarrolladas y alzas en las tasas de interés.
Es claro que la coyuntura y la circunstancia son delicadas y complejas para el Gobierno federal. No bastará la desaparición de poderes en Guerrero ni el cambio de funcionarios de la federación. Vivimos una grave crisis nacional que demanda decisiones trascendentales. El Gobierno federal debe actuar con firmeza en el combate, desde sus causas, contra la narcopolítica, el crimen organizado, la corrupción y la impunidad, garantizando el respeto de los Derechos Humanos y la vigencia plena del Estado de derecho.
POSDATA. La carta abierta al presidente de más de 400 mil laguneros, es un testimonio más del centralismo localista y aldeano de Saltillo y Durango capital, que castiga a La Laguna (mal llamada "región Laguna") unida por la geografía y la historia, pero partida por un absurdo de la política.
