Proceso. El juez contará con un plazo no mayor de 10 días para dictar las medidas urgentes.
El Tribunal Superior de Justicia emitió tres declaratorias de ausencia por desaparición, informó el magistrado Gregorio Pérez Mata.
"Son de dos a tres, en todo el estado. No recuerdo los municipios", expresó en entrevista el titular del Tribunal Superior de Justicia.
En los tribunales de Coahuila aún continúa el proceso de 90 solicitudes para la declaratoria de ausencia por desaparición.
En el caso de las tres declaratorias que ya se emitieron los procedimientos ya se encuentran en marcha con la aplicación de las consecuencias jurídicas correspondientes.
El 20 de mayo, tras la publicación en el periódico Oficial del Estado de la nueva Ley para la Declaratoria de Ausencia por Desaparición, este procedimiento se facilitó para los familiares de las víctimas.
Una vez que se interpone la denuncia por desaparición, el Ministerio Público cuenta con un plazo de 30 días para evaluar si los hechos denunciados constituyen un acto de desaparición. De ser así, el Ministerio Público presentará la solicitud de Declaración de Ausencia ante el Juez de Primera Instancia en Materia Civil.
El juez contará con un plazo no mayor de 10 días para dictar las medidas urgentes, provisionales o de protección que resulten necesarias para proteger los derechos de las víctimas.
En el expediente que emita el Ministerio Público deberá de indicarse si la víctima trabajaba, contaba con créditos, tenía familia, hijos y las necesidades que cubría.
EFECTOS LEGALES
Si el juez determina emitir la declaratoria de ausencia, se dará aviso sólo a los familiares.
Esta declaratoria podrá garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida en relación con los hijos menores.
Asimismo se garantizar la protección del patrimonio de la persona desaparecida que incluyen los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes.
Si la personas desaparecida laboraba, el empleador deberá emitir el sueldo a los familiares hasta que la víctima aparezca.
Este último beneficio ha causado controversia entre los empresarios del estado, al señalar que el gobierno del estado transfiere su responsabilidad a los empleadores.
