Paradojas de la vida: Mientras al presidente de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, se le acusa de un delito menor, con derecho a fianza, a los exfuncionarios de Banamex implicados en el fraude del siglo, se intenta consignarlos por un delito grave, sin opción de llevar su proceso en libertad.
Al primero se le imputa un despojo de 55 millones de pesos a la instancia financiera. A los segundos de haberle causado un quebranto superior a cinco mil millones de pesos. Dos pesas y medidas.
Duro, pues, contra el que sostiene la pata y leve contra el que mata la vaca.
De acuerdo a la denuncia colocada en la mesa el 26 de abril pasado por la Procuraduría Fiscal contra 10 de los 11 funcionarios que despidió la filial en México del Citigroup de Estados Unidos, éstos no sólo cometieron diversas violaciones a la Ley General de Instituciones Crediticias, sino son responsables de asociación delictuosa.
Los principales señalados son Emilio Granja, quien se desempeñaba como director de Banco Corporativo; el subdirector de la misma área, Juan Pablo Añorve; el ex jefe de la Unidad de Servicios de Transición Global, Alfonso Ortega, y Érik Cervantes, a quien se ubica como analista de negocios.
A este último se le había llamado a declarar hace unas semanas en Villahermosa, Tabasco, en carácter de indiciado, sin embargo se le dejó libre tras rendir declaración.
Posteriormente se le ubicó en calidad de prófugo.
La orden de aprehensión contra los acusados se expidió, en el sigilo, en paralelo a la de Yáñez Osuna, por más que ninguno ha sido localizado.
Como usted sabe, el banco se inconformó por la clasificación arbitraria del delito de Yáñez Osuna, marginándose el peritaje que se había entregado al Ministerio Público Federal sobre el monto real del quebranto.
El problema es que, excluido Petróleos Mexicanos del escándalo, por más que parezca inverosímil que no haya habido complicidad de la paraestatal para la falsificación de documentos que avalaron una colosal operación de factoraje, el trato terso al presidente de la contratista se explica por la necesidad de no salpicar a ésta.
La razón es doble: no colocarle una mancha más al tigre en la antesala de la reforma energética, y evitar roces con los panistas en la víspera de la votación por las leyes secundarias de la reforma misma en el Congreso.
No se vaya a correr la versión de que Pemex es corrupta, o que el panismo le tendió la alfombra a la firma de arrendamiento de barcos y mantenimiento de plataformas marinas para recibir contratos por 40 mil millones de pesos en 12 años.
Por lo pronto, al margen del ruido que producirá la defensa de los inculpados en relación con la laxitud de los contratos del banco, Banamex se encuentra a fuego cruzado.
De entrada, la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés), está por concluir su investigación sobre el caso, que pudiera derivar no sólo en una multa, sino en la solicitud de despido de los responsables de la supervisión de su filial en México por parte del Citigroup.
Y aunque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya concluyó la suya, que sirvió de base para la consignación de los presuntos implicados, le falta aún señalar el castigo y las multas correspondientes.
A ello habría que agregar que el Citigroup está realizando su propia investigación interna, tras inconformarse con la que realizó Banamex. De hecho, ya se contrató a un despacho de abogados para hacer la tarea.
El fuego, pues, es a todo flanco.
Ahora que, en lucha contra el tiempo, Banamex juega en dos mesas: en una impugna la resolución del juez Felipe Consuelo Soto, quien analiza la posibilidad de dar cauce en un concurso mercantil a Oceanografía, quien le exigió a Pemex entregarle a ésta los recursos derivados de los seis contratos en vigor, en lugar de canalizarles a los fideicomisos creados por el banco.
Banamex, en otro, pretende que se mantenga la empresa como negocio en marcha, con la posibilidad de venderla.
Si Oceanografía entrara al procedimiento en afán de ubicar la reestructura de sus débitos, Banamex tendría que aceptar una quita en sus colosales préstamos, en concordancia con el resto de los acreedores.
Peor aún, si se terminara el proceso con una declaratoria de quiebra, el banco deberá formarse en una cola que encabezarían los trabajadores, el fisco y los tenedores de bonos de deuda expedidos por la empresa.
Todo yo.
BALANCE GENERAL
La semana próxima se abre el periodo de recepción de solicitudes de inscripción para participar en la licitación para concesionar dos cadenas de televisión abierta en el país.
Estas serán analizadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para evaluar no sólo la solvencia financiera sino la técnica, en paralelo a las restricciones impuestas, como el mantener un espectro similar al de Televisa y Televisión Azteca.
Las reglas hablan también de que la inversión reclamada en materia de infraestructura se realice en un lapso inferior a cinco años.
La contraprestación exigida, como usted sabe, es de 830 millones de pesos.
En la lista de prospectos, con opción de alcanzar el 8.8 por ciento del mercado en un lapso de cuatro años, están dos cadenas de radiodifusión, Radio Centro, encabezado por Francisco Aguirre, y Radio Fórmula, de Rogerio Azcárraga.
Además, Manuel Arroyo, propietario del diario "El Financiero"; Roberto Alcántara, propietario de la línea aérea VivaAerobus, en sociedad con el grupo español Prisa, y el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, propietario de una cablera regional.
PEMEX SIN AIRE
Aunque se habla de que la posibilidad de convertirla en empresa productiva de Estado le daría autonomía y flexibilidad a Pemex, de aprobarse tal cual las leyes secundarias en la mesa del Congreso, ésta seguiría atada al cordón umbilical del Gobierno.
De entrada, si decidiera crear una filial, tendría que consultar con la Comisión de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, integrada por cuatro secretarías.
Más allá, la aún paraestatal no tendrá la posibilidad de adquirir libremente bienes y servicios, lo que la coloca en franca desventaja en materia de oportunidad frente a la competencia.
Y si le seguimos, la empresa no tiene libertad para licitar sus contratos. Los concursos deben ser sancionados por la Secretaría de Hacienda.
Más aún, en caso de una inconformidad se podría paralizar el proceso, lo que necesariamente provocaría la pérdida de la perspectiva y la coyuntura.
TIENDA DE ENFRENTE
De contratista de Petróleos Mexicanos, el Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco, pretende convertirse en su competidor.
Las plataformas marinas que mantiene la firma minera en el Golfo de México, vía su subsidiaria Perforadora de México, se utilizarían para su propio uso… en alianza con alguna petrolera extranjera.
En la ruta, la empresa está planeando una colocación de bonos de deuda para tener capital cuando se dé el banderazo de salida da la apertura.
La intención es adquirir tres plataformas más, una para instalarla en aguas profundas y dos para someras.
La inversión prevista es de 271 millones de dólares.
