Paradojas de la vida: Aunque la única posibilidad del Sector Salud para hacer frente a una creciente demanda de fármacos modernos para una población que envejece, enfrentando enfermedades más sofisticadas, se sustenta en los medicamentos innovadores, la mayoría de los organismos de salud pública rechaza la alternativa.
De acuerdo a una encuesta realizada por la firma consultora para la industria farmacéutica IMS Health México, el 71% de los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social rechaza la posibilidad de la actualización de su cuadro básico.
Y aunque en el ISSSTE el porcentaje llega a sólo el 24%, lo cierto es que en sus compras no se incluyen tantos fármacos de ese tenor.
De hecho, durante el periodo de enero del 2008 a septiembre del 2013, el organismo bajó 60% la inclusión de innovadores, al punto de que en el 2012 sólo incluyó un antibiótico en dos presentaciones bajo la molécula de levefloxacino.
Este año no se ha incluido molécula alguna.
En el caso del IMSS, del 2012 al 2013 se cayó un 46% la inclusión de medicamentos modernos en el cuadro básico.
Si entonces se llegó a 24, el año pasado sólo fueron siete.
El problema es que aunque en el país se invierte cada año en salud el equivalente al 6.2% del Producto Interno Bruto, el 53% se aporta en forma privada ante la desconfianza en que se entreguen las medicinas adecuadas, lo que vuelve aún más urgente la exigencia de prepararse para un eventual giro de 180 grados.
El porcentaje contrasta brutalmente con el 38% del promedio de América Latina, en cuyo caso el 62% del gasto recae en el presupuesto público.
La diferencia, en el caso de los países afiliados a la OCDE, es aún más dramática. sólo el 27% es gasto privado. Lo demás corre a cuenta de los gobiernos.
Ahora que el gasto en América Latina equivale al 7.4% del PIB, en tanto en la OCDE llega al 9.6.
Lo grave del caso es que de acuerdo a otra encuesta de la firma encabezada por Héctor Valle, en el 2012 la principal razón por la que una persona no fue al médico es por el factor económico.
El problema, decíamos, es que la población está envejeciendo, y con ello las enfermedades se vuelven más sofisticadas o de más difícil tratamiento. Si en 1990 el 12% de la población era mayor de 50 años, 20 años después el porcentaje había crecido al 17%.
Se calcula que para el 2050 alcance el 42.
En el marco, si las tres primeras causas de muerte en 1990 eran diarrea, infecciones del tracto respiratorio inferior y complicaciones por parto prematuro, en el 2010 son diabetes, cardiopatía isquémica y enfermedades renales crónicas.
Naturalmente, la posibilidad de tratamientos reclama medicinas más modernas.
Y aunque la Comisión Federal para Prevenir los Riesgos Sanitarios ha dado el sí a una gran cantidad de fármacos innovadores, la posibilidad no se ha reflejado en el cuadro básico nacional.
En el escenario, envejecidos también el IMSS y el ISSSTE, están creciendo los grupos hospitalarios privados y la presión para que las instancias de salud pública subroguen la prestación de sus servicios.
En la ruta, además, la contratación de seguros de gastos médicos se ha duplicado en la última década.
El público no confía en la efectividad de los medicamentos ofrecidos.
De 75 nuevas moléculas que han llegado al país y han sido aceptadas por la Cofepris, 16 no han sido incluidas en el sistema público de salud.
Mientras el gobierno pugna por la posibilidad de salud pública universal, crece la preferencia hacia los servicios privados, en la paradoja de que decrece a su vez la posibilidad de los mexicanos para utilizarlos.
Medicinas viejas para enfermedades nuevas.
Se empantanan el IMSS y el ISSSTE.
BALANCE GENERAL
En paralelo a la presión del sector privado para que en los contratos que se firmen con empresas multinacionales para compartir la renta petrolera, se incluya una cláusula que garantice un mínimo de 25% de contenido nacional, la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo plantea un trato similar en materia de inversión.
Estamos hablando de que los consorcios que se integren tengan un mínimo de participación de empresas nacionales.
El porcentaje sería de 30%.
La intención, naturalmente, es que las firmas nacionales no se conviertan en simples subcontratistas.
El caso más patético en el pasado fue el de la refinería de Cadereyta, en cuya reconfiguración y modernización participó un consorcio integrado por la empresa coreana SK y la alemana Siemens… dejándole apenas una participación de 5% a lo que entonces era Tribasa.
Las firmas utilizaron un 6% de contenido nacional, con la novedad de que los coreanos importaron al país insumos de su país del doble uso, es decir, casi chatarra.
POSTORES BALINES
Durante años existió la sospecha de que varios de los postores que se acercaban al supuesto rescate de Mexicana de Aviación eran "balines", es decir, su intención era sólo "mosquear" la mercancía para hacer tiempo para agotar los plazos del concurso mercantil y declarar en quiebra a la compañía.
Saboteadores profesionales, pues.
En el largo desfile se presentaron 33 postores, cuyas gestiones se alargaban tres o cuatro meses en lo que, a su juicio, se estaban transfiriendo fondos para garantizar solvencia.
La sorpresa es que, soslayados los "cachirules", ahora, de un manotazo en la mesa la juez que declaró justo la quiebra de la compañía aérea, Edith Alarcón Meixueiro, prepara una denuncia contra uno de los que se acercaron a su escritorio, bajo el supuesto de presentar documentación falsa en respaldo de su intención.
De acuerdo a la togada, existen documentos en los que las firmas difieren entre sí, lo que constituiría un ilícito.
El problema es que la empresa a quien se acusa es justo la que demandó a la juez Alarcón por declarar la quiebra sin esperar que se agotara el procedimiento de comprobación de la existencia de recursos etiquetados, lo que ocurrió horas después del albazo para declarar la muerte de Mexicana.
¿TÚ TAMBIÉN BC?
En signo de que también en Baja California hace aire, cuatro empresas participantes en una licitación convocada por la entidad federativa están presentando sendas solicitudes de amparo contra el resultado de ésta, por considerar que se violó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado.
Las empresas se quedaron con las ganas al cancelar la Secretaría de Planeación y Finanzas el concurso de la discordia para suministrar 81 mil 276 juegos de placas vehiculares.
La sorpresa llegó cuando el contrato se le adjudicó por la vía directa a la compañía Lazos Internacionales, con la novedad de que no tiene registro como fabricante de los insumos ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El costo será de 16 millones 436 mil pesos, lo que representa un 7% más de los 15 millones 408 mil que se pagaron el año pasado por el mismo número de placas.
El diseño y el acabado es idéntico.
A la convocatoria habían acudido empresas como el Grupo Industrial DLV, Troquelados e Impresos, Placas Realzadas y Tornos, todos ellos con papeles en regla.
Albertobarrancochavarria0@gmail.com
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