Bajo la perspectiva de equilibrar la balanza, dada la posibilidad de las multinacionales que le compiten de financiarse por la vía bursátil, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias está planteando la posibilidad de que Petróleos Mexicanos, y eventualmente la Comisión Federal de Electricidad, coticen en la Bolsa Mexicana de Valores.
Bajo el marco de empresa pública por la pulverización de su capital, Pemex tendría una serie de comités, incluido el de auditoría, remuneraciones de negocio, medio ambiente y seguridad, en la mira de crear un gobierno corporativo.
La alternativa se había barajado en la última reforma energética, sólo que bajo el marco de una emisión de papeles neutros con precio accesible para el gran público, cuyo principal tenedor, prohibida la posibilidad de inversión extranjera, serían los fondos de inversión de las administradoras del ahorro para el retiro.
Los valores, aunque referidos a un porcentaje del capital de la empresa paraestatal, no tendrían posibilidad de darle voz y voto a los tenedores.
La iniciativa, pese a su aprobación por el Congreso, naufragó ante la imposibilidad de ofrecer un rendimiento que hiciera atractivos los papeles, al margen de la fluctuación en su costo en el mercado de dinero.
De dónde saldría el premio, cuando la empresa pública navega con números rojos.
El escenario pese a la condición de empresa productiva de Estado de Petróleos Mexicanos, sería idéntico de cara a la nueva propuesta.
De entrada, las reglas del mercado bursátil exigen que una emisora cuente con un mínimo de cinco años de utilidades para poder enlistarse.
Condenado Pemex a mantenerse bajo un régimen impositivo de carácter confiscatorio, aún bajo su nuevo status, no tiene perspectiva de obtener rendimientos, por más que éstos sean colosales antes del pago de impuestos.
En paralelo, quién le apostaría a una empresa que navega en el escenario de quiebra técnica al pesar en la balanza más sus pasivos que el valor de sus activos.
El primer paso para un real equilibrio, pues, sería que el gobierno se hiciera cargo de los formidables fardos que arrastra la empresa, empezando por el faltante de recursos para pensiones y jubilaciones de sus 180 mil trabajadores, cuyo monto alcanza un billón 200 mil millones de pesos.
Ahora que el panel de expertos del organismo creado en memoria del banquero Manuel Espinosa Yglesias, plantea además que se defina con claridad el concepto, calcado de Canadá, de empresa productiva de Estado.
La pregunta que plantean los profesionales consultados por la instancia académica, es si seguiría un régimen administrativo o se constituiría uno mixto de gobierno público, pero con prácticas internacionales. De hecho, se sugiere la posibilidad de un órgano similar a la junta de gobierno del Banco de México, cuyos miembros están al margen del poder, incluidos los partidos políticos.
Dada la condición de riesgo de la industria energética, al tenor para las empresas productivas de Estado es propiciar consejos que trabajen armoniosamente, de forma independiente.
La recomendación habla, entonces, de que no sea un secretario de Estado el que presida el Consejo de Administración.
En la ruta, los participantes, entre ellos Luis Fernando Pascal, Jorge Alejandro Chávez Presa, Miriam Grunstein y Bernardo De la Garza, plantean independizar a Pemex del Presupuesto de la Federación para darle una auténtica autonomía financiera y presupuestal.
De no darse el paso, se advierte, será imposible que la empresa pueda competir en el mercado.
Pemex en la pelea… nacida para perder.
BALANCE GENERAL
Aunque el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, sostiene que existe consenso entre los legisladores sobre el 99% de las leyes secundarias en telecomunicaciones, lo cierto es que el uno por ciento restante incluye los puntos más polémicos. La posibilidad de dictamen se ha vuelto misión imposible.
El desacuerdo en la oposición perredista y panista alcanza temas como la preponderancia, en un escenario en que se pretende que ésta se defina en función de la actividad concreta en un mercado, es decir, por un lado la televisión abierta y por otro de la de paga, y desde otro ángulo se integre la actividad conjunta de radiodifusión. El escenario, evidentemente, favorecería a Televisa.
En paralelo, se plantea laxar el esquema de interconexión, para obligar a la competencia de Teléfonos de México a construir al menos una parte de su infraestructura.
En el mismo tenor se plantea que se reduzca de dos años a 18 meses la supervisión a empresas predominantes, en cuyo escenario se les cancela la posibilidad de integrar nuevos servicios a su canasta.
La alternativa, en este caso, favorecería a Telmex en su intento de entrar a televisión.
Desde otro ángulo, está la pretensión de restarle facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para dárselas a la Secretaría de Gobernación, en paralelo a permitir el que las radiodifusoras comunitarias y sociales puedan comercializar su tiempo.
En la ruta, se pretende extender del 25 al 33% del tiempo sin la posibilidad de recibir publicidad por parte de las empresas de televisión abierta. El juego de intereses, pues, a todo lo que da.
TELEVISA EN UN VOLADO
Rechazada por "notoriamente improcedente" la posibilidad de que la Suprema Corte atrajera una solicitud de amparo de América Móvil y Telcel contra la reforma de telecomunicaciones, específicamente su declaración como firmas predominantes en el mercado de telefonía fija y móvil, Televisa sigue en la pelea.
Su argumento es que sus servicios de radiodifusión solo alcanzarían un espectro de 33.8% a la llegada de las nuevas cadenas de televisión abierta, y de 42.2 en este momento. En la lógica, pues, no hay dominio a nivel nacional en cuanto a su capacidad.
De aceptar al juez de la causa y posteriormente el tribunal de alzada que revise la solicitud de amparo, la empresa de Emilio Azcárraga Jean se salvaría de la declaración de predominante, es decir, de la exigencia de una regulación asimétrica.
BANAMEX EN EL CALLEJÓN
Aunque la investigación realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no ha derivado aún en una sanción pecuniaria ni en la imposición de un esquema preventivo, de acuerdo a ésta sí hubo negligencia, complicidad y laxitud de Banamex en el caso de Oceanografía.
La intermediaria soslayó los manuales que reclaman prudencia al otorgamiento de préstamos de factoraje, apoyándose a un contrato, marco que garantizaba el cobro de facturas a Petróleos Mexicanos hacia su causa, vía un fideicomiso.
De acuerdo a éste, la paraestatal tenía contratos que garantizaban la recuperación total de los 585 millones de dólares en riesgo. La omisión apunta hacia la auditoría interna del banco y, naturalmente, sus comités de riesgo.
Aunque se expidieron órdenes de aprehensión contra 10 exfuncionarios del banco, de los 11 renunciados, ninguno de ellos ha sido capturado.
