En cumplimiento del rito anual que le obliga a ofrecer su propio diagnóstico de salud financiera de cara al Ejecutivo y al Legislativo, el Instituto Mexicano del Seguro Social entregará la semana próxima el documento respectivo en la tenue esperanza del ahora-sí se ubiquen las salidas del túnel.
El ejercicio, iniciado durante el sexenio zedillista, cuando los focos rojos empezaban a parpadear, llega en la coyuntura del nacimiento del movimiento "Yo soy 17", en cuyo escenario están saliendo a flote las graves carencias del organismo en relación a la falta de insumos y la escasez de camas y médicos para empatar la demanda.
Colocado en un escenario de quiebra técnica, hete aquí que lo único que ha recibido el organismo de salud pública son aspirinas frente al cáncer, es decir, la posibilidad de utilizar supuestos remanentes de algunos fondos para tapar los boquetes de otros.
Así, se le permitió paliar sus colosales faltantes con el supuesto sobrante del Fondo para cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales… cuyos recursos se agotaran el año pasado.
Y si bien en la emergencia, durante el 2011, la Ley de Ingresos de la Federación le autorizó transferir excedentes de los recursos financieros y actuariales de los seguros de invalidez y vida y riesgos de trabajo para alimentar las reservas del seguro de enfermedades y maternidad, de acuerdo a un estudio de Consultores Internacionales éstas se extinguirán en el 2016.
Estamos hablando de una rebanada de 67 mil 372 millones de pesos.
En la ruta, además, con la reforma fiscal se planteó la modificación de cuatro artículos de la Ley del Seguro Social que en el terreno práctico representarían incrementar las cuotas patronales para enfrentar el formidable boquete en materia de reservas para atención médica a jubilados y pensionados y el seguro de enfermedades y maternidad.
El planteamiento hablaba de crecer la aportación patronal del 1.08 al 2.8 por ciento del salario-base de cotización, pero manteniendo la de los trabajadores en 0.325 y la del Estado en 0.075.
La alternativa, que habría implicado modificar el artículo 25 del ordenamiento, referente a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, además del seguro de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía o edad avanzada y vejez, se quedó en el congelador.
En éste se ubica también una iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados para reformar el artículo 27 y derogar el 32 de la Ley del Seguro Social, lo que implicaría empatar las exenciones que se fijan en la Ley del Impuesto sobre la Renta con las previstas en el propio ordenamiento.
La homologación le habría permitido al organismo tripartita obtener cuatro mil millones de pesos adicionales, que se etiquetarían para equipamiento.
Hasta hoy, también, se mantiene en el paréntesis una iniciativa del vicecoordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, de crear una comisión de análisis para evaluar las salidas del IMSS frente a su triste realidad financiera.
La exposición de motivos hablaba de severos riesgos financieros que ponen en entredicho la viabilidad de la instancia en el corto plazo.
La comisión estaría integrada por expertos, académicos, financieros y representantes patronales y de los trabajadores.
De acuerdo al último Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social, éste arrastraba un faltante de reservas para enfrentar las jubilaciones y pensiones de sus 360 mil trabajadores, de 1.9 billones de pesos.
En paralelo, hasta 2010 el déficit financiero del organismo alcanzaba el escándalo de 3.6 billones de pesos, equivalentes al 28.2% del Producto Interno Bruto de entonces.
En el documento de 2011 el IMSS convocaba a realizar un debate "serio e informado" en el que participarían el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y la sociedad en general.
El llamado cayó en el vacío.
Otra vez el rito ¿Otra vez el fiasco?
BALANCE GENERAL
Aferrado al poder que ha mantenido por años, el presidente de la cooperativa Cruz Azul, Guillermo Álvarez, le colocó una nueva zancadilla a quienes lo relevarían en el cargo, incluida la posibilidad de un nuevo Consejo de Administración.
El directivo, a quien por disposición judicial sustituirá Armando Valverde, no entregó la documentación reclamada por éste para complementar el cambio de estafeta. La presunción es que sigue ocultando documentos comprometedores de malos manejos.
Bajo la gestión de Álvarez la cooperativa desactivó sus fines sociales al crear al menos media docena de empresas con perfil de sociedades anónimas.
El descontento de los corporativistas ha provocado la presentación de 14 denuncias penales en contra del personaje, en una de las cuales se le acusa de entregar el 51% de una de las empresas a Banorte, en pago de un adeudo, sin dar visto al pleno de la asamblea.
SE AMPARAN SINDICATOS
Sordas las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la propia juez que dictó la quiebra de Mexicana de Aviación, Edith Alarcón, a las protestas de los sindicatos de la línea aérea contra la imposición de un síndico que enfrenta un conflicto de interés, están recurriendo al amparo.
Como recordará usted, el nombramiento de administrador de la quiebra apuntó a Alfonso Ascencio, quien había sido abogado de la línea aérea Volaris y hasta entonces se mantenía como su representante ante la Cámara Nacional de la Industria Aeronáutica.
De acuerdo a los sindicatos, la posibilidad es que el síndico incline la balanza a la hora de rematar los bienes de la empresa hacia la causa de la competencia.
ALSEA YA
De acuerdo a lo previsto, ayer por la mañana la empresa franquiciaria Alsea colocará en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores una oferta pública accionaria, cuyo monto alcanzaría seis mil 900 millones de pesos.
Parte de éste se utilizaría para liquidar la deuda contraída por la operación de compra de los restaurantes Vips.
La firma de los hermanos Torrado maneja firmas como Starbucks, Dominos Pizza y Burguer King.
SIGUE LA REPRESIÓN
Aún el cumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que obliga a reponer el procedimiento de consulta para otorgar la Manifestación de Impacto Ambiental, al haberse soslayado el interés de la tribu yaqui para construir el acueducto Independencia, el gobierno de Sonora, encabezado por Guillermo Padrés Elías, sigue criminalizando a los opositores a éste.
Se acaban de dictar órdenes de aprehensión contra dos voceros de la etnia: Mario Luna y Tomás Rojo, a quienes se les imputa privación ilegal de la libertad, robo de un camión y ataques a las vías generales de comunicación.
Los yaquis bloquearon carreteras en protesta por la violación de un decreto presidencial que les otorga exclusividad sobre las aguas del río Yaqui.
El acueducto corre del fértil valle del Yaqui a Hermosillo, extrayendo 80 millones de metros cúbicos del líquido al año.
El gobierno local soslayó otras opciones para aliviar la sed de los habitantes de la capital de la entidad federativa, desacatando en el camino al menos seis amparos que exigían parar las obras.
RELEVO EN CONSAR
Finalizada la gestión de José Luis Barros Horcasitas, se acaba de nombrar como nuevo presidente del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria a Mauricio Soriano Ariza, vicepresidente de la Casa Domecq.
El organismo, como usted sabe, vigila los mensajes comerciales de las empresas productoras de alimentos y bebidas, para evitar distorsiones sobre la calidad de éstos o plantear falsas expectativas de cara a los niños.
La Conar ha creado un código de ética.
