En un insólito que marca un precedente, el Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito le enmendó la plana a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje al abrir la ruta para declarar la suspensión del status laboral de los trabajadores de nuevo ingreso de Aeroméxico, mientras se ventila un amparo de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación
La última palabra del asunto, derivado de un Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica, la dará la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien lo atrajo hace unas semanas.
Como recordará usted, la autoridad laboral le dio la razón a la línea aérea frente a su reclamo de que el contrato colectivo de trabajo en vigor colocaba en peligro su viabilidad.
Derivado de ello, se expidió un laudo el 20 de agosto del año pasado, por el que se permitía a la empresa modificar las condiciones de contratación para trabajadores de vuelo de nuevo ingreso.
En el terreno práctico, se plantea un diferencial en materia de salarios de 40 por ciento; se eliminan prestaciones; se reduce ayuda para despensa, aguinaldo, vales de gasolina, bono de asistencia…
Inconforme con la resolución, el organismo sindical encabezado por Ricardo del Valle presentó una solicitud de amparo, en paralelo a otra para que se suspendiera en el entretanto al acto reclamado, lo que fue rechazado por la Junta Federal de Conciliación… tras haberlo aceptado previamente.
El escenario habla de un contrato B para sobrecargos de nuevo ingreso, cuyo diseño lo hizo la empresa en la fase previa a la presentación del Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica, sin opción para que opinara el organismo sindical.
El asunto deja de ser un conflicto más entre un sindicato y una empresa, si consideramos que podría representar un precedente en el escenario laboral del país. Bajo el argumento de que las prestaciones a los trabajadores colocan en peligro a una empresa, se podría levantar una cascada de demandas similares para modificar contratos colectivos de trabajo.
El procedimiento previsto en la Ley Federal del Trabajo lo había ejercido en su momento Mexicana de Aviación, con el mismo resultado. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo que permitía la implementación de un contrato B para trabajadores de nuevo ingreso, que sería impugnado por la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación por la vía de un amparo.
El organismo había logrado una suspensión provisional del acto reclamado, cuando llegó la salida de las pistas de la empresa.
La resolución del Tribunal Colegiado que declara fundada la queja de ASSA enmendó una contradicción de la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, cuyo presidente había admitido la suspensión el seis de diciembre del año pasado, con la novedad de que cinco días después daría marcha atrás.
El órgano de justicia desechó, en paralelo, una solicitud de Aeroméxico para mantener vivo el laudo, alegando que no había afectación alguna a los trabajadores con plaza previa a la resolución, y que se mantenía intacta "la precaria situación financiera" de la empresa.
En su alegato original Aeroméxico, en realidad Aerovías de México, hablaba de un cambio drástico en la industria aérea a partir de 2006, con la aparición de las empresas de bajo costo y la liberación del mercado del transporte aéreo, principalmente entre México y Estados Unidos, lo que permitió la penetración de mayor número de empresas extranjeras, además de la suspensión de las operaciones de Aerocalifornia y Aviacsa en 2009 y Mexicana de Aviación en el 2010.
La creciente oferta, según ello, le impedía aumentar sus tarifas.
El revés a la línea aérea se suma a otro que llegó la semana pasada vía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al amparar a 31 sobrecargos que habían sido despedidos en 2004.
La resolución no sólo ordena su restitución, sino el pago de salarios caídos.
En aquel año la empresa había cortado la relación laboral con 141 trabajadores de vuelo, quienes presentaron una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Éste se resolvió a su favor mediante un laudo del siete de septiembre de 2012, contra el que se amparó la empresa.
El asunto llegó a la última palabra del máximo tribunal de justicia del país.
El sí o no definitivo para un contrato B en Aeroméxico lo dará también la Corte.
BALANCE GENERAL
Colocada en el ojo del huracán al hacerse pública una conversación con el exdirector de Pymes de la Telefónica México que opera la marca Movistar, José Gutiérrez Becerril, la diputada perredista Purificación Carpinteyro, enfrenta un triple play.
El partido que impulsó su candidatura ciudadana, a petición del exdiputado Marco Rascón, amenaza con desconocerla; el presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado, Javier Lozano Alarcón, solicita su salida del debate de cara las leyes secundarias en telecomunicaciones, lo que finalmente aceptó, y el linchamiento en redes sociales amaga con colocarle bola negra en la posibilidad de participar en un negocio relacionado.
La legisladora, en el sexenio pasado subsecretaria de Comunicaciones, caminó al filo de la navaja del conflicto de interés, lo que permitió darle docenas de interpretaciones a sus palabras. Que se comprobaba su liga con el magnate Carlos Slim, por más que el negocio que planteaba era a su costa, no con él; que pugnaba por leyes a modo para lograr aprovecharse de ellas…
La carrera de la diputada se inició al nacimiento de Iusacell. Contratada como abogada de ésta, su primer caso fue plantear una querella contra Teléfonos de México ante la Comisión Federal de Competencia, acusando a la empresa de utilizar subsidios cruzados para apuntalar las promociones que ofrecía Telcel para ganar mercado.
Después del procedimiento, Carpinteyro se iría una larga temporada a Brasil.
Ahora que lo trascendente es saber de dónde llegó la grabación ilegal de una conversación telefónica privada.
BALAZO EN EL PIE
De acuerdo a la Coparmex, durante los primeros dos meses del año, al fragor del nuevo escenario fiscal, desaparecieron de la escena o se escondieron en la economía informal ocho mil 600 empresas, cifra superior a las que murieron en el mismo lapso de 2009, al coletazo de la crisis de 2008.
La paradoja del caso es que el organismo culpa también a la Reforma Laboral, en cuyo escenario él mismo auguraba la creación de medio millón de empleos adicionales año con año.
Bajo esa misma base, se han multiplicado las inspecciones de la Secretaría del Trabajo.
ALSEA LA HIZO
Finalmente la principal franquiciaría del país, Alsea, logró colocar en el mercado bursátil una emisión accionaria que le permitió recaudar seis mil 900 millones de pesos.
El precio unitario de los 150 millones 800 mil acciones que se pusieron en circulación, fue de 45.25 pesos.
El recurso lo utilizará la firma de la familia Torrado para pagar parte de sus deudas, cuyo monto asciende a 13 mil millones de pesos.
Éste se duplicó a la adquisición de la cadena de restaurantes Vips, que pertenecía a Wal Mart.
BRILLA MÉXICO
Al fragor de la discusión sobre las leyes secundarias de la reforma en el ramo, acaba de surgir un nuevo organismo bajo el nombre de Brilla México, cuyo objetivo es informar sobre los beneficios de la eficiencia energética.
En su seno está asociaciones civiles como El Momento de México, Fondo para la Comunicación, Educación Ambiental, Las Páginas Verdes…
