Aunque su pasivo laboral, es decir, el faltante de reservas para atender jubilaciones y pensiones de sus 248 mil 831 trabajadores, alcanza el escándalo de 1.6 billones de pesos, equivalentes al 10 por ciento del Producto Interno Bruto, el Instituto Mexicano del Seguro Social presume de haber contenido por dos años la posibilidad de un colapso.
Este, de acuerdo al Informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre su situación financiera y riesgos, 2013-2014, llegaría en el 2016… de no ubicarse la salida de emergencia.
El documento ritual, cuya entrega anual se pactó durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, cuando el boquete alcanzaba 250 mil millones de pesos, plantea un panorama de recuperación, por más que las bocanadas de oxígeno no alcanzan a contener la asfixia.
Según ello, durante el año pasado se utilizaron sólo 11 mil 614 millones de pesos para cumplir las obligaciones laborales, frente a los 22 mil 755 del 2012, lo que significó un ahorro de ocho mil 385, frente a los 19 mil 526 previstos.
Sin embargo, las reservas para el régimen de jubilaciones y pensiones sólo crecieron en 180 millones de pesos, para ubicarse en 134 mil 940 millones.
Modificadas las reglas para jubilaciones y pensiones del organismo, planteando un escenario distinto para los trabajadores de nuevo ingreso, subiéndose los años de labores requeridos para el retiro; aumentando las aportaciones y reduciendo el monto a que tienen derecho los activos, se exigió a éste no realizar contratación alguna si no se tenía el resguardo correspondiente.
Aun así, la nómina ha crecido en 25%, principalmente en los renglones administrativos.
Abierta la posibilidad de jubilaciones laxas en el amanecer de la década de los 70, 27 años para las mujeres; 28 para los hombres, cubriéndose, prestaciones al calce, el 120 por ciento del último salario, con una aportación de sólo 3% del sueldo, el organismo dejó pasar 20 años sin preocuparse de construir las reservas respectivas.
Éstas se empezaron a contabilizar hasta el gobierno salinista.
La bolita de nieve, pues, se convirtió en alud.
Ahora que la reserva laboral no constituye el único problema del organismo. Sus boquetes alcanzan a los seguros de atención médica para jubilados y pensionados y de enfermedades y maternidad, entre otros, en cuyo escenario se empezó a financiar éstos con las reservas de fondos que presentaban superávit.
La noticia es que la práctica se logró frenar. Si en el 2012 se habían tomado 24.6 mil millones de pesos, el año pasado sólo se llegó a 11.6, es decir, 13 mil millones menos.
En paralelo si se considera el incremento inercial de la nómina del Régimen de Jubilaciones y Pensiones que alcanzó 2.2 mil millones de pesos, y el incremento salarial a los trabajadores activos, que a su vez llegó a 4.4 mil millones, el esfuerzo fiscal alcanza 19.6 mil millones, equivalente a medio punto porcentual del Impuesto al Valor Agregado en un año, y más de la mitad del presupuesto de la UNAM.
De acuerdo al documento entregado al Ejecutivo y al Congreso en el 2012, aún con el uso de las reservas el IMSS sólo podría extender los años de suficiencia financiera hasta el 2014.
De acuerdo al organismo, la fórmula mágica para evitar mayor sangría a los fondos sin problema se logró mejorando la productividad y eficiencia en los servicios; fortaleciendo la transparencia, en un marco en que el IMSS es uno de los tres principales compradores de bienes y servicios del sector público, y fomentando el cumplimiento de obligaciones de todos los actores.
Bajo esa última medida se logró un incremento de 6.9 mil millones de pesos, en términos reales, en los ingresos obrero-patronales.
En el escenario, se realizaron actos de fiscalización por 3.9 mil millones de pesos, cifra siete por ciento mayor a la del 2012, además de actos de cobranza por 2.5 mil millones, en este caso 10% más.
En paralelo, se realizaron ahorros de flujo de gasto de una sola vez, entre ellos la reducción de incentivos.
El Seguro Social recibió, pues, una bocanada de oxígeno.
La pregunta es si otra vez el diagnóstico se irá al archivo muerto.
BALANCE GENERAL
De acuerdo con un borrador de la resolución final del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre una denuncia que plantearon filiales de Televisa y Televisión Azteca de cara a una presunta concentración entre la televisora satelital Dish y Teléfonos de México, sí existen suficientes elementos de prueba.
Según ello las empresas son parte de un mismo grupo económico, lo que viola al título de concesión con que opera la telefónica, que le impide participar en el mercado de video, situación que no se comunicó a los inversionistas que le apuestan a las acciones de América Móvil, la matriz de la firma.
De mantenerse la ruta, por más que no exista precedente de versión previa en este tipo de litigios, el castigo sería estrepitoso.
De entrada, se exigiría la cancelación de la supuesta participación de la telefónica en el capital, imponiéndose en paralelo dos colosales multas. Una equivalente al 8% de los ingresos anuales de la empresa de video de paga y otra de 5% más por no haber notificado la concentración.
Dish ha reiterado que ésta sólo es una posibilidad a futuro, lo que notificó en su momento a la autoridad.
Según ello la presencia de Telmex se constriñe sólo a un escenario de carácter comercial, es decir, facilitar la cobranza.
Dish recibió hace unas semanas un oficio de presunta responsabilidad por parte del Ifetel.
ALSEA PREPAGA DEUDA
En cumplimiento al principal objetivo de su exitosa colocación accionaria, la principal franquiciaria del país, Alsea, pagó ya 82% del costo de la cadena de restaurantes Vips.
La firma encabezada por Alberto Torrado cubrió anticipadamente los créditos puente obtenidos con Banamex, Bancomer y HSBC.
El pago fue de 5 mil 200 millones de pesos por un tramo y de mil 500 millones por otro. El vencimiento de este último llegaría hasta el 2018.
TELEVISA EN EL CALLEJÓN
Aunque las posibilidades de obtener un amparo frente a la declaración de preponderante que le endilgó el Instituto Federal de Telecomunicaciones son escasas, pese a que éste reiteró que lo hizo con base al concentrado en el sector de radiodifusión, lo que le permite defenderse, Televisa alargará hasta el próximo viernes la información solicitada por el organismo de supervisión y vigilancia para compactar su infraestructura.
Esta es una de las exigencias que se le fijan, justo, a las empresas predominantes.
Los registros hablan de plantear una oferta pública en la que se ubique la capacidad total de sus instalaciones; las normas de seguridad para acceder a ellas; sus características técnicas…
La posibilidad de acceder a la red de la televisora está abierta para las empresas que obtengan una concesión para operar alguna de las dos cadenas de televisión que se colocarán en subasta.
SOSPECHOSISMO
En lo que representa una acción que despierta la suspicacia, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina acaba de adquirir 200 motocicletas modelo 2014 equipadas como motopatrullas a un costo cercano de 90 millones de pesos… lo que representa un 40% más de su costo de mercado.
La firma que recibió el contrato, Jet Van Car Renta, ofreció un precio unitario de las unidades más equipadas de 180 mil 750 pesos, cuando su precio de lista en el mercado es de 104 mil 780.
La licitación apuntaba a un solo proveedor, la Organización Motomex, quien le vende a la firma ganadora.
Lo curioso es que esta empresa también participó en el concurso, pero con una oferta más elevada, lo que resulta absurdo.
