Bajo el amparo de la interpretación sesgada de una resolución del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Laboral, Aeroméxico está desacatando una orden que le obliga a igualar salarios y prestaciones de 300 trabajadores de vuelo de nuevo ingreso con los anteriores, lo que revive la posibilidad de huelga. El desacuerdo con la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación es una secuela más del Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica planteado por la principal empresa aérea del país hace dos años. Como recordará usted, la requisitoria prevista por la Ley Federal del Trabajo cuando una firma considera que su contrato colectivo de trabajo coloca en peligro su viabilidad, se resolvió con un laudo a favor de la solicitante. Emitido éste el 20 de agosto del año pasado, se permitía la posibilidad para trabajadores de nuevo ingreso de aplicarles una suerte de contrato B, en cuyo escenario se les reducía en 60 por ciento la percepción; se anulaban algunas prestaciones, y se incrementaban las horas de trabajo. Impugnado éste por el organismo sindical, en afán de evitar un precedente en un escenario en que el mecanismo se había utilizado sólo cuatro veces en la historia, una de ellas frente al conflicto de las empresas inglesas y estadounidenses que explotaban el petróleo del país en 1938, hete aquí que el seis de diciembre del propio 2013, la Junta de Conciliación y Arbitraje declaró suspendidos los efectos del laudo, en tanto se ventilara el procedimiento judicial planteado por ASSA. La sorpresa, sin embargo, es que días después el propio organismo metería reversa. Ante la inexplicable maniobra, el sindicato recurrió al Tribunal Colegiado, quien decretó la validez de la primera resolución dictada y avalada por el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El pasado dos de julio ésta le pidió a Aeroméxico acatar la sentencia. Sin embargo, la empresa le dio otra interpretación a ésta, asumiendo que permitió dejar las cosas como están, es decir, aunque le ponía un paréntesis al futuro, se mantenía vivo el contrato B bajo el cual se habían contratado, a partir de septiembre del año pasado, a 300 trabajadores. Urgida la empresa por ASSA para abrir una mesa de trabajo que permitiera negociar la incorporación de los nuevos sobrecargos al escenario del contrato original, la respuesta la planteó el director Ejecutivo de Talento y Relaciones Institucionales de Aeroméxico, Sergio Allard Barroso. Textualmente, tras señalar que la empresa es y siempre ha sido respetuosa de las decisiones de los trabajadores y de las autoridades laborales del país, el funcionario señaló que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ordenó, entre otras cosas, “manténganse las cosas en el estado en que se encuentran hasta el día de hoy, en consecuencia los sobrecargos (de nuevo ingreso) les aplican los términos y condiciones laborales en que fueron contratados”. La paradoja del caso es que Allard Barroso invita al sindicato a instalar las mesas de trabajo que resulten necesarias “con el fin de alcanzar un acuerdo de fondo sobre el asunto”. El desencuentro llega en momento en que las relaciones entre el sindicato y la empresa, tras varias amenazas de huelga por violaciones contractuales, se habían normalizado. Como usted sabe, el punto final del asunto lo pondrá en la mesa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha ejercido ya su poder de atracción. Por lo pronto, el escenario es idéntico al que se planteó en su momento cuando Mexicana de Aviación recurrió al esquema de Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica, obteniendo también un laudo favorable… que frenó en aquel entonces el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Laboral. Aeroméxico en desacato.
BALANCE GENERAL
Dígase lo que se diga, la maraña de intereses creados en Oceanografía sigue causando estragos. De pronto resulta que hay dos negociadores para la venta de la empresa. Desde un ángulo Petróleos Mexicanos y desde otro el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, en un escenario en que mientras la empresa pública pretende vender en retazos, el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda plantea una oferta integral. Los presuntos compradores andan de la ceca a la meca De Herodes a Pilatos. En la pretensión de Pemex se busca que la empresa venda por separado los barcos que están pignorados, la mayoría de ellos fuera del país. Estamos hablando de los llamados Caballo Marango, Caballo Maya y Don Amado, además del colosal OSA Goliath. Las navieras quedarían en manos del grupo del grupo R de Ramiro Garza Cantú, de Diavaz y del empresario David Martínez Guzmán, un inversionista de Monterrey ligado a la empresa sueca Seadrill y su filial, México Dragon. Desde el otro lado, la pretensión es no colocar en riesgo a ocho mil 600 plazas, lo que sería imposible, por más que le levantaran la suspensión a Oceanografía para recibir contratos con la paraestatal, sin el concurso de los barcos.
MÁS PISTAS…
Aunque la decisión definitiva se dará en octubre, el escenario frente a la asfixia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México plantea ampliar su horizonte, es decir, construir dos pistas anexas que permitan el despegue y aterrizaje simultáneo de aviones. No habrá, pues, nuevo aeropuerto. La zona en que se ubicará el adendum es la que ocupaba el lago artificial Nabor Carrillo de Texcoco, cuyas tierras son federales. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuenta ya con bosquejos de diseño para aprovechar parte de la infraestructura existente, por parte de despachos como el del prestigiado arquitecto Teodoro González de León; Norman Foster, Gensler y Pascal &Watson. La duración de la obra podría trascender al sexenio. Por lo pronto, se construirá una segunda pista en el aeropuerto de Toluca para amortiguar la posibilidad de colapso, con una inversión de 800 millones de pesos.
CIERRAN ACUEDUCTO
Finalmente, a presión de la Comisión Nacional del Agua, bajo la posibilidad de ser acusada por desacato, el Gobierno de Sonora, encabezado por Guillermo Padrés Elías, cerrará hoy el acueducto Independencia, que trasvasa agua del río Yaqui, concretamente de la presa “El Novillo”, hacia Hermosillo. La posibilidad llegó tras una serie de amparos de la tribu Yaqui. El asunto dividió a Sonora, en un escenario en que el Ejecutivo local se negó a ubicar otras salidas frente al problema de abasto del líquido en la capital, afectando a una zona que se considera granero del país, el fértil Valle del Yaqui, donde se produce el 25 por ciento del trigo que se consume en México. El gobernador desacató varios amparos de los productores locales, desde el anuncio de la obra a costo multimillonario. De entrada, hubo uno en contra la falta de consulta a los afectados para la Manifestación de Impacto Ambiental; otro contra la licitación para la obra; otro más contra su avance… En el escenario se persiguió a los inconformes bajo cargos de evasión fiscal y ataques a las vías generales de comunicación, en medio de una guerra de desplegados, marchas de 50 mil habitantes en la zona afectada; bloqueo de carreteras… El punto final del asunto la colocará la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
MALOS PASOS
A denuncia de media docena de empresas constructoras, la Procuraduría General de la República investiga aAlfonso Galindo, a quien se acusa de cobrar cuotas por el tema de emplazamiento, a título de representar organizaciones obreras. El denunciado presume de una relación cercana con Carlos Salazar Douglas, quien trabaja para Dicter Siller, presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
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