La sorpresa la dio ayer la Corte de Apelaciones de Estados Unidos al ratificar una resolución de un juez de Nueva York que desestimó una demanda interpuesta por Petróleos Mexicanos contra la empresa alemana Siemens y la coreana SK Engineering, a quienes acusaba de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, conocida como RICO.
La pretensión de la aún empresa paraestatal era ubicar elementos para soslayar una resolución del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que le obligaban a indemnizar a las firmas con 500 millones de dólares.
De pasadita, Petróleos Mexicanos exigía una indemnización de mil 500 millones de dólares.
La exposición de motivos hablaba de que éstas, constituidas en un consorcio para reconfigurar y modernizar la refinería de Cadereyta, habían encontrado vicios ocultos en el contrato convocado para la obra.
Sin embargo, en su alegato de descargo, Pemex aseguraba que se le habían entregado facturas apócrifas o absurdas para justificar gastos, en cuyo escenario se había sobornado a funcionarios para aceptarlas.
La paradoja del caso es que a finales del sexenio pasado los funcionarios salientes de la empresa pública habían dejado planchado el escenario para que ésta le pagara el recurso al consorcio denominado Conproca.
El cheque por 500 millones de pesos apareció en el escritorio del flamante director general de Pemex, Emilio Lozoya, quien ordenó una investigación para avalar o descartar la justeza del colosal pago.
La presunta existencia de acciones de favoritismo a la causa de las empresas a quienes había acompañado en la aventura como minoritaria Tribasa, hoy Promotora y Operadora de Infraestructura, conocida como Pinfra, obligó a colocar una demanda ante la Corte de Distrito de Nueva York.
El caso es que ésta rechazó la querella en octubre del año pasado, lo que obligó a replantear el reclamo ante la Corte de Apelaciones de Nueva York.
Este se planteó, justo, a título de apelación.
La historia se remonta hasta el sexenio zedillista, cuando las empresas recibieron un contrato por mil 618 millones de dólares, cuyo monto era imposible de igualar por cualquier empresa nacional.
De hecho, el nivel era 60 por ciento inferior al planteado por el grupo ICA.
El caso es que a la inauguración de las obras, al cinco para las 12 de finalizado el sexenio, éstas estaban notoriamente inconclusas, al punto de que las plantas no tenían capacidad de trabajar a un tercio de su infraestructura instalada.
El panorama era tan patético, que para probar una de las plantas se debió llevar petróleo crudo por barco desde el puerto de Dos Bocas, Tabasco.
Lo inaudito del asunto es que, aun así, meses después se firmaría por parte de Pemex el finiquito de los trabajos, en cuyo escenario se importaron materiales de segunda, al punto de cambiar dos veces las válvulas requeridas, además de emplear mano de obra gratuita por parte de 400 jóvenes que esa forma eludían su acuartelamiento por dos años para el servicio militar en su natal Corea.
Con el documento en la mano, el Consorcio Proyecto Cadereyta, presentó una serie de reclamos de gastos adicionales, que en conjunto planteaban pagos por 618 millones de dólares.
Ante la negativa de la paraestatal, el asunto se fue al Tribunal Internacional de Arbitraje, quien tardó tres meses en dar una resolución definitiva.
Esta ordenaba a Pemex cubrir 450 millones de dólares, más los intereses acumulados. El laudo desestimaba los reclamos que a su vez había colocado la paraestatal en la mesa, alegando daños y perjuicios.
El monto exigido era de 948 millones de dólares.
La resolución está aún en proceso de revalidación por los tribunales mexicanos, en cuyo paréntesis se planteó la querella en Estados Unidos, sustentada en una investigación realizada por la Securietes Exchange Comission, que hablaba de sobornos por parte de Siemens.
Perdió Pemex.
BALANCE GENERAL
Ante la intención soterrada del director general de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Alexandro Argudín, de abrir el escenario a la Quinta Libertad para operadores internacionales, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores acaba de realizar un minucioso estudio sobre el tema.
Como usted sabe, bajo el marco las líneas aéreas extranjeras podrían realizar vuelos de cabotaje, es decir abrir rutas de una a otra ciudad mexicana, en competencia con las nacionales.
El documento elaborado por la Secretaría de Asuntos Técnicos de la ASSA, encabezada por Francisco Gómez, documenta, paradójicamente, con cifras de la propia Dirección de Aeronáutica Civil, la desproporción de la medida.
De entrada, se señala, con el aval del Colegio de Pilotos, que en la década de 2003 a 2013 el sector aéreo nacional creció sólo uno por ciento anual, lo que colocó al país en el lugar 44 de 51 naciones en materia de conectividad aérea mundial.
En el mismo lapso la flota de aerolíneas comerciales disminuyó dos por ciento, en tanto el total de pasajeros transportados por empresas locales registró una caída de 2.4 por ciento, mientras el personal pasaba de 23 mil 983 a 18 mil 398, es decir se perdió el 36 por ciento de las plazas.
En el alerta, se está convocando a un foro para la semana próxima para analizar el estudio, con la participación a calce de las autoridades, industria turística y líneas aéreas nacionales.
PÉRAME TANTITO
A iniciativa de los senadores Jesús Casillas Romero y María Verónica Martínez Espinoza, ambos priistas, se está discutiendo un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a frenar sus intentos de emitir disposiciones administrativas que puedan contraponerse a una reforma a la ley que rige la materia.
Ésta se frenó en el Senado en marzo pasado, tras su aprobación por la Cámara de Diputados.
El punto fino del asunto habla de la posibilidad de los trabajadores de traspasar su cuenta de una administradora de fondos para el retiro a otra.
El caso es que en el paréntesis la Consar pretende dictar una serie de disposiciones entre las cuales se regularía el traspaso de las cuentas individuales, lo que a juicio de los legisladores únicamente generaría incertidumbre entre las instancias y afectaciones a más de 51 millones de trabajadores inscritos en el esquema.
Se podría dar el caso, pues, de que la línea no empatara con la reforma, lo que obligaría a un cambio en el corto plazo.
EMPLAZAN A AEROMÉXICO
Tensa nuevamente la relación entre Aeroméxico y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación al incurrir la empresa en desacato frente a la exigencia judicial de suspender la vigencia del contrato B para trabajadores de nuevo ingreso, ésta ya emplazó a huelga por violaciones laborales.
De no lograrse un acuerdo, las banderas rojinegras se extenderían el 15 de septiembre, justo cuando el público aprovecha el puente de independencia.
AZCÁRRAGA PARA EFECTOS
Aunque la creencia generalizada habla de una supuesta exoneración para el expresidente de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga Andrade, acusado de operaciones con recursos ilícitos y lavado de dinero, en realidad el amparo obtenido por éste, de acuerdo al argot jurídico, fue para efectos.
La obligación del Ministerio Público Federal y el juez de la causa es reponer el procedimiento frente a supuestos vicios de origen, lo que podría derivar en una nueva orden de aprehensión… o el desvanecimiento total de la acusación. Como quiere que sea el asunto se resolvería por forma y no por fondo.
