En los próximos días el decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa expedirá lo que podría ser el punto final de un largo litigio que coloca en el centro del ring a una poderosa multinacional y a una pequeña empresa mexicana, colocándose como manzana de la discordia el uso de una marca para juegos electrónicos.
El episodio involucra a la empresa Sony Ericsson, hoy propiedad de Sony, y a una familia que encabezaba hasta su muerte el empresario José Manuel Somohano Silva, cuyos derechos los legó su hermana Lilian.
El eje de la disputa es la marca Playnow.
Esta fue registrada en el año 2000, concretamente el 24 de mayo, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, bajo el número G59364, en protección de servicios de uso y descarga de juegos de video a través de internet.
El caso es que cuatro años después Sony empezó a utilizar la marca como nombre de aplicación precargada a sus teléfonos celulares y su portal de descargas.
Percatado de ello, Somohano Silva planteó dos querellas en el 2010, ante la Procuraduría General de la República por lo que calificó como actos de piratería.
En respuesta Sony Ericsson interpuso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial un recurso para que se le anulara el uso de la marca a la empresa mexicana.
Simultáneamente, en el 2005 se inició un procedimiento de registro de la propia marca, que se ha estrellado en cinco ocasiones ante la negativa del organismo.
La posición del IMPI es que la marca Playnow es válida ante terceros desde el 24 de mayo del 2000, por lo que su uso por parte de Sony Ericsson es ilegal.
Lo curioso del caso es que la multinacional ha registrado la marca en todo el planeta, Europa, Asia, Estados Unidos… menos en México.
Estamos hablando de 150 países.
La sorpresa, sin embargo, es que el Tribunal Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa le dio la razón a Sony Ericsson en su reclamo de nulidad de la marca, en una resolución que fue impugnada por los Somohano por la vía de un amparo.
El sí o no es justo lo que resolverá el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
Desde la parte de la multinacional la defensa le ha ejercido el despacho Basham, Ringe y Correa.
Ahora que en el camino de dos años de la pelea en los tribunales ha habido filtraciones por parte de la Unidad Especializada en Investigación de Delito contra Derechos de Autor, que perjudicaron a la familia mexicana.
La unidad la encabeza Arturo Ancona García, a quien se liga con el despacho Ancona & Asociados, especializado en temas de propiedad intelectual.
José Manuel Somohano murió de cáncer de médula durante el litigio.
El asunto no es menor, dado que pone en juego el potencial de empresas multinacionales frente al aparato de justicia del país, de cara a compañías que prácticamente se juegan su patrimonio en litigios de larga duración.
La paradoja es que la tradición es que los gigantes acusen a las pequeñas de usurpación de marcas, no lo contrario.
La poderosa Sony Ericsson en el banquillo por el pirateo de una marca debidamente registrada en México en la fase previa a que la adoptara. David contra Goliat.
BALANCE GENERAL
Entre los yacimientos que se colocarán en licitación dentro del marco de la llamada ronda uno, se ubican el conocido como Plegado de Perdido, ubicado en aguas someras, que en su momento se planteó con un enorme potencial.
Además, está el campo de Chincotepec, en cuya exploración se había gastado Petróleos Mexicanos el inaudito de 160 mil millones de pesos en contratos a perforadoras internacionales.
El yacimiento produce apenas 47 mil barriles diarios, es decir, el 1.8 por ciento de la producción total del país.
Ubicado en terreno pedregoso, de cada 20 perforaciones sólo una sale efectiva.
Más allá, se ubican los de la Cuenca de Burgos, en cuyo escenario Pemex ha extraído por años gas natural, aunque en proporción mínima respecto de su potencial.
En los dos últimos casos la empresa le había asignado contratos por regiones a empresas productivas nacionales e internacionales, por ejemplo Diavaz, que hoy también ya son revisados.
El 14 de noviembre próximo se darán a conocer los preámbulos de la licitación, colocándose en febrero del 2015 los definitivos, para conocer el fallo en el segundo semestre del año.
TESTIGO AL BANQUILLO
Esbozada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos la posibilidad de llevar al banquillo a los acusados a la testigo social, Mónica Barrera, quien supervisó la licitación para asignar un contrato para el manejo de la tarjeta de peaje prepagada conocida como IAVE, el intento mantiene vivo el escándalo.
La empresa pública la acusó ante la Secretaría de la Función Pública, amenazando con que una vez dado el fallo de ésta, se procedería por la vía penal.
De acuerdo con Benito Neme Sastré, titular de la parte acusadora, la mujer no realizó profesionalmente su trabajo, desahogando, según ello, en tres horas la lectura de 300 documentos. Barrera detectó 14 irregularidades que aseguró no fueron tomadas en cuenta.
El asunto coloca otra vez a la instancia en terreno pantanoso, al desacreditar la tarea de los testigos sociales, que se ha reputado como garante de la legalidad de los procesos de cara a tirios y troyanos.
MINERO Y EMPRESARIO
De acuerdo a la Alianza Minera Nacional que encabeza Héctor Jiménez Coronado, el factor que influyó en la decisión del gobierno canadiense de darle la nacionalidad al líder minero Napoleón Gómez Urrutia, es su actividad empresarial en ese país.
La instancia que agrupa a 14 mil trabajadores disidentes del sindicato minero, señala que el hijo de Napoleón Gómez Sada, de quien heredó el puesto, tiene una cadena de restaurantes de comida árabe en Vancouver, en cuya sociedad aparece su esposa, Oralia Casso y su hijo, Emilio Gómez Casso.
Los establecimientos llevan la razón social Nuba Group.
Gómez Urrutia llegó al país de la hoja de arce aduciendo ser perseguido político, tras expedirse en el país una orden de aprehensión en su contra bajo la acusación de fraude con recursos que debían prorratearse entre trabajadores que sobrevivieron a la privatización de Mexicana de Cobre y Minera de Cananea.
La disidencia señala que el nuevo status de Gómez Urrutia no debe ser obstáculo para que el gobierno intensifique sus acciones para extraditarlo.
HUELGA DE HAMBRE
En afán de exigir su inclusión en el fideicomiso creado al interior de la empresa de mantenimiento MRO, que se desincorporó a favor de los principales acreedores de Mexicana de Aviación, es decir, el Banco Nacional de Comercio Exterior, Banorte y el aeropuerto capitalino, dos exsobrecargos jubilados de la empresa iniciaron una huelga de hambre. La protesta tiene como origen las quincenas atrasadas en el pago de su pensión.
El caso es que el escenario patético se irá extendiéndose al paso de los días, con grupos de 10. El campamento se colocó en Paseo de la Reforma.
