Aunque está abierta la posibilidad de librar a Petróleos Mexicanos del fardo de un faltante de reservas laborales de 1.7 billones de pesos, vía la modificación de su Contrato Colectivo de Trabajo, la acción equivale apenas a la colocación de una pieza en un colosal rompecabezas
El gobierno, en sus tres niveles, enfrenta casos similares para atender las solicitudes de pensión y jubilación de sus trabajadores en al menos 100 instancias bajo el cobijo de recursos públicos.
Bajada la cortina del ciclo de reformas por el presidente Enrique Peña Nieto, se quedó una vez más en el tintero un capítulo toral soslayado durante cinco sexenios.
El alud alcanzaba hasta hace dos años, de acuerdo al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, un déficit equivalente al 100% del Producto Interno Bruto.
Si le sumamos la deuda pública, cuyo monto equivale al 39.8% del propio PIB, además del 3.4 que representan los débitos de las entidades federativas con garantía en las participaciones que les otorga la Federación, estamos hablando del 143%.
La reciente crisis de Grecia, que estuvo a punto de llevar al país al colapso, estalló cuando sus pasivos llegaron al equivalente al 100% del PIB.
De hecho, estamos ya en el rango de los países europeos con serios problemas de deuda.
Descartados Petróleos Mexicanos, cuyo tránsito del dicho al hecho depende de que el sindicato acepte el incorporar a los trabajadores de nuevo ingreso al sistema privado de pensiones, con opción de integrarse voluntariamente a los actuales de menor antigüedad, y la Comisión Federal de Electricidad, que hace dos años dio el paso, aun cuando el gobierno no ha asumido el pasivo laboral, el tumor canceroso se extiende por todo el aparato público.
La parte más riesgosa está en el Instituto Mexicano del Seguro Social en un escenario en que, pese a la reforma al Contrato Colectivo decretada por ley hace siete años, mantiene un faltante de reservas que alcanza ya 1.8 billones de pesos.
En la lista están los bancos de desarrollo, los trabajadores públicos a nivel federal, estatal y municipal afiliados al ISSSTE que decidieron mantenerse en el sistema de obligaciones solidarias y en las universidades públicas.
La bomba de tiempo está activada desde los sexenios Echeverrista y Lopezportillista, cuando se modificaban los contratos colectivos sin calcular su costo a futuro… y a veces sin crear las reservas mínimas.
Del tamaño del problema habla el que el ramo 14 del presupuesto de gasto, es decir, al orientado a la seguridad social, ocupa ya el tercer lugar en importancia.
En el 2012, presupuestada una erogación de 362 millones de pesos, el monto final fue de 420 mil.
Y ni así.
Más aún, se calcula que la exigencia de recursos se incremente a 1.8 billones de pesos en el 2018, es decir, poco menos de la tercera parte del presupuesto actual, o si lo prefiere el equivalente al 5.2% del PIB.
De acuerdo a las proyecciones, para entonces el gasto en la materia consumirá uno de cada cinco pesos de recursos públicos.
Por lo pronto, si en el 2006 había tres millones de pensionados con etiqueta de servidores públicos, en el 2010 se llegó a 4.1, en un ritmo que calculan los actuarios se duplicará cada nueve años.
Y aunque ninguna dependencia pública cuenta con un diagnóstico integral, los planes públicos pensionarios estudiados hasta hoy registran pasivos por 3.3 billones de pesos… hasta el 2010.
Hace dos años, ante las cifras de escándalo, la Auditoría Superior de la Federación le exigió al gobierno una auditoría al desempeño del Sistema Nacional de Pensiones, cuyo resultado jamás se hizo público.
Desde el plano privado los diagnósticos hablan que de 100 sistemas pensionarios existentes en el país, sólo cinco están fondeados, es decir, crean recursos hacia el futuro, por más que éstos no alcanzan a solucionar a fondo los requerimientos.
"El de atrás paga", ha sido la tónica.
La reforma pendiente.
BALANCE GENERAL
Desatada la temporada de caza colocando en el centro del coto la cabeza del presidente del Banco Mercantil del Norte, Banorte, Guillermo Ortiz Martínez, se soslaya un análisis objetivo de la gestión como banquero privado del exgobernador del Banco de México.
En la balanza están en uno de los fieles la compra de la participación que tenía el capital extranjero en su administradora de fondos para el retiro, a la que integró la mitad del capital de la XXI del Seguro Social, lo que la convirtió en la número uno del sistema.
Con la integración del Ixe el banco logró una cartera de élite en materia de inversiones de alto rango.
En el otro fiel está la presencia de Banorte en la mayoría de los préstamos con problemas, ya Mexicana de Aviación, Oceanografía, las desarrolladoras Urbi, Geo y Homex…
En la ruta está el carácter explosivo del directivo, en cuyo escenario se han dado fricciones con la familia del fundador del banco, Roberto González Barrera, a quien le heredera éste su paquete accionario, además de algunos servidores públicos a quienes irritan las credenciales del personaje.
SE AGITA LA GALLERA
Aunque las encuestas no le dan mayor posibilidad de éxito, y aunque el PRI está barajando sus opciones de cara a que en la casa de enfrente, es decir, el PAN, se postule a una mujer, la alcaldesa de Monterrey, la posibilidad de que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, renuncie para pelear por la gubernatura de Nuevo León ha agitado la gallera… ¡en la Concamín!
La razón es simple: Los industriales la ven espolones a su presidente, Francisco Funtanet, de entrar al relevo, dada la relación que mantiene con el presidente Enrique Peña Nieto, por más que se dice que su corazón late hacia el Estado de México.
En el escenario, se barajan ya dos nombres como posibles sucesores, ambos vicepresidentes de la cúpula industrial. Estamos hablando de Giovanni Aloi y Raúl Rodríguez.
El problema es que el primero no produce, sino distribuye, y el segundo salió hace unos meses de la que había sido por años su casa y su causa: El Grupo Modelo.
En el fiel de la balanza están los poderosos empresarios de Monterrey, quienes propugnan por una Concamín más propositiva y atenta a los problemas del gremio.
GIGANTE YA
Finalmente, el grupo Gigante de Ángel Lozada logró hacer efectiva su oferta de mil 61 millones por una parte mayoritaria de la cadena de restaurantes California, y la totalidad de los que operan bajo la marca Beer Factory.
Las unidades serán rentadas por el dueño de los espacios, la cadena Comercial Mexicana dirigida por Carlos González Zabalegui.
Los establecimientos no incluidos en el paquete están dentro de un esquema que apunta a la creación de una división inmobiliaria.
Como le habíamos comentado, ésta se orientará a la búsqueda de un comprador ajeno a las tiendas.
SE CAYÓ SABA
Como lo anticipábamos la semana pasada, finalmente se cayó la operación por la que Casa Saba vendería su división de distribución de medicinas y publicaciones a los fondos Pharma Equity Global y World Global.
La transacción se había pactado en cuatro mil 500 millones de pesos.
Las compradoras no quisieron arriesgarse a un eventual problema legal, dado que los activos están en un pleito por la sucesión del fallecido dueño de la empresa, Moisés Saba Raffoul.