En noviembre de 1992, cuatro años después de la llegada al poder del presidente Carlos Salinas de Gortari, había fiesta en la casa del empresario Rómulo O'Farrill, con asistencia de la mayoría de los integrantes del poderoso Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. El brindis era en honor de Jorge Larrea Ortega, quien acababa de ser notificado como ganador de una de las mil privatizaciones.
La Secretaría de Hacienda le levantaba la mano como vencedor de la pelea por la Minera de Cananea, hoy Buenavista del Cobre, la principal productora del ramo del país, cuyas raíces se remontaban hasta 1897.
En manos de una firma estadounidense, la empresa había inscrito su nombre en la historia de México, al fragor de una brutal represión a una huelga de trabajadores que pisoteó la soberanía nacional al pedir el auxilio de "rangers", es decir, policías rurales del vecino país, quienes dispararon sin misericordia sobre los trabajadores.
El precio pagado al Gobierno, nuevo dueño de la mina, por el hombre de negocios que había incursionado en el ramo al comprarle algunas de sus minas a la firma American Smelting and Refining Company, y había adquirido una parte de la mina La Caridad, hoy Mexicana de Cobre, era de sólo 465 millones de dólares… la cuarta parte del valor calculado por los analistas.
Más aún, el empresario cuya carrera se forjó a la vera del magnate siderúrgico Bruno Pagliai, fundador justo del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, había logrado que el Gobierno cancelara el oneroso contrato colectivo de la empresa, cuyo valor se calculaba en 10 mil millones de pesos, a cambio de otorgarles a los trabajadores que se mantuvieran en escena tras la privatización, el 5% de las acciones de la compañía.
Meses después, Larrea Ortega adquiriría la totalidad de la mina La Caridad, pagando por ésta casi 680 millones de dólares, la tercera parte de su valor, lo que lo convertía en el "rey del cobre".
El compromiso, cancelado otra vez el contrato colectivo de trabajo cuyas cláusulas eran tan generosas como la ambición política de los administradores que llegaban a las empresas propiedad del Gobierno, era el mismo.
Las minas se integraron en el llamado Grupo Minero México.
Al final del sexenio salinista, cinco años antes de morir, Jorge Larrea Ortega le cedería el control de las acciones a su hijo mayor, Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, a quien había nombrado previamente como miembro del Consejo de Directores del emporio, y luego vicepresidente.
Para entonces el compromiso de ceder parte del capital a los trabajadores que se mantuvieran en la empresa luego de ser indemnizados, estaba en paréntesis.
Debieron pasar cinco años para cumplirlo… a medias.
No habría papeles sino dinero en efectivo, colocándose el precio del porcentaje requerido sobre la base del costo de las empresas a la privatización. El monto fueron 55 millones de dólares que se depositaron en un fideicomiso del entonces banco Comermex, quien se convertiría en el Scotiabank.
Para entonces el Grupo Minero México se había convertido en el quinto productor de cobre del país.
Germán Larrea aparecía ya en la lista de ricos más ricos del planeta de la revista "Forbes", con una fortuna calculada en mil 200 millones de dólares, que hoy alcanza 17 mil.
Acuñada la fortuna del fundador del emporio al amparo del gobierno del presidente Miguel Alemán Valdez, el manto lo recogerían Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, en cuyo sexenio se tendió un blindaje sobre el emporio a la vera de la explosión en la mina Pasta de Conchos de Coahuila, que provocó la muerte de 65 mineros.
Sólo permitió el Gobierno el rescate de dos cadáveres.
La feria de accidentes se mantuvo invicta e impune durante el gobierno del presidente Felipe Calderón.
Ahora que, emitida una resolución de la Comisión Federal de Competencia, hoy de Competencia Económica, que le prohibía a Germán Larrea concitar dos de los tres troncales en que se había dividido a su privatización a los Ferrocarriles Nacionales de México, el del Centro (Ferromex) y el del sureste (Ferrosur), meses después la dependencia colocaría la reversa.
Y el "rey del cobre" no ha tenido mayor problema con la compra hostil del 27% de las acciones del Grupo Aeroportuario del Pacífico como parte del paquete B colocado en los mercados, como tampoco lo tuvo al adquirir la cadena Cinemark, en adición a su cadena Cinemex de salas cinematográficas.
En los albores del sexenio, colocada en la mesa una iniciativa para imponer nuevos gravámenes a la explotación de minas en afán de revertirlos en comunidades afectadas, Germán Larrea amenazó con cancelar sus inversiones.
CONGELADA
La varita mágica, el talismán de la suerte se empezó a disolver tras el derrame de 40 millones de metros cúbicos de sulfato de cobre que soltó Buenavista del Cobre sobre el río Bacanuchi, en cuyo escenario se culpó originalmente a la naturaleza.
Del cielo al infierno.
BALANCE GENERAL
Empresas como Kansas City Southern, Bouderleas Consunting Group y Ferrovalle Intermodal, se quejan de rudeza innecesaria por parte de la Administración General de Aduanas sobre los llamados Recintos Fiscales Estratégicos.
La instancia encabezada por Alejandro Chacón está verificando procesos, pese a que las firmas han demostrado operar en concordancia con la ley y los compromisos pactados en contratos de comodato con el Servicio de Administración Tributaria encabezado por Aristóteles Núñez.
Los RFE se crearon con el propósito de agilizar el ingreso o salida de productos del país al eximir a cargamentos de revisiones en aduanas fronterizas o marítimas, que se realizarían finalmente en aduanas intermodales o puertos internos.
Del tamaño del malestar se habla de tirar la toalla, es decir, devolverle al Gobierno las concesiones.
Las terminales intermodales afectadas se ubican en San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México y Monterrey.
Estas son de capital privado.
FRENAN COMTELSAT
Por un aparente incumplimiento de un contrato pactado con Pemex Refinación, la empresa Comtelsat fue inhabilitada por tres meses para recibir contratos por parte del gobierno federal.
La sanción fue hecha pública vía el "Diario Oficial".
La firma, propiedad de Manuel Arroyo, es una de las siete que pelean por las dos concesiones para operar cadenas de televisión abierta que está licitando el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
TIRADOR PARA IUSACELL
De acuerdo con la agencia de noticias Bloomberg, la empresa japonesa Softbank estaría interesada en participar como socio de Iusacell, la tercera firma de telefonía celular en el país. Como usted sabe, hace unos días el grupo Salinas, encabezado por Ricardo Salinas Pliego, adquirió el 50% del capital de la compañía que estaba en manos de Televisa.
Tras la operación se habló de que llegaría a la firma un nuevo socio con clase global. Se había hablado originalmente de la Telefónica de España, vía su filial en México, que opera como Movistar, quien hace unas semanas había hecho pública la pretensión de comprar la mitad de Iusacell que tenía Televisa.
