Desatada una formidable ofensiva de cabildeo por las empresas estadounidenses Kansas City Southern y Union Pacific, finalmente el Senado dobló las manos a la posibilidad de abrir el transporte ferroviario de carga bajo la figura de permisionarios en uso de vías concesionadas
Aprobado el jueves de la semana pasada el dictamen de la minuta enviada por los diputados, ayer el pleno le dio el sí a las modificaciones, regresando el documento a la Cámara de origen.
El principal argumento, en cuyo escenario se volvió lobbista el expresidente Ernesto Zedillo, consejero hoy de Union Pacific, en cuya acción se amenazó con llevarlo a juicio político, fue que debía respetarse el esquema de la privatización realizada durante el gobierno de éste.
La concesión, divididos los Ferrocarriles Nacionales de México en tres troncales, se pactó a 30 años, cuyo vencimiento llegará en el 2024.
El alerta hablaba de la posibilidad de amparos a nivel interno y reclamaciones en tribunales internacionales alegando cambio de reglas.
La posibilidad de que empresas cementeras, acereras, mineras y demás crearan sus propias líneas ferroviarias la alimentaban dos argumentos: el que los concesionarios mantienen el mismo tejido de vías que se diseñó desde la época de Porfirio Díaz, y el que el transporte ferroviario de carga haya tenido un crecimiento raquítico, alcanzando un incremento de 20 % en el año 2000 y de 26 en 2006 manteniéndose estable desde entonces.
Sin embargo, las empresas Ferromex y Ferrosur, aliadas con Union Pacific, comprobaron un crecimiento de 112 % en carros y de 98 % en toneladas kilómetro y toneladas movidas, lo que a su juicio los ubica por encima de los ferrocarriles más grandes del mundo, así la propia firma estadounidense y Burlinate Northen Santa Fe.
La carta colocada en la mesa del cabildeo hablaba de inversiones por cuatro mil 811 millones de pesos. En el caso de las vías, el argumento hablaba de que éstas son propiedad del gobierno, a quien corresponde en tal caso su expansión.
De hecho, con recursos públicos se está construyendo un libramiento para la capital de Zacatecas.
El mismo alegato que empleó en su momento la empresa estadounidense concesionaria del Ferrocarril Chiapas Mayab, cuyas vías se colapsaron al paso de un huracán, abriéndose un largo litigio sobre quién debía hacerse cargo de las reparaciones. En el paréntesis la empresa abandonó la concesión.
La reforma congelada varios meses en el Senado, había provocado una serie de denuncias de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero que hablaban de pérdida de competitividad ante las altas tarifas de las firmas que manejan los troncales y los derechos de interconexión.
Concretamente se hablaba de que los cobros para el transporte ferroviario de carga son entre 37 % y 58 % más onerosos que en Estados Unidos, además de cuotas exageradas por derecho de paso.
Según ello el aumento más pesado lo ha sufrido Cementos Mexicanos por sus envíos a Ciudad Obregón, Sonora, con 90.1% por más que en el caso de la acerera Ternium el costo de sus envíos a Manzanillo se ha incrementado en 95.28%.
Para Altos Hornos de México los envíos hacia el Valle de México se han incrementado en su costo desde el año 2006 en 87.28 %.
El hecho es que en la presión se logró la creación de una Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuya principal acción será garantizar la interconexión.
En paralelo, se crea el Fondo Nacional de Seguridad para Carros Ferroviarios. La bala les pasó rozando a los concesionarios.
BALANCE GENERAL
Acusándolos de atentar contra el equilibrio ecológico en el país, un grupo de ONG ha iniciado una guerra contra el Consejo Coordinador Empresarial y la Concamin, a quienes acusan de frenar el dictamen de la Iniciativa de Ley de Transición Energética aprobada el jueves por comisiones de la Cámara de Diputados.
Los organismos como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Pro Natura, Centro de Análisis e Investigaciones, Fundación Desarrollo Sustentable, firmaron una carta abierta en la que acusan a las instancias patronales de interponerse para que México cumpla sus compromisos internacionales en materia de reducción de emisiones.
El cabildeo de la cúpula apunta a utilizar fuentes fósiles como el gas -incluido el shale- para alimentar mayoritariamente la matriz eléctrica.
Bajo el marco jurídico de la discordia se obliga al país a generar el 35 % de energías limpias al 2024.
Aunque en el papel a mayor depreciación del peso de cara al dólar más competitividad para el país en su incursión a los mercados internacionales, la ventaja es relativa, dada la fuerte dependencia de México en las importaciones temporales para la exportación.
Insumos caros para transformarlos en mercancías de exportación.
Ahora que la catarata de importaciones que inunda el mercado interno producirá un fuerte golpe a los bolsillos de los consumidores, generando una burbuja inflacionaria que vuelve incierto el pronóstico del Banco de México de cerrar el año con una tasa de 4 %.
Y si le seguimos, el nuevo escenario presiona contra la intención de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de otorgar un incremento a éstos de 4 %.
ARGUMENTO DE MERENGUE
"Balconeado" por el diario estadounidense "The Wall Street Journal" como beneficiario de un crédito otorgado por la empresa Bienes Raíces H&G, filial del Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa, para adquirir una casa de 7.5 millones de pesos en el Club de Golf Malinalco, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se enredó en sus justificaciones.
De entrada, habla de que utilizó a una firma sin registro para actuar como financiera porque era una persona "políticamente expuesta" para solicitar un crédito bancario.
Es decir estaba a punto de ser Secretario de Hacienda.
Sin embargo, mientras un banco le ofreciera un paquete similar al del resto de los usuarios, no habría tema para la suspicacia.
Como usted sabe, el Grupo Higa, constructora y financiera de la Casa Blanca de las Lomas, fue receptora de docenas de contratos de construcción en el Estado de México, en el que Videgaray fue Secretario de Hacienda.
Aunque la casa está incluida en la declaración patrimonial del funcionario, no se admite que se adjudicó con un crédito que luego se pagaría de golpe, según ello porque la casilla sólo mencionaba bancos.
PREGUNTAS A LA CFE
Lo que no explica la Comisión Federal de Electricidad en lo que califica de "precisiones" es si no hay conflicto de interés en la participación de Gabriel Holschneider como asesor en el equipo que le recomendó crear una empresa "cautiva" de seguros y de que presida en Barbados la empresa Rainmarker, que se dedica a realizar triangulaciones.
Llama la atención, además, de que se haya contratado al personaje a través de la empresa "Alternativas de Riesgos Agente de Seguros y Fianzas" de la que no es empleado.
La lógica apuntaría a que se hubiera contratado directamente a la empresa que representa, por más que ésta no tiene experiencia en el aseguramiento de plantas nucleares y en el sector energía en lo general.
¿No era mejor contratar a una empresa internacional de consultoría de seguros especializada en energía y de reconocido prestigio en el ramo para resguardar un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos?
