Colocada en trance de quiebra ante la falta de capital de trabajo, pese a que bajo el cobijo del concurso mercantil en que se le ubica se congelan las exigencias de pago de sus acreedores bancarios y tenedores de bonos de deuda, las señales apuntan en que habría un interesado en rescatar Oceanografía, la empresa Oro Negro
La firma se creó hace un año en la expectativa de la apertura petrolera, con apoyo financiero de los fondos Temarek y Arca.
Se habla, incluso, de que el conflicto interno que vive la firma, cuya virulencia se refleja en la participación de los tribunales, tiene como epicentro, justo, la posibilidad de la operación.
De realizarse ésta el presidente de la compañía, Luis Ramírez Corzo, quedaría fuera de la jugada, asumiendo el cargo el actual director general, Gonzalo Díaz White, hijo del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz.
La posibilidad no les gusta a los representantes de los fondos, quienes a su vez pugnan por sacar del cargo al hijo del hoy presidente de la Telefónica México, aduciendo que no cumplió las expectativas.
La presencia de Ramírez Corzo en Oro Negro-Oceanografía implicaría un escollo en la pretensión de la firma de ganar contratos no sólo con un Petróleos Mexicanos debilitado, sino de cara a las empresas extranjeras que vengan a realizar las tareas que tenía en exclusiva, dada su condición de exdirector de la empresa paraestatal.
El socio mayoritario de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, colocado en arraigo domiciliario bajo la comodidad de su casa de descanso en Acapulco, culpaba a Ramírez Corzo de haber orquestado una campaña en su contra cuando ocupaba el cargo, al relacionar la profusión de contratos que recibía la empresa arrendadora de barcos y experta en mantenimiento de plataformas marinas a un supuesto tráfico de influencias por parte de los hijos de la esposa del expresidente Vicente Fox, Martha Sahagún.
Oceanografía había entrado en un paréntesis tras el pleito entre su presidente y el entonces director general de Pemex.
Lo cierto es que el apetito por la empresa ha provocado una lucha interna en el gobierno. Petróleos Mexicanos frente al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en la pretensión de "ahorcar" a la firma para acelerar su quiebra.
Sin mandato judicial al calce, la que será empresa productiva de Estado al entrar en vigor la Reforma Energética, decidió pagarle a los acreedores las facturas pendientes de pago por la media docena de contratos que tenía Oceanografía antes de su suspensión. La prioridad fue para los bancos, por más que el único con cierto respaldo documental es Banamex.
La acción motivó la presentación de 13 demandas mercantiles por parte del SAE contra Pemex Exploración y Producción, de las cuales sólo dos se admitieron, culminando, como usted sabe, con una orden para que las facturas se pagaran a Oceanografía.
Los contratos pendientes de la empresa inhabilitada hasta el año próximo plantean compromisos de pago por tres mil 873 millones de pesos.
Las tareas pactadas se terminan en unos casos en noviembre de 2014 y en otros en septiembre del 2016.
Aunque oficialmente no se ha admitido el concurso mercantil, el juez de la causa, Felipe Consuelo Soto, ya nombró como síndico-administrador a Luis Alfonso Maza Ureta, y como apoderado a César Augusto Guevara Germán, ambos funcionarios del SAE.
Ellos fueron promotores de la demanda.
La ilegal maniobra de Pemex se inició desde antes del estallido del escándalo, cuando Banamex denunció el fraude que le había hecho la contratista de Pemex al avalar con papeles falsos un préstamo por 585 millones de dólares.
Los documentos reales respaldaban 185.
Lo raro del caso es que la operación haya cruzado todos los filtros de la intermediaria financiera, incluido el del Citigroup, cuyo Comité de Crédito debió sancionar ésta, dada su magnitud.
Por lo pronto Oro Negro, empresa en la que participa José Antonio Cañedo White, hijo del desaparecido presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Guillermo Cañedo, y primo de Gonzalo Gil White, tendría el respaldo de la infraestructura de Oceanografía en la búsqueda de contratos para trabajar en aguas profundas.
El volado está en el aire.
BALANCE GENERAL
La posibilidad de que se les otorgue una Manifestación de Impacto Ambiental a los inversionistas chinos y estadounidense que plantean un desarrollo turístico en Baja California con el nombre de Cabo Dorado ha provocado una movilización de grupos ecologistas en el temor de que se afecten los bancos de arrecifes ubicados en Cabo Pulmo, cerca de la zona.
El proyecto, al que se le destinarían 3 mil 606 millones de dólares, implica la construcción de nueve hoteles, una aeropista y tres campos de golf.
El intento, bajo distintos inversionistas, se plantea por tercera vez, ahora disminuido en relación con la pretensión original que incluía una planta desalinizadora de agua de mar.
La primera vez se presentó como Cabo Cortés.
En aquel entonces la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales había otorgado una Manifestación de Impacto Ambiental que sería revocada por decisión presidencial.
Ante la amenaza del grupo ecologista Greenpeace de colocar un barco con mantas de protesta frente al Centro de Convenciones de Los Cabos, donde se llevaría a cabo una reunión de jefes de Estado, el presidente Felipe Calderón decidió meter la reversa.
De acuerdo a la empresa Rivera Desarrollos, la posibilidad de Cabo Dorado sí cumple con el marco legal en materia del medio ambiente, al alejarse de la zona protegida.
La polémica está caliente.
NO DE LA CORTE
Reclamada, a solicitud de los abogados del presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez, la intervención de la Suprema Corte de Justicia para el punto final de un litigio que enfrenta con la cadena de tiendas Elektra, ésta rechazó la posibilidad.
La empresa propiedad del Grupo Salinas le reclama al directivo bursátil daños y perjuicios por declaraciones que a su juicio provocaron una caída dramática en la cotización de sus acciones en el piso de remates.
Téllez adelantó en un noticiario radiofónico que la emisora saldría del Índice de Precios y Cotizaciones, es decir, el listado de las emisoras que define el vaivén del mercado, cuyo sitio lo gana su movimiento, lo que se conoce como bursatilidad.
La pérdida virtual fue de varios cientos de millones, dada la cima que habían alcanzado los valores.
Elektra logró ampararse contra la medida, lo que le permitió mantener sus papeles en el indicador.
El exsecretario de Energía perdió el primer round ante un juez, con la novedad de que la resolución sería ratificada por un tribunal de alzada.
Y, aunque el punto final no llega aún, estando en trámite una apelación, la intención era que la Corte lo pusiera en el papel.
ÚLTIMA LLAMADA
Será, finalmente, un magistrado del Tribunal Unitario quien atienda la apelación planteada por los tres sindicatos de Mexicana de Aviación contra la declaración de quiebra que dictó la juez del concurso mercantil, Edith Alarcón.
La ruleta apuntará a ratificar ésta; a modificarla, o a revocarla.
En cualquiera de los dos últimos casos, ya no se podrá revertir la decisión de escindir del Nuevo Grupo Aeronáutico a la empresa de mantenimiento MRO, cuyas ganancias se turnarán a un fideicomiso para respaldar el pago de indemnizaciones a los trabajadores y la pensión de los jubilados.
