Aunque en el papel la apertura al capital extranjero para explorar y explotar pozos petroleros en México plantea una competencia equitativa con Petróleos Mexicanos, en la práctica el tratamiento fiscal será desigual. Dureza contra la futura empresa productiva de Estado. Tersura para las multinacionales
Mientras Pemex tendrá un régimen complejo y rígido, con una tributación pesada en materia de rendimientos, que en el argot se conocen como derechos, para empresas extranjeras se establece un escenario de pagos simplificado y directo.
De acuerdo al Centro de Investigación para el Desarrollo, quien realizó un amplio análisis de las leyes secundarias en la mesa ("¿Promete o no la Reforma Energética?"), existe además un pago de derechos para Pemex superior al de las contraprestaciones que se cobrarán a las firmas que reciban concesiones, lo que genera un régimen de competitividad distinto.
Más allá, las posibilidades de deducciones para efectos fiscales son diferentes. Mientras para las transnacionales o empresas privadas mexicanas se abre el abanico, para la aún paraestatal se cierra.
Y si le seguimos, sólo la Secretaría de Hacienda, a contrapelo de la promesa de que dejaría de asfixiar a Pemex, está facultada para determinar los derechos de asignaciones y establecer las prestaciones de contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, lo que plantea el riesgo de que se genere una visión estrictamente recaudatoria.
La paradoja del caso es que uno de los justificantes frente al tufo recaudatorio de la reforma fiscal era, justo, el que el fisco tendría que equilibrar la caída de la recaudación al someterse a Petróleos Mexicanos a un régimen impositivo más laxo… que en realidad será para las empresas privadas en pos de compartir la renta petrolera.
Ahora que los artículos 91 al 93 de la principal de las leyes secundarias señalan que el dividendo empezará a cobrarse en el ejercicio fiscal del 2016, cuyo monto mínimo será el equivalente al 30% de los ingresos después de impuestos de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, que se irá reduciendo hasta alcanzar el 15% en el 2021 y desaparecer en el 2026.
La pregunta es si la empresa pública aguantará hasta entonces sin estallar.
Lo cierto es que el trato es inequitativo, dado que en cualquier empresa, las mineras, por ejemplo, se calcula el cobro con base a los ingresos brutos de una empresa, no a los que resulten después del pago de impuestos.
La fórmula es contraria a las reglas establecidas por el derecho privado.
Desde otro ángulo, la forma es que se reglamenta la creación de la Reserva del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo podría generar la tentación del gobierno para utilizarlo en el financiamiento de gasto corriente.
Según ello la Secretaría de Hacienda podría utilizar los recursos cuando llegara una abrupta caída de los ingresos tributarios petroleros en términos reales con respecto al año anterior.
Dicho con todas las letras, si Pemex no empata las metas de recaudación por una caída intempestiva en el precio internacional del petróleo, el gobierno se equilibrará "a lo chino".
Y Pemex que se friegue.
Ahora que, como advertíamos la semana pasada, no existe claridad en las propuestas de leyes secundarias sobre el destino de la colosal deuda que arrastra Pemex, cuyo faltante de reservas para hacer frente a las jubilaciones y pensiones de sus 160 mil trabajadores alcanza el equivalente al 12% del Producto Bruto Nacional. Estamos hablando de dos billones de pesos.
La pregunta es si la intención, de plano, es desaparecer a la empresa que surgió de la expropiación cardenista de 1938 a las compañías extranjeras remisas de la ley.
BALANCE GENERAL
Ratificado por el Inegi el raquítico 0.6% de crecimiento económico del país en el primer trimestre del año que había anunciado previamente el Banco de México, la Secretaría de Hacienda finalmente le metió reversa a su pronóstico para el año.
Vaticinada en tres por ciento por los analistas, la nueva expectativa, de la dependencia fue más allá: 2.7, es decir 1.2 puntos debajo de su 3.9 inicial.
Lo interesante del caso es que aun cuando se coloca por delante un menor dinamismo en la economía de los Estados Unidos, se aceptó finalmente que la reforma fiscal golpeó severamente al mercado interno y las inversiones.
La postración no la pudo sacudir un sobreejercicio de las partidas de gasto público durante los primeros tres meses del año.
La gran pregunta, naturalmente, es si la dependencia se atreverá a la reversa rompiendo un pacto unilateral al que se excluyó a los organismos empresariales.
TELMEX EN LA NAVAJA
A denuncia de las televisoras, tras hacerse públicos documentos, que en el papel comprometían a Teléfonos de México y la empresa de televisión satelital Dish en un escenario de sociedad accionaria, el Instituto Federal de Telecomunicaciones colocó a la primera en el banquillo.
Abierto un proceso en su contra, el colofón podría llegar con la cancelación del título de concesión en que opera la filial de América Móvil, por más que de entrada Dish tendría que volver a pagar derechos por la transmisión de canales nacionales de televisión abierta de Televisa y Televisión Azteca.
La razón es simple: La gratuidad, el famoso must offer y must carry, no priva cuando una empresa es ubicada como preponderante, como es el caso de Telmex.
La acusación apunta a que la compañía falseó la información que le entregó a la entonces Comisión Federal de Competencia cuando se colocó en el tapete la legalidad de la alianza.
Lo que Teléfonos de México había sostenido es que ésta era sólo de índole mercantil, es decir, Dish aprovecharía el potencial de cobranza de la firma para facilitar la captación de clientes.
El pago sería vía los recibos telefónicos.
PODEROSO CABALLERO
De acuerdo a un análisis realizado por la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, los 37 integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios influyen en el 28% del Producto Bruto Nacional.
El estudio ("La Elite Empresarial y la Economía Nacional: un análisis del Caso de Entrecruzamiento Corporativo"), desmenuza la participación en diversos Consejos de Administración de los integrantes del organismo encabezado por Claudio X. González, presidente de Kimberly Clark.
¿Y HEWLET PACKARD?
Colocado un espeso mar de silencio por parte de Petróleos Mexicanos, la única opción para saber a quién se le entregó un soborno de un millón de dólares para otorgarle un contrato de software a la empresa estadounidense Hewlet Packard es la habilidad de investigación de los legisladores que integran una comisión para investigar prácticas corruptas en la paraestatal.
El problema es que la pesquisa incluye a Oceanografía, caso al que se le está dando prioridad.
Como recordará usted, el escándalo nos llegó otra vez desde Estados Unidos, señalando que la firma habría obtenido 2.1 millones de dólares de ganancias ilícitas con la entrega del ilícito.
ALFA CON PEMEX
Frustrada la posibilidad en anteriores sexenios, en la coyuntura de la Reforma Energética el Grupo Alfa de Monterrey analiza la posibilidad de una alianza con Petróleos Mexicanos para explotar algunos de los complejos petroquímicos de la paraestatal, o abrir unos nuevos.
De hecho, se habla de que el conglomerado podría desinvertir en sus negocios de gas natural en Texas, para traer el capital al país.
