Lanzada una andanada legislativa sobre los concesionarios de los troncales de ferrocarriles de carga en el país, a quienes se acusaba de frenar la expansión de la red y obstaculizar la competencia entre ellos, sorpresivamente se congeló una iniciativa que amagaba con meterlos en cintura.
Estamos hablando de una reforma a la Ley Ferrocarrilera que planteaba la apertura indiscriminada a nuevas firmas que llegarían a escena a título de "permisionarias" para mover su propia carga.
El caso es que aprobada ésta por la Cámara de Diputados, la posibilidad del sí definitivo se atoró en el Senado, cuyo presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Javier Lozano Alarcón, la había calificado de "monstruosidad".
Lo cierto es que no fue éste quien le colocó el paréntesis, sino la presión de dos empresas estadounidense que amenazaban con llevar al país a un litigio internacional por violaciones a lo pactado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Las firmas son Kansas City Southern, quien mantiene la concesión para operar el troncal del Noroeste, que originalmente se le había concesionado a Transportación Ferroviaria Mexicana, filial de Transportación Marítima Mexicana, y Union Pacific, socio del Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco en el troncal del centro, que opera como Ferromex. La empresa tenía la concesión a su vez para operar el troncal del sur, originalmente otorgado a Tribasa, quien se la vendió al Grupo Carso del magnate Carlos Slim.
El alegato apuntaba a la violación del contrato que extiende la posibilidad de explotación exclusiva de las vías hasta el 2022.
Lo curioso del caso es que ni el Gobierno, ni el Senado, incluso ni las propias firmas ferrocarrileras que habían realizado una formidable campaña de cabildeo, dieron una explicación del asunto.
Total, el tiempo todo lo olvida. Como usted sabe, la privatización de los Ferrocarriles Nacionales de México se realizó en 1997, bajo el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, a quien se había acusado de cabildear contra la reforma desde su posición de integrante del Consejo de Administración de Union Pacific. El título de concesión otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vencía en 25 años.
La desinformación sobre la propuesta planteada por la bancada priísta en la Cámara de Diputados, hablaba originalmente que las vías cuya propiedad la mantiene la Nación, se utilizarían para transporte de pasajeros, lo que provocó un escándalo por parte de las concesionarias.
En la ruta, además, éstas lanzaron una campaña de reivindicación frente a los argumentos esgrimidos en la exposición de motivos de la reforma, colocando el énfasis en el cumplimiento de los compromisos de inversión.
Según ello, por ejemplo, Ferromex y Ferrosur habían tenido un crecimiento de 112 por ciento en carros y 98 en toneladas-kilómetro y toneladas movidas, lo que está por encima de los ferrocarriles más grandes del mundo, como la propia Union Pacific y Burlington Northern Santa Fe.
Sin embargo, en la coyuntura se metió la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, acusando a las empresas de provocar una gran pérdida de competitividad en el sector, ante las altas tarifas impuestas.
La disparidad de criterios provocó una guerra de desplegados, en los que cada uno exhibía sus propias cifras. Mientras el organismo empresarial hablaba de que los costos son entre 37 y 58 por ciento más caros que en Estados Unidos, además de tarifas exageradas en materia de derechos de paso, los acusados argüían que sus tarifas han crecido por debajo de la inflación, a pesar de que el costo del diesel se ha incrementado 379 por ciento a partir de la privatización.
El hecho es que la posibilidad de ratificación de la minuta aprobada por la Cámara de Diputados en el Senado se desvaneció de la orden del día, y no precisamente por las leyes secundarias de las reformas estructurales.
El freno se llama TLCAN.
BALANCE GENERAL
Enviados a la empresa de televisión satelital Dish por el Instituto Federal de Telecomunicaciones tres oficios en presunta responsabilidad por supuesto ocultamiento de información, el proceso correspondiente podría derivar en una colosal multa a la firma de la familia Vargas.
Su monto sería el equivalente al ocho por ciento de la facturación de un año.
La denuncia que motivó el procedimiento la planteó Televisa, tras exhibir públicamente una serie de documentos que planteaban algo más que una alianza comercial entre Dish y Teléfonos de México para efectos de cobro.
La empresa encabezada por Héctor Slim tendría parte del capital de la televisora satelital, en violación a su Título de Concesión.
El asunto, empero, se desahogará en seis meses, con posibilidad de que la empresa en el banquillo logre un amparo ante los tribunales especializados, pese a las restricciones colocadas en la mesa por la reforma constitucional en telecomunicaciones.
MULTITA A LA BOLSA
Aunque la Ley del Mercado de Valores plantea para estos casos la aplicación de una multa máxima de seis millones de pesos, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le tembló la mano para aplicarla, conformándose con algo más de la tercera parte.
El castigo, pues, para la Bolsa Mexicana de Valores por las 20 caídas del sistema generadas durante el año pasado, que entorpecieron las operaciones en el piso de remates, será de algo más de dos millones de pesos.
El cargo equivale a la pérdida que habría tenido uno sólo de los inversionistas al provocarse el desvanecimiento de la coyuntura.
La empresa había presumido en septiembre del 2012 que había realizado una fuerte inversión para modernizar el Motor de Negociación Transaccional, conocido como Monet.
Sin embargo, a partir de ahí se sucedieron las interrupciones.
La peor de ellas, el 19 de noviembre del 2012, alcanzó cinco horas de paréntesis, según ello ante la falta de una pieza que había adquirido la Bolsa con NYSC Tecnologyc.
El presidente de la Bolsa, Luis Téllez, había minimizado las fallas.
ALFOMBRA A BURILLO
Colocadas en la mesa dos ofertas para adquirir al equipo Querétaro de primera división, cuya propiedad mantiene la empresa Oceanografía en el banquillo, hete aquí que en el inaudito el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), rechazó la más alta.
Esta la había colocado en la mesa Televisión Azteca.
Bajo ese prisma, la alfombra se tendió para otro postor en la mesa, Alejandro Burillo Azcárraga, el propietario del Atlante, recién enviado a la segunda división.
Al parecer el Querétaro se colocaría la camiseta de éste.
Burillo es propietario del grupo Pegaso, quien operaba una firma de telefonía móvil, tras su salida de Televisa, luego de una pelea con su primo, Emilio Azcárraga Jean.
PALADÍN DE VIDEGARAY
Ahora resulta que no sólo el PRI defiende la actuación como responsable de las finanzas públicas del país de Luis Videgaray. También el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, se ha convertido en su paladín.
Aunque la propia dependencia reconoció que parte del bache económico del país lo explica el traumatismo de la reforma fiscal, para el líder empresarial se trata sólo de los efectos de un menor dinamismo en Estados Unidos.
La paradoja del caso es que el propio Centro de Estudios Económicos del Sector Privado había recomendado al funcionario, reconocer que el país se enfila a una fase recesiva.
