Ubicado como el proyecto estelar del gobierno foxista, cuyo barco naufragó en un mar de corrupción, provocándose un escándalo tan estridente como su lanzamiento, la Secretaría de Educación Pública está reviviendo la posibilidad de Eciclomedia, anteponiéndole la palabra nueva, en afán patético de diferenciarla de la anterior.
El problema es que en la posibilidad de resurrección del proyecto didáctico cibernético de corte foxista, la dependencia se podría tropezar con la misma piedra. La misma gata, sólo que revolcada.
Existe preocupación en el sector de Tecnologías de la Información de que a la licitación para un contrato de 100 millones de pesos se permita concursar a los empresarios Ricardo Orrantia y Javier Cordero, cabezas de los Grupos Altavista y Oracle de México, conocida hasta hace unos meses como Sun Microsystems.
A las dos, a los dos, se les investiga por supuestos malos manejos en su relación con proveedores, lo que se ubica como una de las causales de que el proyecto original, destinado para primaria y secundaria, se fuera a pique, al margen, naturalmente, de la incapacidad de los funcionarios que lo instrumentaron.
Se enviaron pantallas a lugares donde no había energía eléctrica.
El primer signo de que las cosas no marchaban derecho lo lanzó la Auditoría Superior de la Federación, al solicitarle a Ricardo Orrantia la devolución de 100 millones de pesos que estaban en el aire al no haberse entregado los equipos que en el papel proveería Microsystems.
Pese a la presión, las computadoras gigantes no llegaron nunca a la Secretaría de Educación Pública.
La denuncia más drástica contra la empresa la colocó hace unas semanas la Procuraduría Fiscal de la Federación, involucrando al empresario en una defraudación fiscal de 223 millones de pesos, derivada de un contrato de mil 500 millones de pesos otorgado a una subsidiaria del Grupo Altavista de razón social IT Arrendadora, en la que participaba como proveedora de los equipos la hoy Oracle de México. El contrato se firmó el 25 de octubre de 2006.
La querella colocada ante la Procuraduría General de la República habla de que la firma alteró registros contables y utilizó datos falsos para reducir sus contribuciones fiscales.
Concretamente se habla de simulación de contratos entre empresas del grupo para deducir supuestos gastos.
Existen en la mesa dos vertientes de erogaciones que no logró justificar Orrantia Cantú: una de 222 millones 900 pesos, que según se le facturó falsamente a Interconecta, y otra de 380 millones 600 pesos a favor de Microsystem.
El truco se realizó al dar la Secretaría de Educación Pública por concluido el contrato antes de tiempo, circunstancia que aprovechó la firma para exhibir supuestos pasivos a título de gastos no recuperables.
Yo ya invertí.
Pactado a cinco años, el contrato comprometía al Grupo Altavista a entregar dos toners por impresora para las 28 mil 463 pizarrones electrónicos instalados en la capital del país, Tlaxcala, Coahuila, Nuevo León, Puebla, Morelos y Tabasco.
El esquema que en su momento provocó el aplauso de expertos en educación, la posibilidad de abrir el mundo de la información con un simple toque de dedo, se fue desvaneciendo ante denuncias de componendas, favoritismo, malos manejos y torpeza de los funcionarios.
La paradoja del caso es que la dependencia le dio innumerables largas al Servicio de Administración Tributaria para entregarle la documentación comprometedora, lo que provocó el retraso de la querella.
De acuerdo a las normas establecidas para licitaciones públicas, ninguna empresa que tenga cuentas pendientes con el fisco puede participar en éstas. Sin embargo, son decenas de casos en que las convocadas soslayan la certificación correspondiente.
¿Nos tropezamos con la misma piedra?
Nueva Enciclomedia.
Ayer, en el sigilo, se inició un cónclave de funcionarios de México y Estados Unidos para revisar el acuerdo bilateral en materia de aviación, en un escenario en que necesariamente rondará la exigencia de la contraparte del país de abrir un escenario de cielos abiertos.
Estamos hablando de la posibilidad de permitirse tareas de cabotaje, es decir que líneas aéreas del país de las barras y las estrellas abran rutas locales en competencia directa con Aeroméxico, Interjet, Volaris, VivaAerobus…
El peligro, naturalmente, es que de aceptarse la prerrogativa, al margen del daño a las firmas nacionales, se formaría una larga, larga lista de países que exigirían el mismo trato.
Actualmente se permite lo que se conoce como triple designación, es decir tres líneas aéreas por país, para efectuar vuelos internacionales desde ciudades como Acapulco, Cancún, Cozumel, Guadalajara, Huatulco, Ixtapa Zihuatanejo, Oaxaca, Puerto Vallarta y San José Del Cabo.
De incrementarse la posibilidad, las terminales aéreas harían explosión, ante la gran demanda de las plazas y lo reducido de la infraestructura.
En el resto de los destinos la alternativa es para cualquier empresa aérea.
El problema es que no ha habido reciprocidad, es decir la posibilidad de que a su vez tres líneas aéreas nacionales puedan volar de destinos locales del país del norte a México.
La salida de las pistas de Mexicana de Aviación volvió más crítico el asunto.
El primer convenio bilateral firmado data de 1960, a partir del cual se le han hecho revisiones en 1970, 78, 89, 91, 97, 99 y 2005.
En este último caso se trataron cuatro temas torales: Derechos de tarifas, conectividad y operación conjunta; liberación de vuelos, y liberación en capacidad.
El cumplimiento de los acuerdos no ha sido revisado, pese a lo cual se está hablando de la liberalización total.
Cielos abiertos. Líneas aéreas mexicanas a la quiebra.
OCEANOGRAFíA EN EL ESCAPARATE
Colocada de espaldas a la pared ante la falta de capital de trabajo y la imposibilidad de nuevos contratos con Pemex, el gobierno está buscando inyectar capital nuevo a Oceanografía para lavarle la cara y plantearla como una empresa distinta.
La inyección, naturalmente, vendría por la vía privada.
Aunque se descartó Oro Negro ante el pleito interno de sus socios que se ventila en los tribunales, dada la pretensión de los fondos que la financiaron de vender en cualquier momento a la firma, y aunque Blue Marine también se salió de la jugada, quedan media docena de postores.
Uno de ellos es el socio principal de Interjet, Miguel Alemán Velasco, quien tiene una participación accionaria en Transportación Marítima Mexicana.
Aunque el procedimiento está en marcha, el juez de la causa, Felipe Consuelo Soto, se ha negado a dar el banderazo oficial de arranque de un concurso mercantil o procedimiento de quiebra ordenada.
La primera resolución de éste, el exigir que Petróleos Mexicanos le pague las cuentas directamente a la firma, en lugar de los fideicomisos constituidos por sus acreedores, provocó una solicitud de amparo por parte de Banamex.
URBI EN LA LONA
Aunque su esperanza de salir del bache se ubica en la posibilidad de un concurso mercantil que le permita canjear deudas por acciones, Urbi se alejó de la alternativa de un acuerdo previo con sus acreedores al incumplir con el pago de abonos de su colosal deuda.
La promotora de vivienda tenía el compromiso de cubrir intereses por 56 millones 201 mil pesos.
Anteriormente Urbi incumplió el pago de otro compromiso similar, éste de cara a los tenedores de bonos de deuda, cuyas emisiones alcanzan mil 100 millones de dólares.
El monto era de 3.6 millones de pesos.
Albertobarrancochavarria0@gmail.com
Barrancoalberto@prodigy.net.mx
