Antecedente. En 2013 se facultó al Congreso de la Unión para expedir una legislación única en Materia Procedimental Penal.
Aunque se dijo que el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) Acusatorio empezaría a operar en La Laguna cuando se entregara el Cefereso de Gómez Palacio, las autoridades optaron por aplazarlo hasta junio para que esté acorde con el Código Nacional de Procedimientos Penales y no tener que iniciar juicios con el código actual y después tener que trasladarlos al federal.
Así lo informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Apolonio Betancourt Ruiz, quien dijo que la implementación del Nuevo Sistema en La Laguna sigue en proceso, "ahora lo que queremos es operar con el Código Nacional de Procedimientos Penales que establece ciertas modalidades importantes en el nuevo procedimiento", manifestó.
Refirió que este Código es, en un 85 por ciento, como el de Durango por lo que será la primera entidad en implementarlo. Asimismo, dijo que se requiere capacitar al personal por las diferencias semánticas procesales que tiene, por lo que 40 de los 60 días que se contemplan para su entrada en vigor en La Laguna, se utilizarán en capacitación.
Y es que el Congreso del Estado aprobó la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, en fecha 5 de marzo del año 2014, en el Primer Distrito Judicial del estado de Durango, conformado por los municipios de Durango y Mezquital así como las poblaciones de Tayoltita, San Dimas, Rafael Buelna, Guarizamey y Carboneras del Municipio de San Dimas. Sin embargo, en uno de los artículos transitorios se estableció que entraría en vigor hasta el 7 de mayo.
Para los restantes distritos judiciales, se estableció que en la medida de que se implemente el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se hará la declaratoria respectiva para la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual no deberá exceder del 18 de junio de 2016.
Entre los cambios que se plantean, Betancourt Ruiz refirió que será obligatorio que las víctimas estén asistidas; aunque no quieran, el Estado debe proporcionarles un asesor jurídico. Además de que los imputados tienen derecho a un defensor jurídico, también de manera obligatoria.
