Amparos. Centenares de amparos fueron promovidos por ciudadanos para la devolución del ISAI tras el error en código.
Fue un error en el Código Financiero de Coahuila el que dio paso a centenares de amparos promovidos en contra del pago del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI); algunos no fueron acatados en el tiempo establecido por parte del extesorero de Torreón, Pablo Chávez, por lo que hoy enfrenta una orden de aprehensión por ese motivo.
El error se trató de una omisión en la firma del exsecretario de Finanzas en el sexenio de Rogelio Montemayor, Antonio Juan Marcos Issa, que data de 1998 y provocó que centenares de ciudadanos se ampararan contra el pago del ISAI que cobran las alcaldías por una compra-venta.
El "vacío legal" fue solucionado por los legisladores el 5 de noviembre de 2013, después de la "lluvia" de amparos.
Durante la administración de Eduardo Olmos los recursos fueron más recurrentes. Entre 2011 y 2012 Torreón contaba con más de 150 amparos y para 2013 ya eran más de mil 264 demandas.
Por desacato a una sentencia de amparo emitida el 26 de diciembre del 2012 el juez tercero de Distrito en La Laguna en la que se ordena la devolución de un impuesto cobrado de manera ilegal a una contribuyente, el extesorero Pablo Chávez fue multado el 25 de julio del año pasado con 100 salarios mínimos, al igual que el exalcalde Eduardo Olmos.
Finalmente, el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna dictó orden de aprehensión contra tres exfuncionarios municipales; el extesorero Pablo Chávez Rossique, el exdirector de Catastro, Roberto Flores Zamudio, y el encargado de la Verificación Física del Catastro, Ángel Salas Rocha por no devolver a tiempo a un ciudadano el cobro indebido del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) en 2012.
La orden había sido dada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En rueda de prensa dada por Pablo Chávez Rossique el 12 de agosto pasado, el ex tesorero dijo que no tenía tiempo, gente que lo apoyara, ni dinero para pagar en tiempo mil 264 casos de demandas de amparo que se presentaron en 2013. Sin embargo, algunos incumplimientos datan de 2012 y ante el error, el impuesto no se debió cobrar, consideró la exsíndico de vigilancia, Natalia Virgil.
Según la resolución, propuesta por el ministro Jorge Pardo Rebolledo, los exfuncionarios podrían ser sancionados con penas de 5 a 10 años de prisión, una multa de cien a mil días, y la inhabilitación de 5 a 10 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.
