En plena elección para renovar el Congreso de Coahuila, los regidores priístas de Torreón hacen una confesión pública de sumisión al poder autoritario de un sistema que no respeta la Autonomía Municipal, y niegan el derecho de las ciudades de la Comarca Lagunera, de participar en las decisiones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, por voz y voto de sus alcaldes.
El Consejo de Desarrollo Metropolitano coordina los proyectos de los tres niveles de gobierno, en el área conurbada de La Laguna de Coahuila y Durango. Ante el diferimiento del proyecto del Metrobús y el retraso general que amenaza con esfumar el programa de obras prometido a Torreón para este año, resulta obvio exigir que los alcaldes de Torreón y de las demás ciudades de la metrópoli, participen con voz y voto en el Consejo de Desarrollo referido ya que en la actualidad, impera el absurdo de que sólo participan con capacidad de decisión, los representantes de Estado y Federación.
Frente al reclamo de los ediles de oposición, el alcalde Miguel Riquelme guarda silencio y sale Miguel Mery a defender la postura indefendible de negar el derecho de los Municipios, a ser representados de acuerdo a la categoría autónoma que como estrato natural de la sociedad corresponde a sus comunidades y por Derecho Constitucional se les reconoce.
No es raro que frente a tan vergonzosa postura que es síntoma de castración espiritual y física, suban de tono las voces que piden la creación del Estado de La Laguna, como alternativa para resolver el odioso centralismo que tiene a Torreón en la postración en que se encuentra.
El tema es que la creación del nuevo Estado, no sólo depende de la voluntad mayoritaria de la población de una veintena de municipios de Coahuila y Durango que están implicados. Es necesario además el apoyo de la Federación, en un procedimiento Constitucional que inicia en el Congreso de la Unión y aterriza en los Congresos de los Estados de que se trata. (Artículos 73 fracción III de la Constitución General de la República y 67 fracción VII de la Constitución de Coahuila).
Los candidatos de los partidos en competencia por el Congreso de Coahuila, no habían hecho pronunciamiento alguno al respecto; el PRI por virtud de que actúa como un poder autoritario, ajeno a la sociedad, y los partidos de oposición inhibidos por una campaña inoportuna, que irrumpió en el proceso electoral pidiendo anular el voto, como equivocada forma de promover la creación del nuevo estado, contaminando la elección, enfrentando a la sociedad consigo misma y ensuciando la propia legitimidad del Estado de La Laguna en provecho del Moreirato.
Los actuales candidatos del Partido Acción Nacional al Congreso de Coahuila, que han escuchado en campaña los reclamos de la población en contra del centralismo, dicen apoyar la creación del Estado de La Laguna y mientras tal objetivo es posible, se comprometen a luchar por la distribución equitativa de los recursos públicos, para acabar con el injusto abandono que afecta a nuestra ciudad y región.
Para sustentar la credibilidad de su compromiso, los candidatos del PAN citan el antecedente en virtud del cual, desde marzo de 2007 el entonces Diputado Federal Panista Carlos Bracho González, inició el proyecto de creación del Estado de La Laguna ante el Congreso de la Unión.
Con independencia de la promesa de campaña referida, para acometer la creación del nuevo estado, es condición indispensable que los torreonenses recuperemos nuestra dignidad cívica y las riendas de nuestro destino, eligiendo representantes al Congreso de Coahuila y autoridades ejecutivas en Estado y Municipio, que respondan a nuestras necesidades básicas como sociedad políticamente organizada y respeten la autonomía de cada nivel de autoridad en su respectiva esfera de competencia.
