El Congreso aprobó en 2012 la Ley Federal para La Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley contra el Lavado de Dinero (LLD), con el objeto de "prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita", que entró en vigor en septiembre del año pasado
Cualquier persona racional se embarca en una actividad o acción en la medida que los beneficios de la misma superen sus costos. Como toda actividad humana, la aplicación de la LLD tiene costos y beneficios.
Un primer vistazo parece indicar que nuestras autoridades no se tomaron la molestia de hacer esa evaluación. En su lugar, se dejaron llevar por la desesperación, ante su incapacidad de detener, mediante los medios tradicionales, el crecimiento de las actividades ilícitas y el crimen organizado en México.
Ello los llevó a aprobar una ley digna de un Estado totalitario más que de una democracia libre, con muchas deficiencias, así como costos muy superiores a sus beneficios esperados.
Una de sus deficiencias más visibles está relacionada con el arrendamiento de inmuebles. Con un ejemplo se muestra el desperdicio de tiempo y recursos con altos costos para los ciudadanos y que no reditúa beneficio alguno para el país.
Me refiero a la obligación de reportar cada mes o cada seis meses al mismo inquilino. Esto es todavía más ridículo en el caso de los bancos y otras instituciones financieras que rentan oficinas para sus sucursales.
Los bancos están vigilados por diferentes organismos gubernamentales, por lo que reportarlos como clientes de arrendamiento es redundante e impone un costo innecesario al arrendador. Es, sin duda, una tarea costosa en tiempo y recursos que no trae beneficio alguno en cuanto a la prevención o detección de actos u operaciones ilícitas.
En forma más general es fácil ver que el costo social de la LLD y de otros mecanismos de vigilancia similares, como son el monto máximo de operaciones con cheques al portador o en efectivo, así como el uso limitado de los dólares en el país, es de miles de millones de pesos.
Este costo incluye el presupuesto en personal, equipo e instalaciones para operarlos; así como el entorpecimiento de la actividad económica y los millones de horas hombre perdidas, algunas del todo innecesarias, que dedicarán los ciudadanos para primero, si son lo suficientemente afortunados, entrar al portal de prevención de lavado de dinero y, segundo, cumplir con los requisitos de la LLD.
El gobierno necesitará, además, dedicar tiempo y recursos para investigar todos los casos que según su sistema de detección, correcta o incorrectamente, concluya que debe ser investigado. Los que sean perseguidos tendrán que contar con ayuda legal, sean inocentes o culpables.
Estos sistemas de información crean, además, eventos poco probables, pero de un alto costo para la sociedad, entre los que destacan:
Personas con malas intenciones, como los hackers, pueden infiltrar y abusar de los datos que meticulosamente colecta y organiza el gobierno, o los mismos empleados gubernamentales utilizar esa información en formas perjudiciales para la ciudadanía.
Existe también el costo en pérdida de privacidad de los mexicanos, con el gobierno convirtiéndose en un Estado policiaco al espiar cada transacción importante que se hace e investigando a muchos ciudadanos inocentes.
El beneficio esperado puede ser, esencialmente, de dos tipos. Uno sería evitar que se realice la operación, como la venta de un automóvil, joyas o algún otro producto, ya que el "lavador" de dinero optaría por no dar su información.
Esto disminuiría el movimiento de dinero relacionado con las actividades criminales, lo que si bien es muy difícil de cuantificar, tendría sin duda un costo asociado que se reflejaría negativamente sobre el PIB.
El segundo se estima multiplicando la probabilidad de que dichas medidas detecten las operaciones realmente ilícitas, por el valor de las mismas, así como que les permita identificar y capturar a los delincuentes y desmantelar redes criminales.
Si ese fuera el resultado final, quizá compensaría los costos enormes de tanta vigilancia sobre los ciudadanos, pero muy probablemente no será así. El tiempo mostrará la inefectividad de estas medidas, así como que el costo que pagará la sociedad por su aplicación superará los beneficios que en la práctica se derivarán de ellas.
En dicho contexto, considero que nuestras autoridades tienen la obligación moral de mostrar a la ciudadanía cómo mide y a cuánto ascienden los beneficios de la LLD y derogarla si, como espero, sean muy inferiores a sus costos.
