Voceros y funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto nos han dicho una y mil veces desde el 1 de diciembre de 2012 que la novedad en materia de seguridad es la coordinación. Una relación de respeto y de colaboración entre autoridades estatales y federales y entre las diferentes dependencias del gobierno central en materia de seguridad. Que con eso iba a bastar. Pero si así hubiera sido, las reuniones regionales de seguridad que encabeza Osorio Chong con la presencia de los gobernadores y del gabinete de seguridad habrían dado resultados más palpables. Sin embargo, las cifras dadas a conocer por el Sistema Nacional de Seguridad Pública la semana pasada indican lo contrario. La tendencia que se aprecia desde fines de 2011 continúa, una disminución muy paulatina de los homicidios dolosos, sin ninguna inflexión significativa que se pueda atribuir a una nueva estrategia.
Y nadie pone en duda que las relaciones entre los políticos son menos ásperas. El presidente, es un hecho, no se la pasa echándoles la culpa a los gobernadores por su indolencia y falta de resultados. Ya no oímos a ningún funcionario federal señalar con un dedo flamígero a los estados donde aún no se termina de pasar los exámenes de control y confianza. Tampoco han trascendido diferencias entre los titulares de las fuerzas federales como solía ocurrir con mucha frecuencia en el gobierno anterior. Todo indica que la relación entre los titulares de la Marina, el almirante Vidal Soberón, el de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, y el encargado de la Policía Federal, Monte Alejandro Rubido, son buenas. Y el que ya parecía tradicional, el pique entre, los entonces, secretarios de seguridad pública y los procuradores, no se ha repetido. Qué bueno. Dicho esto, el buen ambiente entre instancias federales y estatales, y entre los secretarios del gabinete de seguridad no ha resultado suficiente para darle a las cifras de homicidios una inflexión significativa.
La verdadera gran diferencia en la estrategia de seguridad respecto al pasado inmediato, es la intervención por parte de la federación de los Estados más conflictivos. En estos últimos meses, el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha hecho cargo de manera directa de la seguridad, y en buena parte, del gobierno de tres Estados de la Republica.
Empezó con Michoacán. La primera quincena de enero y ante lo que parecía un inminente enfrentamiento entre grupos de civiles armados, el gobierno de Peña Nieto nombró a un Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral, al que le otorgó poderes considerables. Éste a su vez eligió al nuevo secretario de seguridad pública y al procurador de Michoacán. Para cualquier efecto práctico la sede del gobierno se trasladó de Casa de Gobierno a un hotel del centro de la ciudad de Morelia donde llegaron a despachar los nuevos funcionarios.
La experiencia causó buena impresión y se juzgó exitosa. No sólo se evitó el temido derramamiento de sangre sino que en pocos meses se desarticuló al poderoso grupo de los "Caballeros Templarios" que llevaba años asolando la región. Pero, y quizá esto es lo más importante, la acumulación de evidencia en cuanto a la complicidad de los gobiernos municipales y estatal, al más alto nivel, con la delincuencia organizada, confirmó que no se hubiera podido avanzar en Michoacán sin la intervención. El video donde se ve a Jesús Reyna, secretario de gobierno, recibiendo indicaciones de Servando Gómez, "La Tuta", no dejó lugar a dudas. No cabía esperar, en esas circunstancias, que el gobierno estatal encabezado por Fausto Vallejo hubiera podido, quizá tampoco querido, acabar con "Los Caballeros Templarios".
Ante el recrudecimiento, a inicio de año, de la violencia en Tamaulipas, el gobierno federal optó nuevamente por la intervención. No se nombró comisionado, ni se han sustituido a las autoridades locales, pero se dividió al Estado en cuatro zonas geográficas que quedaron bajo el mando de funcionarios federales.
Por último, el Estado de México, dónde lo único que queda del gobierno de Eruviel Ávila de hace dos meses es prácticamente Eruviel Ávila. Ahí la intervención consistió en el nombramiento, impulsado, por no decir impuesto, desde el gobierno central, de nuevos titulares en: seguridad ciudadana, secretaría de gobierno, procuración de justicia, desarrollo social y el secretario técnico del gabinete.
Habrá que evaluar en unos meses estas intervenciones. Por lo pronto, tienen la virtud de la claridad en cuanto a la responsabilidad, si funcionan será gracias al Presidente y a su equipo y si fracasan igual. No es un modelo aplicable en todas partes; sólo ahí donde gobiernan los priistas. Resulta inimaginable que un gobernador panista o perredista se vaya a dejar arrebatar el gobierno de su estado. O habrá que esperar. Formalmente es una anormalidad. En el caso de Michoacán, se cubrieron las formas haciendo firmar a Fausto Vallejo un documento en el que solicitaba la intervención federal, pero lo cierto es que descansa en relaciones de poder de facto y no de derecho: Es porque pueden que lo hacen y no porque cuenten con las facultades legales para hacerlo.
Es una estrategia, que como ningún otra, se juzgará por sus resultados, si tiene éxito será considerada una genialidad, si falla, un grave atentado contra las instituciones y el federalismo.
Por lo pronto es la verdadera novedad.
