Reuniones. La Conago ha sido un foro importante para que los estados obtengan beneficios.
Las participaciones federales pagadas a las 32 entidades del país crecieron en un 14 por ciento durante el primer semestre de 2014, en comparación con el mismo período del año pasado.
De acuerdo con el informe enviado por la Secretaría de Hacienda a la Comisión Permanente, la bolsa de recursos pasó de 266 mil 284.6 millones de pesos a 303 mil 480.4 millones de pesos.
En el reporte se detalla que el Fondo de Fiscalización fue el que registró el mayor incremento, al pasar de 12 mil 718.8 millones a 16 mil 617.2 millones.
Este fondo se integra con el 1.25 por ciento de la Recaudación Federal Participable y es una especie de reconocimiento a las entidades por cumplimiento en materia de fiscalización.
El Fondo General de Participaciones aumentó en un 14.67 por ciento, mientras que el Fondo de Fomento Municipal registró un crecimiento del 14.7 por ciento.
El porcentaje de la Recaudación que se distribuye entre las entidades creció en un 14.25 por ciento, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por gasolinas aumentó en 4.17 por ciento.
Otros fondos como el de la Tenencia registraron caídas, de 43 por ciento; el Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo, de 4.66 por ciento; el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, 3.7 por ciento; Incentivos Económicos, 3.3 por ciento, y el Impuesto sobre Vehículos Nuevos (ISAN), 2.2 por ciento.
De acuerdo con expertos, si bien de primera mano la noticia es positiva, lo cierto es que tras el análisis se revela que este aumento en los ingresos estatales no se ven reflejados en la vida cotidiana de sus poblaciones.
Los reportes de Hacienda al Congreso revelan que el aumento en las participaciones no ha sido directamente proporcional al gasto público o a la realizaci→ ón de obra pública o programas sociales.
Por otro lado, cabe recordar que varios centros de investigación, entre ellos el Centro de Investigación Económica (CIDE) ha expresado su preocupación por el uso casi exclusivo de los recursos públicos federales para pagar deudas de los estados.
Deudas contraídas en los últimos años para solventar procesos electorales o realizar obra pública de emergencia, carente de planeación y viabilidad.
