El Departamento de Estado anunció ayer miércoles que impondrá nuevas restricciones de viaje a los funcionarios gubernamentales venezolanos que quieran viajar a Estados Unidos, y que han sido acusados de violar derechos humanos durante las protestas que sucedieron en la nación sudamericana a comienzos de año.
La vocera Marie Harf dijo en un comunicado que esta medida "subraya nuestro compromiso para que los individuos que violan derechos humanos sean responsables y rindan cuentas por sus actos".
Agregó que el gobierno de Caracas respondió con "detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza" a las protestas callejeras que dejaron 43 muertes en varias ciudades del país, según las cifras del gobierno venezolano.
Harf dijo que no identificará públicamente a las personas afectadas con la medida, aduciendo normas legales relacionadas con el respeto a la privacidad.
La medida afecta a unos 24 jerarcas venezolanos, incluyendo a integrantes del gabinete, funcionarios judiciales y comandantes policiales y militares, dijo un empleado del Congreso que solicitó el anonimato porque no está autorizado a conversar con periodistas.
Desde Caracas, el canciller Elías Jaua dijo ayer que las autoridades venezolanas no han recibido hasta el momento ninguna notificación oficial de la medida del Departamento de Estado, e indicó que "la esperaremos y evaluaremos".
