Sin dar mayor importancia a la indignación de los republicanos, el presidente Barack Obama anunció ayer una amplia gama de medidas ejecutivas de largo alcance en materia migratoria que evitarán la deportación de casi 5 millones de personas que viven de manera ilegal en Estados Unidos y que enfocarán los esfuerzos en "delincuentes, no en las familias".
Las medidas, que benefician mayormente a padres de familia y jóvenes, representan los cambios más grandes a las leyes de inmigración del país en casi tres décadas y preparan el terreno para un áspero roce con los republicanos.
Obama defendió la legalidad de sus acciones y retó a los legisladores republicanos a enfocar su energía no en bloquear sus acciones sino en aprobar la iniciativa de ley que ha estado estancada.
"A aquellos miembros del Congreso que ponen en duda mi autoridad para hacer que nuestro sistema de inmigración funcione mejor, o que cuestionan mi prudencia para actuar donde el Congreso no lo ha hecho, les tengo una respuesta: aprueben una ley", dijo.
